La Junta de Personal de las Cortes no ve acoso laboral del letrado mayor a una funcionaria

El órgano que representa a los trabajadores del Parlamento ha emitido un informe, a petición de la Mesa de las Cortes, en el que expone que «no tiene conocimiento de ninguna actuación, referida al personal de la Cámara, constitutiva de acoso laboral» y añade que «los hechos relatados» por la denunciante, «a juicio de la Junta de Personal, no pueden entenderse constitutivos de tal delito».

El informe, fechado este martes 19 de noviembre pasado, aborda a lo largo de 44 páginas una cronología que se remonta en el calendario a la etapa en la que la denunciante fue sustituida en la jefatura que ocupaba mediante una «adscripción provisional» de otro compañero. Eso ocurrió en mayo de 2022 y se utilizó el mismo sistema, resaltan desde la Junta de Personal, por el que ella había asumido esa responsabilidad años atrás.

Pilar Vaca argumenta en su denuncia que desde entonces se le ha sometido por el secretario general de la Cortes a actuaciones orientadas a promover su aislamiento laboral, que han motivado una baja laboral psicológica. Esta denuncia ha llevado al procurador Francisco Igea a pedir formalmente la suspensión del letrado mayor mientras se investiga judicialmente. «Al Secretario General-Letrado Mayor se le nombra o se le cesa, pero parece no tener sentido que se le suspenda», inciden desde la Junta de Personal.

Los responsables de este órgano interno de las Cortes, elegido por la plantilla de la institución, desglosan en el informe comunicaciones laborales de la denunciante en las que remarcan que «nunca nos ha comunicado ni referido en sus escritos episodios de desavenencias, conflictos de carácter interpersonal o situaciones tensas en el ambiente de trabajo que constituyan un patrón repetido de abuso». Recuerdan que cuando ella llegó a la jefatura de Gestión Administrativa, por el mismo procedimiento que el aplicado en su caso se cesó al compañero que desempeñaba esa función, «siendo impensable que nadie interpretara ese hecho, en aquel momento, como un supuesto acoso laboral». Entienden que ese reemplazo se produce en un contexto de «falta de confianza», algo habitual con el cambio en los órganos de gobierno del Parlamento y el relevo en el cargo del letrado mayor, que «no puede reconducirse a tipo penal alguno».

Desde la Junta de Personal señalan que en una institución con «una plantilla tan pequeña» el encargo de tareas urgentes en periodo de vacaciones o fines de semana, como denuncia la funcionaria para fundamentar el acoso, «no es un hecho aislado, ni con el actual secretario general ni con los anteriores... nunca nadie lo ha considerado acoso laboral ni ha desempeñado esas tareas por temor a represalias, sino más bien por responsabilidad institucional».

El informe considera «llamativo» que la denunciante afirme ser víctima de acoso labora por parte del letrado mayor y apunta que en las «relaciones existentes entre ambos y perceptibles por el personal en el marco laboral de la institución» no se ha manifestado nunca a la Junta de personal «ser testigo de actos hostiles o humillantes». Recogen que «más bien al contrario», el actual letrado mayor informó favorablemente sobre la compatibilidad que solicitó la denunciante para dar clase en la universidad y que esta se benefició de una adaptación de horario en las Cortes para poder desarrollar esa actividad docente.

«Esta Junta de Personal no ha encontrado evidencias que permitan afirmar que doña Pilar Vaca Rodríguez ha sido sometida a acoso laboral en las Cortes de Castilla y León conforme a la legislación vigente», subraya el escrito firmado por José Carlos Álvarez y Reyes Cubas, el presidente y la secretaria de ese órgano.

El Informe fue registrado este martes por la tarde y lo realiza el órgano de representación laboral tras una petición de la Mesa de las Cortes acordada días antes el 15 de noviembre, después de que trascendiera informativamente la denuncia contra el letrado mayor y su citación ante el juzgado en calidad de investigado. En el escrito expresan que una denuncia por un supuesto acoso laboral es un hecho «de especial gravedad» y que exige la «mayor de las cautelas» en su abordaje puesto que afecta «no solo a la denunciante, sino también al destinatario de la denuncia y al clima laboral en toda la institución».