La Junta «hace caja» en Dependencia con el aumento presupuestario estatal

Diez comunidades fallan en este sentido y en vez de incrementar lo invertido en el sistema de atención, ahorran en sus propias cuentas. Señala así la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales a Castilla y León junto a Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja. Y las acusa de «hacer caja» con estos fondos.

El balance global señala que sólo 15.923 personas menos en lista de espera que, sumadas a las 38.807 del año 2021, no alcanzan ni siquiera las 60.000 que se planteaban como objetivo el primer año. Al ritmo del último año «se tardaría once años en lograr la plena atención», critica.

Pese a que recibieron fondos de la Administración central para mejorar tales servicios, no los aumentaron, sino que aliviaron sus arcas a costa de ellos. Y, además, no todo el dinero presupuestado se gasta. Así, se dejaron sin ejecutar 55 millones de euros, a pesar de que el sistema de atención adolece de importantes carecnias como demuestra el hecho de que más de 45.000 personas que se encontraban en lista de espera murieron entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022; de ellas, 1.365 en Castilla y León.

Otro motivo de preocupación es la complicada gestión de estos procesos que se traduce en los 344 días que se tarda en recibir la atención desde que se presenta la solicitud. Cuatro meses en la comunidad. La normativa establece que el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días). Cinco comunidades superan el año: Canarias, Andalucía, Murcia, Extremadura y Galicia.