La covid-19 ha sorprendido a Castilla y León sin haber recuperado aún el pulso recaudador que marcó 2007 en los tributos propios, los que gestiona directamente la Junta. El desfase entre el último ejercicio de alegría económica y fiscal antes de que pinchara la burbuja del ladrillo y gripara la economía y el cierre tributario de 2019 es de 348,5 millones de euros, según la memoria oficial elaborada en la Consejería de Economía y Hacienda. Los 698,4 millones recaudados por la Junta el año pasado están aún lejos de los 1.047,4 millones del 2007. El 'roto' presenta un tamaño de 348,5 millones de euros. Es el último dato antes del coronavirus. Y no dibuja una situación saludable.
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Ni la paulatina recuperación que se observa a partir de 2011, año en que la recaudación se hundió hasta los 488,8 millones, ni la implantación de dos nuevos impuestos, el de afección medioambiental de instalaciones de producción y transporte de energía eléctrica y el de vertido de residuos, han logrado devolver a la parcela recaudadora el verdor que lucía en 2007.
Los ingresos de los tributos propios suponían entonces uno de cada diez euros del presupuesto autonómico. El resto eran partidas estatales del modelo de financiación autonómica y deuda. Al cierre de diciembre, esa proporción de la tributación propia sobre el conjunto de ingresos de las cuentas que gestiona la Junta ha bajado del euro a los 65 céntimos.
Ladrillo y velatorios
La cesta fiscal autonómica está ligada a la compraventa de vivienda usada, con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y la escrituración con el de Actos Jurídicos Documentados. Solo estos dos tributos metieron en caja 674 millones de euros en 2007. El año pasado sumaron 298,5.
La otra gran fuente fiscal de ingresos, junto al mercado inmobiliario, son las pompas fúnebres. La Junta liquida el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que grava las herencias. La evolución de este tributo ha sido dispar, porque ha pasado de la exención completa entre familiares directos a eximir de tributación mínimos que han oscilado entre los 175.000 y los 400.000 actuales por heredero ante la muerte de un cónyuge o un progenitor. El resto de parientes y allegados sin lazos de sangre paga religiosamente. Eso, junto con un incremento de fallecidos en los últimos años y del valor de tasación del bienes, según explican fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda, es lo que ha propiciado que la recaudación de este impuesto se mantenga en los 188 millones de euros (eran 162 en 2007) pese al incremento de las cuantías libres de tributación en las herencias de la familia directa.
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750 Actas de inspección se instruyeron el año pasado. La media de cuantía por actuación fue de 9.966,7 euros. La memoria recoge que el promedio de las actas en Sucesiones y Donaciones fue de 18.994 euros y de 10.158 en el caso de Transmisiones y Actos Jurídicos.
Embalses, viento y el mazazo de Garoña Las 246 declaraciones presentadas en 2019 por las empresas eléctricas supusieron 77,4 millones de euros, frente a los 54,3 del año 2013, primer ejercicio de cobro completo. La memoria anual elaborada por la Dirección General de Tributos refleja que las 32 declaraciones sobre embalses con producción eléctrica devengaron 32,6 millones de euros, mientras que los parques eólicos generaron 25,2 millones a través de 200 liquidaciones. Las redes de transporte supusieron 4,5 millones de recaudación y los residuos nucleares de Garoña, 15,03. El Constitucional acaba de echar atrás la imposición a los dueños de la central y la Junta deberá devolver los 28 millones recaudados desde su entrada en vigor.
La sanción media se sitúa en 2.711 euros 2019 cerró con 430 expedientes sancionadores, siendo la multa media de 2.711,6 euros. El tributo que mayor actividad sancionadora generó fue el Impuesto sobre el Patrimonio. El 85,3% de las actuaciones perseguían incumplimientos en este tributo, que grava los capitales más elevados. Castilla yLeón ingresó por este impuesto 33,1 millones en 2019. La cifra ascendía a 73,3 en 2007.
Las perspectivas de liberalización de tributación, prevista para primeros de marzo y que PP y Cs frenaron hasta analizar el efecto de la covid-19 en los ingresos, frenaron las donaciones en la recta final de 2019, apuntan desde el departamento que dirige el consejero Carlos Fernández Carriedo.
Completan el capítulo de tributos propios de la comunidad los de Patrimonio y jJuego, con desgravaciones durante las últimas legislaturas para casinos, bingos y tragaperras ligadas al mantenimiento de empleo duramente cuestionadas por la oposición. Este sector de actividad tributó 98,5 millones en 2007 y 67,6 el año pasado. Y lo cierran los tributos medioambientales implantados en 2012 para socorrer a una contabilidad autónomica ahíta de ingresos entonces y todavía tocada en la actualidad.
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La plantilla destinada a la gestión de tributos ha decrecido en los últimos años. A los 59 funcionarios que trabajan en la sede central de la consejería se suman 318 en los servicios provinciales. Estos últimos eran 362 en 2010. La memoria oficial del último ejercicio arroja diferencias provinciales significativas en el número de expedientes despachados por funcionario. La media de los 25 de plantilla de servicio territorial soriano fue en 2019 de 442, frente a los 762 de promedio de los 56 de Valladolid o los 695 de cada empleado público del servicio salmantino. La media regional se sitúa en 636. Esa disparidad se mantiene en el promedio de recaudación por funcionario. De los 863.160 euros de media anual por gestor público en Soria a los 2,54 millones por empleado y año en León.
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