Castilla y León

Junta y Cortes incrementan el gasto político global pese a recortar cuatro asesores

Sin embargo, esa reducción del «despilfarro» político que Vox dice abanderar no es tal si se abarca todo el gasto y no se fija solo la vista en una porción. Los gobiernos de coalición han incrementado notablemente el capítulo de gastos de personal en Junta y Cortes de Castilla y León (sin contar los funcionarios, tan solo altos cargos o personal eventual a su servicio). El último Gobierno de Juan Vicente Herrera, con 42 procuradores de 84 y necesitado entonces del apoyo de los cinco escaños de Ciudadanos para gobernar sin trabas, contaba con 80 altos cargos. El primer tándem de Gobierno PP-Ciudadanos, con Alfonso Fernández Mañueco al frente, pasó a disponer de 93 altos cargos. Y el dueto PP-Vox tiene 99 potenciales altos cargos, de los que se han ocupado 97 porque están vacantes los puestos de viceconsejero y de gerente del Ecyl en la Consejería de Industria y Empleo de Mariano Veganzones (Vox).

Esto ha supuesto un incremento notable del gasto en ese capítulo. El coste del último Gobierno de Herrera, con menos consejerías, era de 5.670.000 euros. El de Mañueco-Igea se disparó hasta los 6.541.000 euros. Los de Ciudadanos contaban con 30 cargos en ese Ejecutivo de 93 puestos, con los que manejaban la Consejería de Sanidad (hoy para el PP), la que cuenta con el organigrama más amplio junto a la de Hacienda, Industria y Empleo, Cultura y Turismo, Vicepresidencia y Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior.

El gasto actual de los 97 puestos cubiertos en el organigrama de altos cargos de la Junta ronda los 7.412.000 euros, un cálculo que parte de los datos de Transparencia y del sueldo aproximado que percibirán la nueva directora de Servicios Jurídicos, María Fonseca, y el nuevo delegado territorial de la Junta en Segovia, José Luis Sanz Merino, aún sin añadir al listado oficial publicado en la web del Ejecutivo. En el Ejecutivo hay 43 puestos de asesor ocupados, en los que se incluye, por ejemplo, a todos los jefes de prensa de las diferentes consejerías.

Pero también en las Cortes de Castilla y León se ha incrementado el presupuesto de personal, en parte por la actualización de salarios. En 2018, el último presupuesto de la era Herrera, después prorrogado, el capítulo de gastos en altos cargos de las Cortes de Castilla y León era de 1.830.000 euros, a los que había que añadir 789.000 euros de personal eventual.

En los presupuestos de 2021, prorrogados para 2022, el gasto previsto en ese mismo capítulo era de 1.915.000 euros para los altos cargos y 1.040.000 euros para el personal eventual.

En 2023, ese capítulo se ha estirado hasta los 1.998.494 euros para los altos cargos y 1.114.074 euros para el personal eventual. Ahí es donde entraría el recorte que subrayaba la nota de prensa de las Cortes, ese ahorro en cuatro asesores, valorado en 174.525 euros.

Los gobiernos de coalición, por tanto, han encarecido la factura de cargos políticos en Castilla y León en cerca de tres millones de euros respecto al último Ejecutivo en solitario del PP. El «ahorro en gasto político» de Vox en las Cortes, en otros conceptos como las subvenciones a los grupos parlamentarios, se fijó especialmente en los que conforman el Grupo Mixto, Ciudadanos, Unidas Podemos y Por Ávila, a los que solo se otorgó una Portavocía y se dejó sin portavoz adjunto, figura que sí existe en el resto de grupos parlamentarios y que supone un sueldo de 76.355 euros anuales. El PP, por número de procuradores, tiene derecho a un portavoz y a seis portavoces adjuntos con dedicación exclusiva, de los que ha cubierto cuatro plazas (Miguel Ángel García Nieto, Ángel Ibáñez, Óscar Reguera y Mercedes Cófreces). El PSOE tiene adjudicadas sus cinco plazas de adjuntos y la de portavoz (Luis Tudanca) y Vox, el portavoz (Carlos Menéndez) y las dos de adjuntos que le corresponden. El grupo UPL-Soria ¡Ya! tiene un puesto de portavoz y un portavoz adjunto, ambos ocupados. Y en el Mixto rotan Francisco Igea (Ciudadanos) y Pablo Fernández (Unidas Podemos).

Al sueldo bruto, igual para todos ellos y para los seis miembros de la Mesa de las Cortes (presidente, dos vicepresidentes y tres secretarías), se le suman las indemnizaciones por gastos, que se perciben sí o sí, no necesitan justificarse y no tributan. Los miembros de la Mesa y los portavoces cobran por ese concepto 1.800 euros al mes (21.600 al año). Los portavoces adjuntos reciben 1.440 euros al mes (17.280 al año).