La Junta mantiene el plan de modificar el Diálogo Social pese al apoyo casi unánime de las Cortes al organismo

Lo que ocurre es que a ninguno de los grupos parlamentarios le interesaba que la proposición quedara en nada y eso obligó a una negociación que se extendió casi hasta el mismo momento en que comenzó a intervenir el secretario autonómico del PSOE. Solo Vox acabó votando en contra. «Es un día agridulce porque 'in extremis', seis minutos antes de que pudiera hacer mi alocución, hemos podido llegar a un acuerdo», explicó Pablo Fernández (Podemos), que de hecho arremetió después contra el discurso del popular José Alberto Castro porque, por su dureza, entendió que «lo traía escrito desde casa y no se ha dado cuenta de que se ha llegado a un acuerdo».

Así que Tudanca defendió una proposición que nacía con cinco puntos y se aprobaba con tres, dejando fuera los dos que los propios proponentes sabían que iban a ser más problemáticos. El segundo, que pedía «renunciar a anunciadas propuestas de modificación y disolución del vigente modelo», y el quinto, que establecía que «cualquier modificación en el Diálogo Social deberá mantener el consenso político y social que presidió el acuerdo estatutario y su desarrollo legislativo».

Ciudadanos peleó para eliminar esos dos puntos y dejar la proposición en tres. El PSOE, Podemos y UPL se contentaron con la redacción del primero, especialmente, que hacía referencia al modelo «tripartito» y a su configuración habitual desde su fundación. «Continuar reconociendo la trayectoria del Diálogo Social en Castilla y León, su marco jurídico actual y el acierto de su práctica institucional, configurados en un diálogo tripartito entre las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y la Junta de Castilla y León», quedó por escrito.

Este punto, como los otros dos aprobados, daban lugar a suficientes interpretaciones como para que en breve esté servida otra discrepancia.

Así, mientras UGT, CCOO y Cecale sacaban un comunicado congratulándose por el «respaldo indiscutible de las Cortes de Castilla y León al actual modelo del Diálogo Social», la Consejería de Empleo seguía adelante con sus planes de introducir «nuevos actores» en ese modelo. Consideran que el texto aprobado no tiene más aplicación que refrendar el éxito de un organismo que ha permitido mantener la paz social, pero no influye en los planes que mantiene la Consejería para actualizarlo.

Ana Carlota Amigo presentará su propuesta de creación de comisiones especializadas en la Comisión Permanente del Diálogo Social, que según recoge la normativa debería aprobarlo por unanimidad para después elevarlo al Consejo del Diálogo Social. Estas comisiones especializadas se contemplan desde que se fundó el Consejo del Diálogo Social, en la ley promulgada en octubre de 2008.

Y es que la ley, precisamente, recoge el carácter tripartito del Diálogo Social -«se crea el Consejo del Diálogo Social de Castilla y León como máximo órgano de encuentro y participación institucional de los Agentes Económicos y Sociales y la Junta de Castilla y León, de carácter tripartito y adscrito a la Consejería competente en materia de ejecución de la legislación laboral»- pero también contempla la «creación de las Comisiones Especializadas y de las Comisiones Negociadoras». Interpretación a la que se aferra la consejera de Empleo para mantener su idea de renovar este organismo con la participación de otras asociaciones, algunas de las cuales están integradas en Cecale pero ven con agrado poder tener una voz propia al margen de la que les ofrece la patronal.

En realidad la procuradora Inmaculada Gómez, de Ciudadanos, dejó claro que el camino iniciado por Empleo tiene difícil marcha atrás a pesar del acuerdo. «Reclaman que solo los más representativos tengan voz en un órgano creado para el diálogo. Estamos en desacuerdo. La propuesta de la Consejería no supone una amenaza ni mucho menos una disolución del actual modelo. El diseño del Diálogo Social ya prevé el establecimiento de comisiones especializadas para escuchar a otros sectores representativos de la sociedad», aclaró.

La interpretación de los proponentes, sin embargo, era diferente. Luis Tudanca se declaró «satisfecho de haber podido alcanzar un acuerdo que blinda el Diálogo Social», que a su juicio «tiene que mantenerse en los términos actuales». Y respondió a Inmaculada Gómez con rotundidad. «No nos oponemos a que haya mecanismos de participación de otros colectivos, pero no entendemos por qué han esperado 30 años, pero no en el Diálogo Social, que tiene una constitución expresa. Abran mecanismos de democracia participativa donde ustedes quieran. Lo que quieren es enfrentar a unas organizaciones con otras para debilitar el Diálogo Social», acusó.

Pablo Fernández acusó a naranjas y populares de «emplear piruetas verbales para poder alcanzar este acuerdo».

UGT, CCOO y Cecale interpretaron el apoyo unánime a la porposición no de ley como el visto bueno de las Cortes a que «solo las organizaciones más representativas de las personas trabajadoras y de los empresarios tienen cabida en un órgano que está regulado en el Estatuto de Autonomía y que viene funcionando desde 2001 con la consecución de decenas de acuerdos».