Castilla y León
La Junta se plantea que los ayuntamientos puedan poner límites a los pisos turísticos
La Junta, a través de la Dirección General de Turismo, trabaja desde hace meses en la actualización de la norma que marca las obligaciones y requisitos para las viviendas de uso turístico y para los apartamentos, ahora bajo dos decretos que datan de los ... años 2017 y 2015, respectivamente, cuando esta fórmula de alojamiento aún era incipiente en la comunidad. El titular del departamento autonómico, Ángel González Pieras, coincide en que la capital vallisoletana no presenta, a día de hoy, ningún problema de sobredimensionamiento, como sí ocurre en otras ciudades españolas sometidas a gran presión. Es el caso de Málaga, que con 586.000 habitantes cuenta con 12.099 viviendas turísticas y 267 bloques de apartamentos, según los datos que aporta.
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Tampoco en el resto de capitales de la comunidad esta alternativa supone situaciones de tensión, pese a que en Salamanca haya registradas 443 viviendas y 73 bloques, la ciudad de Castilla y León con más oferta de este tipo. «En este tema hay más tensión en las localidades de menos de 3.000 habitantes que en las capitalinas», señala Ángel González Pieras. Y ese es un aspecto que se trabajará en la futura ordenación.
«Nuestra prioridad es, por un lado, luchar contra los que ejercen la actividad de manera fraudulenta y clarificar mucho los conceptos y las exigencias para que no haya un agravio comparativo entre lo que se les exige los pisos turísticos y a otro tipo de alojamientos respecto a dimensiones, capacidad, servicios o quién ejerce la actividad, que la tiene que desarrollar un profesional dado de alta desde el punto de vista laboral y fiscal», avanza el director general.
En el caso de las viviendas de uso turístico, un modelo ya muy limitado por el PGOU de Valladolid, la Junta obligará a que se dediquen a esta actividad de forma completa y habitual. La idea de la Junta es, además, dar protagonismo en el caso de estos pisos que dan servicio en edificios residenciales ordinarios a las comunidades de propietarios. Así, se quiere exigir que cuenten con una mayoría cualificada de estas para poder implantarse o que esa posibilidad esté reconocida en los estatutos, una autorización que se les requerirá a los promotores de estos alojamientos.
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Otro de los planteamientos es otorgar más margen a los ayuntamientos para que puedan limitar, a través sus Planes de Ordenación, su expansión en determinadas zonas si se considera que hay una saturación. «Lo que tenemos que hacer inexorablemente es ir contra los clandestinos, porque no podemos meter a todos en el mismo saco, y poner en marcha una regulación que equipare las exigencias de este tipo de alojamientos con otros», recalca el responsable autonómico, quien destaca que en el caso de los bloques de apartamentos «en muchos casos están contribuyendo a la recuperación del patrimonio arquitectónico urbano» de edificios vacantes en zonas céntricas de los municipios.
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