El Gobierno regional aprueba la norma que modifica la Ley de Función Pública

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto Ley por el que se modifica la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, cambios dirigidos a hacer frente a la situación que se ha creado tras varias sentencias que han anulado los instrumentos que se habían aprobado para organizar la Administración de la comunidad.

También se lleva a cabo para afrontar a los amplios plazos y alto grado de litigiosidad que se considera que conllevaría aprobar un tercer Catálogo de Puestos Tipo, según la referencia del Consejo recogida por Efe.

Se trata de desarrollar una regulación de los instrumentos de organización que permita elaborar de forma ágil las relaciones de puestos de trabajo, o sus modificaciones, que deben acometerse de forma inminente, con plena sujeción y respeto a las consideraciones recogidas en las resoluciones judiciales determinantes de la situación ahora existente.

Las novedades que contiene el Decreto Ley respecto a la regulación actual incluyen la supresión de la figura del catálogo de puesto tipo como instrumento organizativo de la estructura de la Administración de la comunidad y la obligación de adaptación de puestos que éste imponía, y se considera que el instrumento básico de organización son las relaciones de puestos de trabajo.

Se regula de manera «exhaustiva» el concepto, requisitos, y procedimiento de elaboración, tramitación y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo.

También se regula de manera «novedosa» la atribución temporal de funciones de inspección administrativa y autoridad en situaciones extraordinarias, para afrontar circunstancias como la derivada de la covid-19.

Se establece además un régimen transitorio en cuanto a los concursos de méritos ordinarios y específicos, hasta la aprobación de las nuevas relaciones de puestos de trabajo.

Además de contar con los preceptivos informes de los Servicios Jurídicos y de la Dirección General de Presupuestos, el contenido de este Decreto Ley fue respaldado en la Mesa General de Negociación de los empleados públicos y en el Consejo de Función Pública, donde están representadas las organizaciones sindicales, con 24 votos a favor y tres abstenciones.