La Junta de Castilla y León repesca a 13 opositores a los que suspendió por error en 2017

La Consejería de la Presidencia repesca a estos 13 damnificados, que pasarán a formar parte de la plantilla de la Junta de Castilla y León tres años y medio después de que hicieran el último examen y dos años y medio después de que adjudicaran las plazas a los integrantes de la primera relación de aprobados. Ninguno de estos últimos se irá a la calle para hacer hueco a los 13 que ahora les superan en nota, porque el equipo que dirige el consejero Ángel Ibáñez ha decidido ampliar el número de plazas de 97 a 110.

El listado definitivo, el recién publicado, incluye a los opositores que en el proceso anulado obtuvieron plaza y que en la actualidad han quedado por debajo de la puntuación que da acceso a esos 97 puestos que se ofertaron. Desde la Consejería de la Presidencia fundamentan esta decisión en razones de «seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima, además de consideraciones de equidad». Insisten en que «no es habitual» afrontar una situación de este tipo, tener que incorporar a aprobados tras haber adjudicado las plazas de una oposición, pero que hay jurisprudencia «reiterada» al respecto y que se ha aplicado el principio de solucionar un daño sin generar otro.

Lo que sí provocará el nuevo listado es movimiento o traslados de funcionarios que ocupaban algunas de esas plazas a otras, puesto que tienen que volver a solicitar destino los aprobados que ocupan desde el puesto 45 al 110, que es el tramo que altera la nueva relación con la incorporación de los trece perjudicados, que se incorporan al listado en el lugar que les otorga la puntuación lograda en los dos ejercicios de la oposición, según recoge la resolución publicada en el Boletín Oficial. La nota obtenida es la que da preferencia a la hora de elegir plaza.

La Junta convocó la oposición de la discordia en junio de 2016 y citó a los aspirantes el 10 de diciembre de ese mismo año para la primera prueba (teórica) y el 17 de junio de 2017, para la práctica. 8.373 candidatos a hacerse con una de esas plazas se enfrentaron al primer ejercicio. Lo superaron 440, que fueron citados para el de junio. El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó la relación de los 97 aspirantes que inicialmente obtuvieron las mejores notas y superaron el proceso de selección el 12 de febrero de 2018 y a las puertas del otoño, tras una demora considerable, les asignó las plazas.

El proceso fue de escollo en escollo. Los responsables de Función Pública, bajo la dirección del entonces consejero de la Presidencia y vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, decidieron paralizar el proceso a finales de enero de 2017, por el abundante número de reclamaciones presentadas por los aspirantes que hicieron el primer examen a cuenta de las preguntas de reposición, las que sustituyen a las del cuestionario inicial cuando alguna se anula. Se reactiva el proceso y en la segunda prueba surgen problemas, inicialmente, con los programas informáticos que tenían los equipos que se utilizaron para el examen. Seis meses tardó el tribunal en publicar el listado de aprobados de este examen (24 de enero de 2018). Tres semanas después, a mediados de febrero, el Bocyl daba a conocer el listado definitivo, pero la Junta demoró la asignación de las plazas otro medio año, de forma que empezaron a trabajar antes como interinos los que no superaron la oposición y pasaron a integrar la bolsa de empleo, que los aprobados.

La asignación de las plazas, habitualmente punto final de un proceso selectivo, no lo fue en ese caso. El recurso de personas excluidas fue prosperando en la vía judicial hasta que el TSJ falló contra la Junta en diciembre de 2019 y, en junio de 2020, Ángel Ibáñez da orden de cumplir la sentencia, que es lo que hace en este momento.