La Junta defiende suprimir el límite de la tasa de reposición ante las jubilaciones de los funcionarios

Este nuevo encuentro, al que ha asistido también la directora general de Función Pública, Paloma Rivero, así como el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola, y el secretario general de Función Pública, Javier Rueda, ha servido para retomar las conversaciones y temas de relevancia que se pusieron de manifiesto el 9 de marzo en la visita del consejero al Ministerio, por primera vez en la legislatura.

Entre los temas tratados en la videoconferencia, se encuentran aquellos que afectan a los empleados públicos y por los que el consejero ha mostrado su preocupación, como el referido a las interinidades de larga duración.

A este respecto, y tras la sentencia dictada por la Unión Europea, el consejero ha pedido a Darias conocer la postura a adoptar por el ministerio a fin de mantener un criterio único tras la resolución judicial y valorar las vías que eviten la fuga de personas que llevan años en la Administración Pública, reteniendo así el conocimiento y la experiencia adquirida sin romper con los principios básicos del acceso al empleo público.

Según ha señalado Ibáñez, la Junta busca una línea «uniforme» con el Estado y «coordinada» entre el proceso selectivo y la conservación del conocimiento, así como «cierta garantía de estabilidad» de empleo entre estas personas.

Además, el consejero ha trasladado a la ministra su preocupación por el transcurso de los plazos de caducidad de los procesos ante la dificultad que plantea la celebración de los exámenes presenciales manteniendo la distancia social, lo cual implica el despliegue de una infraestructura que en algunos procesos selectivos parece ser inviable.

En esta línea, Ibáñez también ha planteado la precupación por el colectivo de personas en situación judicialmente reconocida con un vínculo de indefinidos no fijos, por lo que ha propuesto a la ministra la posibilidad de que se estudie un criterio generalizado y acorde con las normas que regulan el acceso al empleo público y que permita su estabilidad en el sistema, considerando todos los años de servicio de estos profesionales.

Asimismo, Ibáñez ha reiterado la previsión en los próximos años de jubilaciones masivas en el sector público, declarando que es posible que esta situación conlleve la necesidad de valorar la posible supresión del límite de la tasa de reposición de efectivos.

La Administración electrónica y el teletrabajo han sido otros de los temas a abordar en la reunión telemática. En este sentido, el consejero ha indicado que «el cambio es evidente y las funciones y tareas de los trabajadores se adaptan de manera más ágil que los propios perfiles de puestos en función de sus grupos profesionales, cuerpos o escalas».

Por ello y para garantizar una regulación homogénea Estado y Comunidad autónoma, ha solicitado la constitución de un grupo de trabajo en el que puedan participar para su posible nueva configuración.

Sumada a esta petición de la primera reunión con la ministra, y tras la situación vivida durante el confinamiento, se pone de manifiesto la importancia de un sistema nuevo y acorde con los tiempos del teletrabajo.

En la Administración General del Estado, la ministra firmó el 4 de mayo con los sindicatos representados en la Mesa General de Negociación de la AGE las medidas para la incorporación presencial progresiva de las empleadas y empleados públicos en el marco del Plan de Transición a la Nueva Normalidad.

Las fórmulas de trabajo no presencial continuarán siendo prioritarias, la atención al público será preferentemente telemática, los aforos serán más reducidos y la atención presencial con cita previa. El personal más vulnerable no se incorporará en las primeras fases y el trabajo presencial seguirá las recomendaciones de las autoridades sanitarias, adoptando todas las medidas de prevención y seguridad y garantizando la salud de las empleadas y empleados públicos.

En este sentido, el consejero ha solicitado que en aspectos generales sea el Ministerio el que aborde la regulación global para que todas las administraciones partan de unos criterios comunes, en aspectos tales como el control de la jornada, el cumplimiento de las normas básicas de prevención de riesgos laborales y la gestión y consideración en cuanto a la cesión de los medios de trabajo a los empleados públicos, entre otros.

Por otro lado, se ha abordado la problemática que supone para el mundo local la escasez de cobertura en los puestos reservados a los funcionarios de administración local con habilitación nacional.

Al hilo de esto, el consejero ha recordado que la situación deriva de la falta de ofertas de empleo público en los últimos años y que es competencia de la Administración del Estado. Ibáñez ha detallado el contenido del acuerdo que, de forma unánime, se tomó el día 20 de mayo en la Conferencia de Titulares de Alcaldía y Presidencias de Diputación, el cual recoge el compromiso de todos sus miembros de desarrollar las acciones necesarias para resolver la situación de falta de cobertura de estos puestos, lo cual implica necesariamente y de forma urgente una planificación y publicación de ofertas de empleo público adecuadas y continuadas en el tiempo por la Administración del Estado.

Otro de los temas abordados por el titular de la Presidencia se ha referido a la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, trasladando a la ministra la necesidad de conocer en qué punto se encuentra para poder avanzar al respecto.

Asimismo, y en la línea del trabajo abordado por la Consejería frente a la pandemia, Ibáñez puso en conocimiento de la ministra el proceso que desde la Junta se ha llevado a cabo para la desescalada en la Administración de la Comunidad, con la elaboración de la Guía para los planes de desescalada y su posterior aplicación en dos fases, buscando el equilibrio y la flexibilidad en la incorporación al trabajo presencial y la coexistencia con el no presencial, la seguridad de los empleados públicos y la conciliación con plenas garantías.

Castilla y León cuenta con 163.014 empleadas y empleados públicos, de los que 94.603 (58,03%) son de la Comunidad Autónoma, 34.464 (21,14%) de la Administración Pública Estatal y 33.947 (20,82%) de las entidades locales.

De los 94.603 empleadas y empleados públicos autonómicos, el 40,22% trabaja en Sanidad y el 35,96% en Educación, por tanto, tres de cada cuatro efectivos están integrados en los servicios sanitarios y de enseñanza de la comunidad autónoma.