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La Junta de Castilla y León ha abonado a la empresa concesionaria del Hospital de Burgos 400,13 millones de euros en concepto de canon entre los años 2013 y 2017. Así lo recoge el informe que acaba de publicar el Consejo de Cuentas ... de Castilla y León, en el que analiza el gasto en servicios no sanitarios de los cinco grandes hospitales de la comunidad, el de Burgos, León, Salamanca y los dos de Valladolid: el Río Hortega y el Hospital Clínico. Una media de 80 euros millones de anuales, en ese quinquenio, para una concesión que tiene una vida de 30 años.
El del Hospital de Burgos es el contrato de mayor envergadura que ha gestionado la Junta de Castilla y León. Se adjudicó en febrero de 2006 e incluía la edificación, equipamiento y gestión de 14 servicios durante 30 años. El montante al final de la vida de la concesión (sumando el canon anual) era de 1.010 millones de euros. Cuando llegaron los pacientes, a los 5 años y medio, habían sobrevenido modificados y la factura sumaba 1.667 millones de euros.
Los técnicos del órgano encargado de vigilar el correcto empleo de los recursos públicos por parte de las administraciones de la comunidad y la limpieza de las contrataciones de servicios, suministros y personal reflejan en su informe que pueden comparar los costes de gestión de esos servicios no sanitarios (lavandería y lencería, limpieza, seguridad, suministros de electricidad y gas...) entre los cuatro centros que Sacyl gestiona directamente, pero es imposible incorporar a esa comparativa al Hospital de Burgos, al tratarse de servicios que presta la sociedad concesionaria que construyó y equipo el centro y a la que la Junta retribuye con un canon general, sin que se aporten datos concretos a la contabilidad autonómica sobre los mismos.
El contrato de la concesión del Hospital de Burgos, con una duración de 30 años, incluyó la construcción del edificio, la dotación del equipo necesario, la explotación de la obra mediante su puesta a disposición de la administración para que se pudiera desarrollar, con total garantía, la actividad asistencial médico-sanitaria, docente y de investigación, las actuaciones de conservación, mantenimiento, adecuación, reforma, modernización, reposición y gran reparación de todas las edificaciones, y por último el mantenimiento, la actualización y la reposición de todo el equipamiento, además de la gestión de varios servicios considerados no sanitarios.
Ese contrato centró una comisión de investigación en las Cortes de Castilla y León la pasada legislatura, que concluyó con una denuncia ante la Fiscalía del representante de Cs en ese órgano, Manuel Mitadiel, hoy gerente regional de Salud, por entender que hubo sobrecostes indebidos y que no prosperó. Abordar la posibilidad de revertir la concesión del hospital burgalés es uno de los puntos que Cs incluyó en el acuerdo de gobierno autonómico que firmó con el PP.
El Hospital Universitario de Burgos (HUBU) es centro de referencia para pacientes de asignados a otros hospitales intermedios, como son el de Soria, el Santiago Apóstol mirandés o el arandido Santos Reyes, además de ser centro de referencia nacional en reimplantes y 'mano catastrófica'.
El informe recién publicado por el Consejo de Cuentas refleja que «de la retribución abonada mensualmente por la Gerencia Regional de Salud al contratista, compuesto por tres componentes (por el uso de la infraestructura, por el aprovechamiento económico de las obras accesorias o vinculadas y por los ingresos procedentes de la explotación de las zonas comerciales), no es posible obtener los gastos de funcionamiento no sanitarios del Hospital de Burgos». En el documento se explica que «es así porque según se desprende de los pliegos de prescripciones técnicas generales, y en los especiales referidos al régimen de explotación de las obras accesorias y determinadas actividades, la retribución de los principales servicios o suministros han sido determinadas con base en tarifas que tienen en cuenta no solo el coste que soporta el concesionario por la producción o contratación del mismo, sino también prestaciones tales como los servicios de gestión patrimonial, limpieza e higienización, mantenimiento de edificios, instalaciones, maquinaria, equipamiento, seguridad y vigilancia, jardinería y urbanización».
La sociedad que gestiona la concesión del HUBU, Eficanza, está participada por Santander Infraestructuras F.C.R (17,64%), Obrascón Huarte Lain (20,75%), Concessia, Cartera de Gestión de Infraestructuras (22,82%), Unicaja Banco (6,22%), Grupo Isolux Corsan (5,19%), Urbanizaciones Burgalesas (20,75%), según figura en la portal web de la sociedad. Tambíen está Grupo Norte Agrupación Empresarial de Servicios (6,63%), firma que ha desaparecido recientemente tras no superar un concurso de acreedores.
La sociedad está domiciliada en el mismo hospital y ha mantenido con la Consejería de Sanidad una importante actividad litigiosa desde la apertura del hospital por discrepancias en la facturación y sobre la reposición del equipamiento médico avanzado y la incorporación de nuevas tecnologías que han surgido en este periodo.
Las actividades que desarrolla Eficanza y que se retribuyen en el canon que abona la Junta son: la central de energía, la central de gases medicinales, el centro de las comunicaciones y tecnologías de la información, el centro de abastecimiento y tratamiento de agua, el área de restauración, cafetería y comedor, el centro de gestión de material textil, el central de esterilización, la logística, los aparcamientos, la limpieza e higienización, la vigilancia y seguridad, la jardinería y urbanización y el mantenimiento integral de edificios, instalaciones y equipamiento.
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