Castilla y León

La Junta abona las nóminas de la plantilla del Serla pero no la de su director

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo que dirige Mariano Veganzones ha aprobado una subvención de 40.000 euros para afrontar el pago de las nóminas de los trabajadores del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) en el transcurso de una reunión de su patronato, en la que la decisión ha vuelto a desatar las críticas de los sindicatos y ha contado con el único voto a favor de la patronal. La posición de dominio con que cuenta la Junta en la Fundación Serla a través de la consejería controlada por Vox se traduce en exigir el cese de su director, para cuyo cargo no aporta financiación, e insistir en que su sede debe trasladarse a las dependencias de la Oficina Territorial de Trabajo.

Mientras la consejería aprobaba la aportación extraordinaria para que los trabajadores puedan cobrar hasta final de año y lamentaba que la dirección no haya adoptado «las medidas de austeridad» que le requiere (sostiene que la cesión gratuita de instalaciones podrían haber supuesto una reducción de gastos del Serla de 110.000 euros), UGT y CC OO han vuelto arremeter contra las medidas aprobadas.

Desde UGT, Raúl Santa Eufemia ha advertido que «la cantidad no cubre la totalidad del gasto del servicio público de mediación extrajudicial de Castilla y León» y ha criticado «el uso torticero que se está haciendo desde la administración autonómica» del Serla. Para el secretario de Acción Sindical y Coordinador del Diálogo Social, «la convocatoria de hoy se ha llevado a cabo gracias a la presión de los sindicatos para que se pudiera realizar el pago de las nóminas» y las decisiones «impuestas por Veganzones suponen un secuestro del Serla» y un desprecio hacia en el director de la fundación, Julio Cordero, «que lleva seis meses sin cobrar al haberle retirado la administración autonómica, de forma unilateral en el patronato del pasado julio, los poderes como director».

Comisiones Obreras coincide en que «la administración autonómica tiene la obligación de financiar el Serla» y explica por boca de su secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente, Fernando Fraile, que al haber presupuestado para 2023 solo 400.000 euros, en lugar de los 848.00 necesarios para su funcionamiento, «y además condicionados, el Serla acarrea una deuda en 2023 de 448.000 euros, a lo que hay que sumar el desfase de Tesorería de años anteriores por una financiación no adecuada de la Junta». «La subvención de 40.000 euros es pan para hoy y hambre para mañana», lamenta.

Empleo, mientras, habla de «una gestión inadecuada, con bloqueo de decisiones, provocada por la negativa de los sindicatos a cualquier iniciativa de ahorro» y culpa a CC OO y UGT «del posible impago de las nóminas de diciembre de los trabajadores». Asegura que con sus iniciativas, «como la reducción de altos cargos o de duplicidades en los gastos de mediadores, ahorrarían aproximadamente 200.000 euros anuales».

Según Santa Eufemia, estas afirmaciones son «una cortina de humo» que trata de esconder «la asfixia económica que hace totalmente inviable el servicio del Serla que se pactó en el acuerdo presupuestario del gobierno autonómico». Según sostiene, «el secuestro de este servicio, obligatorio por ley, deja a trabajadores y empresas de la comunidad ante la incertidumbre de la continuidad de una herramienta pública que contribuye a resolver los conflictos laborales y mantener la paz social, tal y como se ha demostrado a lo largo de los años».

• Temas
• Junta de Castilla y León
• CCOO Comisiones Obreras
• Vox
• UGT Union General de Trabajadores
• Castilla y León