La semana que viene, en Valladolid, la Agencia Estatal de Meteorología prevé mínimas de -7º y máximas de 3º. En Burgos, algo similar. Y en León. En las capitales, en todo caso, que en las zonas de la montaña palentina o de El Bierzo el ... panorama siempre puede complicarse. Algunas comunidades han aunado el temor al frío que trae Filomena con el miedo a que el efecto navideño del coronavirus haga estragos en el regreso a las aulas. Y es que hay que ventilar cada poco tiempo las clases y eso, con temperaturas próximas a los 0º, es complicado. Extremadura ha retrasado la vuelta a las aulas, igual que había hecho ya Aragón.
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Castilla y León, sin embargo, mantiene el plan previsto para el retorno a la actividad educativa, siempre presencial.
El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, anunció este viernes que había ordenado encender la calefacción de los colegios públicos de Infantil y Primaria -cuyo mantenimiento depende del Ayuntamiento- para que el lunes, en la incorporación de los alumnos, comiencen la jornada con una temperatura adecuada.
La necesidad de ventilar bien los espacios comunes, sobre todo las aulas, obligará a vivir escenas poco usuales en los centros educativos de la comunidad, con los abrigos y los jerséis como mejores aliados de estudiantes y profesores. No llegarán a tiempo para esta primera ola de frío del año los medidores de CO2 que el comité de expertos recomendó para vigilar las clases. Estos aparatos permiten saber cuándo se está respirando aire 'viciado' dentro del aula. A partir de un determinado nivel, hay que renovar el aire de la habitación, abrir las ventanas y, de ese modo, evitar los contagios de covid-19 por aerosoles.
Alfonso Fernández Mañueco prometió que la Consejería de Educación se pondría de inmediato a la compra de esos medidores. Y así ha sido, aunque no será sencillo. Para empezar, hay que adquirir aparatos para 16.500 aulas, aunque primero habrá que hacer un diagnóstico preciso para saber cuántos se necesitan, puesto que algunos centros, por su cuenta, ya los han comprado. Fuentes de la Consejería señalaron que esperan saber la próxima semana qué necesidades reales tienen.
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A partir de ahí tendrán que autorizar la compra de los medidores con un contrato de emergencia. De no hacerlo así, los plazos se dispararían y los aparatos no tendrían ningún sentido. Una compra que supere los 18.000 euros debe tramitarse, en principio, por un procedimiento de licitación que puede demorarse entre 3 y 4 meses. Por eso durante la pandemia se ha generalizado el contrato de emergencia para poder hacxer frente a la compra urgente de suministros, especialmente de mascarillas y equipos de protección individual en la primera ola, cuando había escasez de estos materiales.
La Consejería de Educación, que es la correrá con los gastos en este caso, ya lo ha utilizado para adquirir, por ejemplo, test de detección.
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