El juez de la trama eólica rechaza la solicitud del Grupo Collosa de ser excluido de la causa

Los recurrentes, con posibilidad ahora de acudir en apelación a la Audiencia Provincial, entendían que «no concurre, ni siquiera a título indiciario, participación o ejecución de conducta alguna penalmente reprochable», al tiempo que advertían de la prescripción del delito continuado de prevaricación que se les imputa, al haber transcurrido más de diez años entre las autorizaciones administrativas de los parques y la presentación de la querella contra los investigados.

Asimismo, y respecto del delito continuado de cohecho, los letrados de los hermanos Llorente sostienen que «no consta indiciariamente acreditado ni puede constar, porque no se ha producido, la entrega o recepción de dádiva alguna por su parte, ni que hayan ofrecido nada a ningún funcionario o autoridad ni hayan accedido a ninguna petición de ellos», de ahí que la imputación de este delito resulte «puramente especulativa» y no existe acto que pueda servir siquiera de referencia para llevar a cabo el cómputo de la prescripción.

Los tres empresarios, contra quienes se dirige la querella por, supuestamente, haber mantenido una relación especial y actuado concertadamente con el principal investigado, el ex viceconsejero de Economía, Rafael Delgado Núñez, sin haber estado interesados en participar activamente en el negocio eólico, niegan tales vínculos con el aludido y explican que a través de las empresas en las que participaban como socios sí que estaban interesados activamente en dicho negocio, habiendo intervenido en el mismo como un inversor industrial y no un mero inversor financiero, con vocación de permanencia y aportando importantes y relevantes recursos empresariales, tanto económicos como de otra índole.

De hecho, en su escrito conjunto al instructor refieren el origen del grupo Construcciones Llorente S.A (Collosa), con una larga trayectoria en el sector desde su fundación en 1944, así como su proceso de diversificación, a partir de los 80, en el objetivo de obtener sinergias en diferentes actividades, bien a través de Bitrévol Construcción S.L. y Grupo Empresarial Inverduero S.L, esta última vinculada a sectores como el gas y las renovables.

Es en el sector de la energía eólica donde recuerdan su entrada en 1999, inicialmente mediante sociedades vehículo -con un coste de 41 millones en la adquisición de participaciones, con fondos adicionales comprometidos por valor de 25 millones- junto a socios promotores, habiéndose asociado con las principales empresas energéticas y promotoras de parques eólicos de España (EDP2, Unión Fenosa, Iberdrola, ACS, Preneal y Endesa), y en un segundo momento a través de la promoción de parques en solitario (parques denominados de segunda generación).

A un primer periodo de fuerte inversión entre 2009 y 2010 siguió a partir de entonces otro de desinversión, fruto de la crisis económica que afectó al sector inmobiliario y de la construcción y que obligó al grupo empresarial a adoptar un plan de desinversiones y refinanciación, mediante la venta de parques eólicos, para lograr su viabilidad en una situación de alto apalancamiento.

Los investigados se quejaban de que su «indebida involucración» en el presente procedimiento ha supuesto al grupo empresarial un importante impacto reputacional que se ha traducido, a su vez, en una «importante e injusta pérdida de oportunidades empresariales de toda índole».

Así, añadían que este momento la reputación del grupo «sigue encuestión y, por ende, su viabilidad empresarial y el mantenimiento del empleo, que asciende a 275 personas al cierre del último ejercicio (31/12/2019), está en peligro, lo cual habría de ser tenido en especial consideración. A tales efectos, y aunque el daño ya esté hecho, el procedimiento no debe proseguir contra mis representados, sobre todo a la vista de la apertura de fases más avanzadas que afectarían aún más si cabe a la citada reputación empresarial».

Por todo ello, la representación legal de los hermanos Llorente Muñoz insistía en que a la vista de las actuaciones practicadas resulta que las imputaciones contenidas en la querella, «lejos de resultar confirmadas, se han desvanecido de modo que, al término de la instrucción, se presentan sin base fáctica indiciaria alguna que permita seguir sosteniéndolas. A ello debe sumarse que la extensa instrucción practicada ha agotado las posibilidades de investigación».

Instrucción 4 mantiene abierta una investigación sobre supuestas 'mordidas' por importe de más de 80 millones de euros por parte de altos y exaltos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios por la agilización en la tramitación de parques eólicos en la comunidad en el periodo 2000-2015, pesquisas por las que figura investigada una veintena de personas por delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización o grupo criminal.