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«Incrementar un tercio las plazas de convalecencia sociosanitaria para garantizar la atención de las personas después de una intervención quirúrgica u otros tratamientos hospitalarios que lo requieran». Es literalmente el punto 46 del llamado 'Pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión ... social en Castilla y León' que firmaron todos los partidos políticos de Castilla y León en junio de 2020; ya contando con las dificultades de la pandemia. Pero ya mucho antes había habido compromisos gubernamentales para ampliar unos recursos que no solo resuelven situaciones de soledad o de falta de medios para pagarse una estancia en la privada o de imposibilidad de percibir los cuidados necesarios en el hogar, sino que le resultan muchísimo más baratos al sistema. Porque entre una cama hospitalaria donde se prolongan ingresos de forma innecesaria al no encontrarse alternativas para algunos pacientes y una en una residencia con cuidados clínicos es, según casos, de unos cuatrocientos euros diarios más en un complejo asistencial.
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Las camas sociosanitarias para la convalecencia se pusieron en marcha precisamente por este criterio junto al de ofrecer al paciente un ambiente más natural y menos intervencionista para la persona mayor que se recupera de una convalecencia por enfermedad o por una intervención quirúrgica y todavía no es autónoma y, por lo tanto, no puede volver a casa. La Junta lleva años anunciando ampliar la escasa dotación de 114 camas sociosanitarias para toda la comunidad. Ahora, por fin, están presupuestadas según anunció este jueves el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, en su comparecencia en sede parlamentaria. «Ampliaremos hasta las 150 las plazas de las unidades de convalecencia sociosanitaria, incorporando en el próximo ejercicio 36 plazas, 10 camas en la provincia de Segovia, 11 en Salamanca, y 15 más en Valladolid, que estarán asignadas al Hospital de Medina del Campo».
De esta forma se da al menos un primer paso en la ampliación aunque suponen 32 camas menos que lo que, en 2018, se había ya pactado en el Acuerdo del Diálogo Social sobre dependencia y que nunca se cumplió. Añadía el acuerdo que «estas plazas se gestionarán con las residencias públicas de la Gerencia de Servicios Sociales de manera prioritaria y, si no fuera posible, por el grado de ocupación, se llevarán a otras administraciones y a la acción concertada, garantizando siempre que las instalaciones; así como los medios técnicos y humanos reúnen las características necesarias para poder prestar una atención adecuada a las necesidades sociales y sanitarias del paciente». A finales de 2019, se establecía el compromiso de aumentar el 60% las plazas, a un ritmo del 20% cada año desde 2018 a 2020, es decir, que tendrían que haberse incrementado ya en 68 plazas hace dos años. Pero no hay ni una más de aquellas 114.
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Históricamente, lo más habitual, es que el ingreso hospitalario de estas personas se prolongue hasta su completa recuperación para poder volver a su casa. Así los hospitales cuidan, más que atienden médicamente, la recuperación de pacientes que necesitan una respuesta asistencial más por causas sociales y de adecuación de sus domicilios que por una justificación clínica. Esto supone un gasto injustificado para el sistema sanitario.
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