La Junta acusa al Gobierno de «apropiación indebida» por no pagar los 142 millones del IVA

«Manifestamos nuestra sorpresa e indignación por la declaración de que no se piensa hacer efectiva esa cantidad. Nuestra indignación es máxima y los partidos que sustentan este gobierno [PP y Ciudadanos] van a solicitar a sus diputados que no aprueben ningún presupuesto que no incluya el pago de estos 142 millones que se adeudan a nuestra comunidad», señaló este jueves el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea.

Igea ha trasladado la responsabilidad a los diputados y senadores del PSOE por Castilla y León, y se ha preguntado si «quieren ser cómplices de esta apropiación indebida» con un voto favorable a los próximos Presupuestos Generales del Estado.

«Es una apropiación indebida en toda regla y resulta sorprendente la argumentación que se ha dado. Además, es mucho más sorprendente saber si quien debería velar por los intereses de los ciudadanos de Castilla y León, como el secretario general del PSOE en la comunidad [Luis Tudanca], va a defender que se devuelva o no a los ciudadanos el dinero que se debe. Resulta absolutamente intolerable», declaró Igea.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó el pasado martes que «el daño causado» a las comunidades autónomas al no haberse abonado la última mensualidad de 2017 en la liquidación del IVA debió haberse reparado durante 2019 y que ahora «ha decaído» la promesa que había hecho el anterior ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez.

El problema se remonta a 2017, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, amplió el plazo de las empresas para liquidar este tributo. El IVA previsto para diciembre de 2017 se ingresó en enero de 2018, por lo que en 2017 solo se recaudaron once meses de manera efectiva. Para corregirlo, el Gobierno socialista propuso que 2019 tuviera 13 meses de IVA de manera excepcional, pero la medida no salió adelante al rechazarse los Presupuestos y se adujo que el pago pendiente no se podía abordar con la prórroga presupuestaria en vigor.

El asunto está recurrido en los tribunales por la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León sostiene que, «independientemente de que se gane o pierda», se trata de una «desfachatez» la argumentación que se ha dado para no abonar la cantidad pendiente. La decisión de la justicia afectará a todas las comunidades.

«El Gobierno nos tiene que pagar esos 142 millones. Es un problema que se arrastra desde aquel cambio [2017], pero se nos dijo que se abonaría. Se pasó un mes de un sitio a otro y se avisó de que al siguiente año, en el que ya gobernaba Pedro Sánchez, se pagaría. En los Presupuestos tienen que estar reflejados esos 140 millones. Son los Presupuestos que van a votar todos los diputados y senadores de esta comunidad. Ese será el día en el que veremos su compromiso con los ciudadanos», subrayó Igea este jueves.

El vicepresidente de la Junta insistió en que la argumentación que ofrece ahora la ministra de Hacienda para no pagar la mensualidad pendiente del IVA «es absolutamente novedosa». «De ahí nuestro grado de sorpresa e indgnación. Es un argumento peculiar: como han pasado dos años, ya no pago. Si todos los que tenemos hipotecas hiciéramos estas cosas, el mundo sería mucho más feliz. Son 140 millones que los ciudadanos de Castilla y León ya han pagado y que corresponden a esta comunidad», insistió.

El Estado recauda el IVA y otros tributos estatales como el IRPF y posteriormente transfiera a las comunidades el 50% de los ingresos por estas partidas. Junto con los impuestos transferidos (patrimonio, juego, electricidad...) el dinero recaudado sirve para afrontar los gastos y servicios que prestan las autonomías.

Sobre las entregas a cuenta anunciadas por el gobierno, Igea ha recordado que los 6.769 millones anunciados por el Ejecutivo central para Castilla y León no suponen una «cantidad definitiva», sino que son solo «previsiones» y ha apuntado que aún no es posible elaborar un presupuesto con estos condicionantes. «No es cierto el escenario de crecimiento que se comunica, porque se incluyen 399 millones que son a resultas de la liquidación de 2018. En realidad no crecen los ingresos a cuenta, sino que disminuyen en 51 millones».