La Junta prepara cambios en pruebas de oposiciones y la reconversión de su plantilla

«Es una reconstrucción de la Función Pública». Así define Ángel Ibáñez, consejero de la Presidencia, departamento que gestiona los recursos humanos, el proceso que tiene por delante. Los responsables de Función Pública preparan, además, cambios inminentes en los exámenes de las próximas oposiciones. Serán descentralizados para evitar aglomeraciones y habrá cambios en las pruebas prácticas. La intención es jubilar el clásico examen sobre competencias digitales en manejo de programas como word o excel, porque se entiende que es algo que el trabajador público debe dominar al ser «cosas que van de suyo», afirma el consejero.

El rosario de reveses judiciales cosechado por el intento de reforma de la última etapa de Juan Vicente Herrera, con la anulación por varias sentencias de las dos herramientas que sustentan el armazón de la plantilla, el catálogo de puestos tipo y las relaciones de puestos de trabajo (RPT) de las consejerías, construidas sobre los mimbres del anterior, y del concurso de traslados que se diseñó con los dos instrumentos mencionados, ha devuelto el proyecto casi a la casilla de salida.

«Es una oportunidad que podemos aprovechar para hacer algo duradero en el tiempo y evitar la litigiosidad, adecuar los puestos a las necesidades reales, ver qué perfiles es necesario incorporar y también los que pueden haber quedado desfasados», remarca Ibáñez. La modernización de la plantilla requiere negociación y un análisis puesto a puesto en una plantilla «de una singularidad brutal». Hay alrededor de 40.000 sanitarios y 35.600 docentes a los que se suman otros 25.000 empleados públicos de lo que se conoce como la Administración General, que se reparten por más de 185 tipologías de puestos de trabajo con funciones variadas.

Las categorías más populosas dentro de esa Administración General son los administrativos y auxiliares, que suman casi 5.100 efectivos; el cuerpo de gestión (superior y técnico, con 1.900; más de 1.100 veterinarios; alrededor de 1.200 auxilia res de enfermería en los centros de servicios sociales o 750 agentes medioambientales, a los que se añaden 125 celadores y casi 400 escuchas de incendios. Hay asistentes sociales, ingenieros, médicos, arqueólogos, letrados bibliotecarios, psicólogos e inspectores de consumo, pero también logopedas, cocineros, conductores, almaceneros y tractoristas, entre otras decenas de puestos, en una plantilla en la que más de 180 técnicos de soporte informático comparten dimensión laboral con cuatro supervivientes de la protohistoria digital que lograron una plaza como operadores de consola y de ordenador.

En la parte más modesta de las escalas laborales hay 4.600 empleados públicos en puestos de personal de servicios, subalterno y no cualificado.

Esa es, a grandes rasgos, la plantilla que gestionan los responsables de Función Pública y a la que se pretende infundir el ánimo modernizador. Lo primero que abordarán es el análisis de nuevos perfiles que requieren las necesidades del momento y también aquellos que pueden estar más desfasados en la plantilla autonómica. El puesto de auxiliar administrativo cumple en ella funciones muy básicas, casi del mecanógrafo de hace dos o tres décadas. «Lo lógico es ir hacia una unificación con el de administrativo», apunta el consejero. «Desde la negociación», reitera.

La Junta ha contratado a una empresa para que elabore ese análisis, con «descripción, clasificación y valoración de los puestos de trabajo propuestos por las consejerías afectadas» para abordar la futura reorganización del personal. Esa externalización genera suspicacias entre los representantes de los trabajadores.

Mariano Prieto, presidente del sector autonómico de CSIF, define la plantilla como endogámica, obsoleta y descompensada. El dirigente de esta organización es muy crítico con la situación de una estructura que «de moderna no tiene nada». Asegura Prieto que los cuatro años de la legislatura anterior fueron un tiempo perdido, pero que ya venían de una larga temporada en la que las relaciones de puestos no se han adaptado a las nuevas necesidades: «Falta un diagnóstico claro, un tercio de las plazas están vacantes y hay una temporalidad elevadísima».

Desde CC OO recuerdan que llevan años reivindicando un refuerzo en formación que avance hacia la 'profesionalización' de los miembros de los tribunales de oposiciones para garantizar a los aspirantes procesos de selección ecuánimes. «Partimos de una situación desastrosa», precisa Juan Carlos Hernández, responsable del área de funcionarios del sector autonómico de CC OO. Sobre la estructura de la plantilla, asegura que hay consejerías en las que lleva 20 años sin tocarse y que es necesario adaptarla a las necesidades reales del servicio.

«El asunto trae mucha cola». Desde UGT, Tomás Pérez Urueña, lamenta que se tire a la basura la parte que se podría aprovechar de la negociación de las relaciones de puestos de trabajo de la anterior etapa y recuerda que las propuestas para mejorar el desarrollo de las convocatorias de empleo público han sido constantes. «Hay trabajadores que llevan 20 años de interinos y a los que hay que dar una salida», señala Pérez Urueña. Sobre posibles nuevas medidas, demanda propuestas para negociar sobre la mesa y no «globos sonda».

Ibáñez explica que los altos niveles de temporalidad y la avalancha de jubilaciones que se avecinan (9.400 en ocho años en la Administración General, sin contar docentes ni personal de Sacyl) deben servir para «poder incorporar talento, en puestos específicos para titulados superiores que puedan ver en la función pública una salida laboral. El consejero reconoce que a lo mejor son trabajos con menos perspectivas económicas, pero con más seguridad y medidas de conciliación, algo que puede ser valorado por muchas personas».

La Junta acomete la reforma de la Ley de Función Pública y desgaja de esa normativa una Ley de Cuerpos y Escalas en la que reflejará las titulaciones actuales.Tiene a la vista la negociación del convenio colectivo del personal laboral y ese rediseño de las Relaciones de Puestos de Trabajo, los 'esqueletos' de las plantillas. Está lista la de la Consejería de Transparencia, de nuevo cuño esta legislatura, y la previsión es actualizar el resto a lo largo de 2021, tras negociar ese instrumento de organización de personal con los representantes de los empleados públicos.

En paralelo, el Gobierno autonómico deberá tener reformado el decreto por el que regula el teletrabajo entre su personal en alrededor de cinco meses. Ibáñez reconoce que antes de la pandemia, esta modalidad se movía en el terreno de lo anecdótico después de diez años en los que Castilla y León la implantó como algo pionero. Ibáñez defiende el papel que puede tener para cubrir puestos en la periferia y la ultraperiferia.

La Junta convocó después del verano varios procesos de selección de personal con plazas cualificadas: ingenieros superiores y técnicos de minas, ingenieros de caminos, canales y puertos, médicos de trabajo, enfermeros de empresas y profesionales de gestión administrativa y económica en sus escalas superiores. En su desarrollo se empezarán a notar los cambios en la forma de examinar, en el franqueo de esa puerta de acceso a la administración como modo de vida. El sueño de seguridad laboral en el imaginario colectivo.