La Junta da 15 días a los geriátricos privados para que opinen antes de decidir si facilita datos de fallecidos

La información reclamada sobre la que se ofrece a los titulares de los centros residenciales privados alegar se refiere a los usuarios contagiados y los que tenían síntomas compatibles pero no se les hizo prueba y los fallecidos en cada centro y también si esas personas murieron en la residencia o en el hospital.

No opinó igual que la Junta de Castilla y León, ante esa negativa a ofrecer esta información, el Comisionado para la Transparencia de Castilla y León, Tomás Quintana, también Procurador del Común, que ha ordenado a la consejería volver a valorar el facilitar esos datos desagregados en cuatro resoluciones en las que indica que debe ponderarse adecuadamente el evidente «interés público» de los mismos y el derecho al honor de los titulares de los geriátricos. El comisionado estima que la importancia de conocer el reparto de fallecidos por centros «para la sociedad, es alta, considerando la extrema gravedad del contexto sanitario». Incide en el «interés público» que supone facilitar esos datos de forma «desagregada» y no solo los totales que aporta la Consejería de Familia, porque «facilita la rendición de cuentas ante la ciudadanía en un momento donde esta rendición es más importante quizás que nunca».

Isabel Blanco ha defendido, con los informes jurídicos citados líneas arriba, que era necesario el consentimiento de los propietarios de los geriátricos para facilitar esta información, requisito que Quintana indica que solo se aplica para datos personales. Es en este punto donde indica a la Junta que lo único que tiene que hacer es abrir un plazo de audiencia entre los que se puedan considerar afectados. Para que aleguen, no para recabar un consentimiento que no exige la ley.

Llama la atención el hecho de que la argumentación que defiende el Comisionado para la Transparencia de Castilla y León coincide con la que refleja la Consejería de Transparencia, que dirige el vicepresidente Francisco Igea. El director general de Transparencia y Buen Gobierno, Joaquín Meseguer, firma un informe contundente en el que remarca que «establecer esa condición (el consentimiento) como indispensable supone un obstáculo injustificado al derecho de acceso» y que «la oposición al acceso manifestada por terceros afectados (dueños de los geriátricos) no veta, bloquea o condiciona la decisión final que la consejería debe tomar».

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades establece esos 15 días de audiencia a través del Boletín Oficial de Castilla y León en su edición de hoy, 8 de octubre. El plazo empieza a contar a partir de mañana 9.