La Junta licitará el estudio que Vox impulsa para reabrir Garoña, pese a que Nuclenor no lo plantea

La Junta iniciará la licitación del estudio sobre la viabilidad de reabrir Garoña que impulsa directamente el vicepresidente Juan García-Gallardo, de Vox. Lo hace a través de la Consejería de Industria que gestiona esa formación, aunque las competencias de Energía dependen del consejero de Economía y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, del PP. El Ejecutivo de coalición asume la iniciativa de Vox pese a que el portavoz reconoció, tras la reunión del Consejo de Gobierno de este jueves y en respuesta a una veintena de preguntas sobre ese estudio, que no se lo ha solicitado Nuclenor, sociedad propietaria de la central formada por Iberdrola y Endesa. Ni siquiera la Junta ha contactado con esas eléctricas, puntualizó el portavoz, que además manifestó que toda la capacidad de decisión está en ese ámbito, el de los titulares de la instalación.

«La capacidad de iniciativa para proceder a reconstruir una instalación de esas características es siempre de los promotores, de los dueños, de los propietarios, de los que arriesgan su dinero. Tienen que hacer ellos las cuentas, el proyecto y su presentación ante las autoridades correspondientes para la tramitación administrativa y eso no es sustituible por parte de la administración», aseguró Fernández Carriedo. A eso añadió, que no hay ningún proyecto concreto planteado por Nuclenor sobre Garoña.

El portavoz se ha esforzado en intentar explicar que la posición de los socios de la coalición autonómica no es discordante. La Junta había remitido hace unas semanas al Gobierno una propuesta energética que defendía la prórroga de la vida útil de las plantas atómicas en funcionamiento. Ese no es el caso de Garoña, cuya actividad paró en 2012 y que inició en 2017 las tareas para su desmantelamiento. García-Gallardo defendió el miércoles, a las puertas de la central, que si hay «voluntad política», la planta burgalesa podría funcionar en 2030 instalando un nuevo reactor nuclear y aprovechando la infraestructura existente. Planteamiento que, de inicio, no comparte Nuclenor. Sus responsables han trasladado que no contemplan la reapertura de la central, al no considerar que la puesta en marcha sea viable técnicamente y tampoco económicamente, cinco años después del cese definitivo en lo que se han ejecutado desmontajes en la planta y asumiendo que las autorizaciones necesarias, los elevados costes de poner al día la infraestructura para garantizar la seguridad y los plazos serían similares a los de una autorización nueva. Todo eso convierte la empresa de reabrir Garoña en inviable, según refieren.

Carriedo esquivó entrar en el fondo de las preguntas sobre la utilidad real de ese informe y apostó a que será «un granito de arena» que va a contribuir a solucionar la grave situación de crisis energética que afrontan familias y empresas y que «anteponen» los intereses de la población a las cuestiones ideológicas, ante una situación que «obliga a aprovechar todas las oportunidades» para hacer posible una soberanía energética que permita reducir la factura de la electricidad. El portavoz no pudo precisar datos sobre cuánto costará el estudio, cuándo y cómo se realizará ni qué analizará. Añadió, en genérico, que la Junta de Castilla y León pone todas las facilidades, «una alfombra roja», a cualquier empresa con un proyecto que cree riqueza y empleo en la comunidad. En el caso de Nuclenor y Garoña, ese paso no se ha dado.

La competencia de la Junta de Castilla y León para llevar a cabo un estudio de viabilidad que habitualmente entra en la esfera de las empresas suscita dudas. El portavoz precisó que se va «a iniciar» el trámite de licitación. «El que se pueda hacer o no, como va a tener su trámite administrativo y sus informes jurídicos, pues es lo que nos va a dar mucha garantía a los ciudadanos y a los empleados públicos, que también tienen experiencia», refirió Carriedo. El informe se realizará si hacerlo es conforme a la ley y esa decisión va a estar, a tenor de lo explicado por el consejero, en los técnicos de la Junta.

Desde las filas de la oposición, PSOE, Ciudadanos y Unidas-Podemos, están convencidos de que ese estudio pagado con fondos públicos solo tiene una finalidad política: financiar la «propaganda de Vox». Patricia Gómez Urbán, viceportavoz socialista en las Cortes, ha definido la iniciativa como una «extravagancia» y su jefe de filas, Luis Tudanca, habla directamente de «desfalco» de dinero público. También Francisco Igea y Pablo Fernández comparten que habría malversación de dinero público, por lo que avanzan que irán a los tribunales. El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, les ha recomendado que se armen de argumentos de tomar ese camino porque habrá como respuesta un procedimiento penal contra los parlamentarios de la oposición por calumnias.

Con bastante claridad se ha expresado el portavoz del PP en las Cortes, Raúl de la Hoz, tras la Junta de portavoces. «Si el propietario no quiere la reapertura, caben pocos debates», remarcó para terciar en un debate que considera «absurdo».

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