El bono joven de alquiler aprobado esta semana en el Consejo de Ministros no se puede aún solicitar. A la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que es quien gestiona los programas de Vivienda, no ha llegado «comunicación ... oficial» para poder desarrollar esta nueva ayuda, según confirman desde el departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones. «Es una medida decidida, una vez más de forma unilateral por el Gobierno de España», aseguran desde la consejería, al tiempo que auguran que tendrán un efecto «muy reducido» en Castilla y León, con un cálculo aproximado de unos 3.000 beneficiarios.
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La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, explicó el martes que ese bono de alquiler contempla ayudas de 250 euros mensuales durante dos años para aminorar el esfuerzo que supone el arrendamiento de la vivienda o de habitaciones, en el caso de pisos compartidos, a jóvenes que estén trabajando con retribuciones que no superen los 24.048,9 euros anuales.
«Es una medida que genera a los jóvenes falsas expectativas», subrayan fuentes de Fomento y Medio Ambiente, matizando que conocen los pormenores de cuantías y requisitos a través de las «noticias» que han publicado medios informativos, y que están a la espera de «comunicación oficial para poder desarrollar» ese bono joven de alquiler. Será a partir de entonces cuando se regule cómo va a concretarse la tramitación en la comunidad.
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Desde el equipo de Juan Carlos Suárez-Quiñones hacen hincapié en que este nuevo bono «solo podrá ser disfrutado si se dispone de una fuente regular de ingresos, o sea, un contrato estable, que es justo de lo que carecen la mayoría de los jóvenes». También defienden que las ayudas de alquiler que gestiona la Junta sufragan el coste de la mitad de la renta que paga un joven y que en los últimos tres años se han concedido 13.700 ayudas por valor de 26 millones de euros.
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A falta de conocer la letra pequeña del nuevo bono joven de alquiler, para el que el Gobierno de la nación prevé una dotación de 200 millones de euros, hay requisitos coincidentes con la ayuda autonómica y otros que no lo son. La de la Junta no contempla el caso del alquiler de habitaciones. Puede haber diferencia también en la cuantía de la renta máxima que se abona al casero. La estatal se concede a jóvenes que alquilen viviendas de hasta 600 euros al mes y, en determinados supuestos, pueden ascender a 900 euros.
La ayuda estatal será compatible, según la información facilitada por el ministerio, con otras que tengan la misma finalidad y también con los apoyos orientado a luchar contra la pobreza que perciben personas sin recursos o con ingresos muy bajos como la Renta Garantizada de Ciudadanía y el Ingreso Minimo Vital.
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