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Las partidas para pagar las retribuciones de los asesores del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y de sus consejeros en el presupuesto ... de 2021 duplican de largo las de las últimas cuentas de Juan Vicente Herrera, las de 2018.
La dotación para los gastos de nóminas del personal eventual, el que nombran los políticos de forma discrecional como colaboradores de confianza, ha pasado de 746.456 euros en el Ejecutivo que puso fin a la etapa de Juan Vicente Herrera a los 1.596.965 que consigna el primer proyecto presupuestario de la era PP-Cs en el gabinete que preside Fernández Mañueco y vicepreside Francisco Igea. El dinero destinado a emolumentos de este personal crece el 113,9%.
La lista de contratados como personal eventual asciende en este momento a 41 personas. Esa plantilla fue modificada al alza el verano de 2019. La ampliación generó polémica en aquel momento, porque fue un acuerdo del Consejo de Gobierno celebrado el 25 de julio, días después de que la coalición echase a andar, del que no se facilitó información hasta que lo denunció públicamente el PSOE. Eso ocurrió a primeros de septiembre el día que acudían a las Cortes el vicepresidente de la Junta y el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, a explicar sus proyectos para la legislatura. La lista de 22 asesores con los que trabajaba el Gobierno de Juan Vicente Herrera aumentó en 14, hasta los 36. La relación de puestos de personal eventual que publica la Junta en su página web está integrada por 4 asesores del Gabinete del presidente, 35 técnicos asesores, un coordinador, un puesto de jefe de secretaria y tres de administrativo. Son 44 y están ocupados 41. La última incorporación es reciente, del 27 de octubre. Los tres puestos libres que quedan son uno de administrativo, con una retribución anual de 25.640 euros, y dos de técnico asesor que lleva aparejados 33.178 y 41.343 euros al año, respectivamente.
Parte de estos nombramientos los firma directamente el presidente Alfonso Fernández Mañueco y el resto recáen en el consejero Ángel Ibáñez. Antes lo hacían Juan Vicente Herrera y su vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez. La partida para el personal que nombra el presidente ha pasado de los 184.711 euros de antes a los 561.745 previstos para 2021. También crece la asignación de «incentivos al rendimiento» del programa de 'Alta Dirección de la Junta' para compensar la «productividad»: de 63.100 euros a 115.580.
El consejero Ángel Ibáñez defendió en las Cortes la austeridad de la Junta en este tipo de nombramientos. Lo hizo en noviembre pasado y desde su consejería remiten a los argumentos recogidos en aquel Diario de Sesiones, ante un tema al que no ven mayor recorrido. El propio Ibáñez acusó entonces a la oposición que querer estirar «un chicle». «Castilla y León puede poner de manifiesto que es una de las comunidades que menor número de eventuales tiene», justificó. Solo Asturias tiene menos, apuntó. El dirigente del PP añadió que los nombrados son «profesionales con aptitudes y experiencia de sobra acreditada para ejercer su labor al servicio de la Junta». El consejero ubicó el aumento «de puestos eventuales donde prima la confianza y el asesoramiento, porque así lo dice la ley», en la «estructura» que implica tener un Gobierno de coalición. Dijo que son apenas el 0,05 respecto a la totalidad de la plantilla de la Junta.
El socialista Luis Briones rebatió ese día los argumentos del consejero y acusó a la Junta de permitir «anidar aquí a todos aquellos excargos públicos a los que los ciudadanos les han negado una representación institucional». Se refería a los exsenadores del PP que se quedaron sin escaño en las generales «Hay muchos eventuales que son mileuristas, pero no estos precisamente», remarcó.
En lo que respecta a la gestión del consejero, la dotación para retribuciones de asesores pasa de 561.745 euros a 1.047.287. Y los incentivos a la productividad de los servicios generales de la consejería, de 77.774 a 372.649 euros. Hay un núcleo nutrido de este personal en el Colegio de la Asunción, sede de la Presidencia de la Junta, y el resto se reparte por las distintas consejerías, principalmente en labores de asesoría informativa de los miembros del Ejecutivo autonómico.
En esta bolsa de 'eventuales' conviven perfiles profesionales con otros políticos y gente de trayectorias diferentes. Una parte importante son profesionales de la comunicación en excedencia o ligados históricamente a los gabinetes de prensa de la Junta y otros que han seguido al político al que asesoran por las instituciones por las que ha pasado. A esos se suman antiguos cargos públicos que quedaron descolgados en las elecciones de 2019, como los exsenadores populares Ignacio Cosidó, Esther Muñoz y Laura Prieto. Junto a estos se encuentra el también exparlamentario Félix Colsa, contratado hace un año. Este había sido director general de Atención al Ciudadano, primero, y de Políticas Migratorias y Cooperación al Desarrollo, después, en la consejería de dirigió Alfonso Fernández Mañueco. También se ha hecho un hueco equipo de asesores a Fernando Rubio, coordinador de Presidencia en el Ayuntamiento de Valladolid nombrado por Javier León de la Riva. Sus sueldos oscilan entre los 41.343 euros anuales de Colsa, Rubio y Prieto, los 43.323 de Muñoz y los 55.120 de Cosido. Las retribuciones subirán el 2% a partir de enero, como las del funcionariado.
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La dotación de fondos públicos para abonar retribuciones de asesores de políticos crece también en las Cortes de Castilla y León. Los 789.000 euros para personal eventual de 2018 se convertirán en 1.040.000 el próximo año. Fuentes del parlamento autonómico ubican en el aumento de personal de confianza en los grupos políticos el origen de ese aumento de dotación presupuestaria que roza el 32%.
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