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La Junta de Castilla y León aprobó ayer el decreto-ley autonómico de medidas urgentes sobre prevención y extinción de incendios forestales, que pretende agilizar todas las medidas que requieren una urgencia en su puesta en marcha, especialmente los procesos de cobertura de personal y ... medios del operativo. De esta forma, la Junta se anticipa al compromiso legal de aprobar el plan anual sin que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico haya cumplido su obligación de establecer las directrices en un real decreto que aún no ha dictado.
El decreto-ley de la Junta incorpora la aprobación del Plan anual de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales de 2023; modifica las leyes de Montes de Castilla y León y de la Función Pública para agilizar la incorporación de personal interino al operativo en caso de necesidad, y establece normas y criterios para garantizar un funcionamiento administrativo más ágil de este servicio de emergencias.
En cuanto a la modificación de la Ley de Montes, se incluye la configuración básica del operativo de lucha contra incendios forestales de la comunidad, dándole así un respaldo con rango de ley, y con ello las adaptaciones derivadas de las últimas actualizaciones en la norma básica estatal, como lo relativo a los novedosos planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. Estos planes integran formalmente la planificación de todo lo relacionado con la lucha contra los incendios forestales, y además son el requisito básico para permitir la colaboración de la Administración del Estado en las tareas de restauración tras los grandes incendios.
Además, según informa Ical, la norma modifica la orden que regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra incendios forestales en Castilla y León, para adecuarla a las previsiones de un real decreto ley de 2022 en materia de prohibiciones y limitaciones ante situaciones de alto riesgo meteorológico, recogiendo las obligaciones establecidas en el caso de riesgo muy alto o extremo.
El nuevo decreto autonómico también modifica la ley de la Función Pública de Castilla y León, a la que se añade una disposición adicional para regular la constitución de bolsas de empleo de cuerpos o escalas integrados en el operativo de prevención y extinción de incendios forestales mediante un sistema más ágil.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, recordó que los incendios del verano pasado llevaron a la Junta a buscar el consenso de este nuevo modelo en el marco del Diálogo Social con la patronal y los sindicatos, lo que derivó en la firma del acuerdo para la mejora del operativo de lucha contra incendios forestales de la Junta de Castilla y León 2023-2025. Un acuerdo que abarca ámbitos tan variados como la dotación de personal, su formación y seguridad o la contratación reforzada de medios de extinción, de modo que se mejore la eficacia del operativo en la prevención y extinción de grandes incendios forestales.
Suárez-Quiñones destacó que el decreto-ley aprobado ahora forma parte de las acciones de la Junta para reforzar en la comunidad el operativo permanente con que cuenta, con una dotación de medios humanos y materiales suficiente para poder acometer en las mejores condiciones y con mayores capacidades los nuevos episodios de grandes incendios forestales que con mayor frecuencia e intensidad se produce en Castilla y León, como ocurre en las regiones y países del entorno.
Suárez-Quiñones recordó que el «único» aspecto que queda pendiente de acordar con los sindicatos es el de las guardias de localización fuera de la época de riesgo alto.
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