Castilla y León

La Junta mantiene el Serla con la financiación al 50% y pide al Gobierno que aporte

Por la tarde se pronunciaba de un modo similar su homólogo de Comisiones Obreras, Fernando Fraile: «[Esa aportación] no garantiza la suficiencia económica y por lo tanto el funcionamiento del Serla y se impide la prestación de un servicio de interés general».

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La primera respuesta de la Junta de Castilla y León llegó en el Consejo de Gobierno, a mediodía, tras la comparecencia del sindicato UGT. El portavoz, Carlos Fernández Carriedo, asumió las tesis expresadas desde la Consejería de Industria y Empleo de Mariano Veganzones (Vox) sobre el modo en que se financia este servicio. «Es cierto que no existe obligación legal para que la Junta financie el Serla, lo que no impide que lo hagamos. Nuestro deseo es seguir haciéndolo», repitió en múltiples ocasiones el encargado de confeccionar las cuentas públicas de la comunidad autónoma. Y dejó en el aire la responsabilidad de «otras administraciones» en la financiación de este servicio. Es decir, en manos del Gobierno central. «Vale con que el Gobierno aporte las cantidades que considere oportuno, si es que quiere, porque la única administración pública que lo hace somos nosotros, sin tener obligación de hacerlo», reiteró.

En Valladolid se media, a través del Serla, en conflictos colectivos, pero también en conflictos individuales. Es la única provincia de Castilla y León, porque en todas las demás las Oficinas Territoriales de Trabajo (de la Junta) se encargan de la mediación en los asuntos colectivos. «En 2023 en Valladolid se trataron 5.000 conflictos individuales, año récord», aseguró Santa Eufemia. Y considera que difícilmente podría la Oficina de la Junta asumir ese volumen de trabajo. En consecuencia, esos casos acabarán en los juzgados. «En lugar de resolver en 15 días iremos a varios meses. Existe una Oficina Territorial de Trabajo en Valladolid, pero allí no se hace mediación, el ciudadano entra con un DNI, si hay avenencia o no, en dos minutos sale por la puerta y se acabó. Con nuestros compañeros están media hora, una hora, se produce un debate más cercano y se intenta llegar a un acuerdo. El funcionario no tiene tiempo ni cargo para poder hacer esa mediación. Esto encarecerá el coste de la parte jurídica y saturará el servicio jurídico», advierte el de UGT.

«La parte de Vox nos dice que ellos dotan de 400.000 euros porque solo atienden conflictos colectivos. Que los individuales no es su acuerdo porque ese acuerdo lo firmó Juan Vicente Herrera. Si tengo una hipoteca con el banco de debajo de mi casa, no porque el banco cambie de director digo que dejo de pagarla», insistió Raúl Santa Eufemia.

Como remiendo económico para lo que es una situación de quiebra técnica, la Junta aportó 40.000 euros para pagar las nóminas y pagas extra de los empleados en diciembre. Se ha ingresado en la primera semana del mes de enero. Carlos Fernández Carriedo, además de proponer que el Gobierno ponga dinero, recomendó un plan de ahorro para el Serla. Empezando por el alquiler de la sede, que se ha tenido que renegociar en el último año tras haber devuelto algún recibo. «Hemos ofrecido instalaciones para la ubicación del Serla y que deje de pagar alquileres y sería con una cesión a coste cero y supondría un importante ahorro», explicaba Carriedo. «Eso no es real», replica Santa Eufemia. Asegura que la sede que les ofrecen no reúne las condiciones para desempeñar su trabajo porque, entre otras cosas, obligaría a cerrar a una determinada hora cuando a veces «las negociaciones se prolongan» fuera del horario de oficina de cualquier edificio administrativo. En arrendamientos y cánones, el Serla abonó en torno a 56.000 euros en el año 2021. Comisiones Obreras reclamó que se financie de modo «suficiente» y «sin condiciones» para poder «cubrir todos los gastos, enjugar el déficit, para garantizar la prestación del servicio y el funcionamiento en el ámbito competencial del Serla».