La Junta estudia que los ganaderos puedan disparar al lobo para impedir los ataques

Arranz, tras participar en una visita organizada por la Comisión Europea al sudeste francés para conocer la gestión de la especie que se hace en el país vecino, manifestó que la normativa autonómica ya tenía contemplada la participación de cazadores locales o ganaderos (si son cazadores) en el Plan de Conservación y Gestión del Lobo –cuya anulación judicial va a ser recurrida por la Junta– y puntualiza que la medida que estudia su departamento y se va a plantear a las organizaciones agrarias se circunscribe exclusivamente a las explotaciones donde se han producido daños. «Es una autorización administrativa diferente, no es genérica», insiste. La justificación, expone, «es que tenemos que avanzar en otro tipo de medidas, porque la situación es insostenible por las pérdidas que ocasiona. No se trata solo de las indemnizaciones que hay que pagar, sino de que haya tranquilidad en las explotaciones y de reducir el gran estrés al que están sometidos los ganaderos, que incluso se plantean el abandono de la actividad, con lo que ello supone para el medio rural y su despoblación».

Sostiene que esta medida es «perfectamente compatible» con la normativa europea, pero que «el problema es la interpretación que hacen de ella los juzgados de Castilla y León. Las medidas que toman en Francia son exactamente las de aquí, y en Bruselas no nos han corregido ni una coma», subraya, en referencia a la medida cautelar de paralización tanto de la Orden de Caza de la Junta como del Plan de Gestión del Lobo acordada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en Valladolid.

El pasado mes de mayo, el TSJ paralizó el aprovechamiento cinegético del lobo al norte del Duero (en el sur está prohibido) para la presente la temporada 2018-2019 en aplicación de otras sentencias anteriores, como la del pasado 12 de febrero. que anulaba el Plan de Gestión del Lobo de Castilla y León al no existir un informe técnico de la evolución de la especie en la comunidad desde 2008. El tribunal aplicó la medida cautelar solicitada por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), que implica que no se podrán cobrar los 143 ejemplares de lobos que contempla la Junta por temporada como medida de control de la especie.

La anulación de la normativa de la Consejería de Medio Ambiente se basa en que «el lobo no puede ser considerado una especie cinegética porque para ello se debe demostrar que su población y distribución geográfica está garantizada, algo que no ha podido ser constatado por la Junta», sostiene Ascel. Insisten los conservacionistas en que es incierta la cifra de 2.000 ejemplares de lobo en Castilla y León que baraja la Junta «porque no hay un estudio actual y real de la población». Por el contrario, manifiestan que, en 30 años, apenas ha variado el número de manadas en toda España, de 294 a 297, de las que unas 180 estarían en Castilla y León.

Desde la Junta se critica «la maraña legal utilizada por los ecologistas para entorpecer la actividad cinegética» y se considera «poco comprensible que haya una medida cautelar que no imponga a la asociación la caución por los daños que se pudieran ocasionar y la repercusión que tiene para terceros, pues de esta paralización hay consecuencias económicas importantes». Por el momento, los servicios jurídicos de la Administración regional están preparando el recurso de casación contra esta anulación.

Las organizaciones agrarias esperan que se les convoque pronto a esa reunión por parte de la Consejería para conocer con detalle la propuesta. Donaciano Dujo, presidente regional de Asaja, se pregunta: «El ganadero que no tenga permiso de armas, ¿llama al cuñado, al amigo, al hijo?». Dujo opina que se vive una situación «absurda» debido al problema que existe con los animales salvajes, «y con el lobo en particular, que campa a sus anchas y esto es una barbaridad, no se puede sostener en el tiempo y tarde o temprano la sociedad se tendrá que enfrentar a esta situación».

Aurelio Pérez, coordinador de la Alianza UPA-COAG, pone sobre la mesa los datos de Francia: «Allí tienen 350 lobos y solo en Castilla y León hay más de 2.000, pero en Francia se ponen medidas para que haya control y aquí no se puede hacer nada de nada». Sobre la propuesta de «autodefensa» de los ganaderos, dice que «nos parece muy bien, que nos cubran de legalidad y arreglamos esto». Su percepción es que las mesas de negociación ya no son válidas. «Hemos llegado a una situación donde se han posicionado de tal manera los ecologistas que es imposible negociar nada. De lo que estamos hablando es de llegar a una convivencia en paz en base al número de ejemplares que tienen que existir, pero todo lo que quieren es que cada vez se controle menos».

Para el líder de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, la propuesta de la Consejería «no es la solución porque el lobo es un animal muy difícil de cazar y de ver». Su demanda es «poder recuperar la caza del lobo al norte del Duero, pero el problema es la normativa europea que protege excesivamente, cuando nosotros entendemos que ya no es un animal que esté en peligro de extinción». González cree que la medida «es un pasito pero no la solución, porque no todos los ganaderos tienen permiso de armas y, aunque lo tengan, no están continuamente con el ganado».