El juez de León solicita 10.000 euros de fianza a IU para personarse en Enredareda

El magistrado de Instrucción número 1 de León, Javier Muñiz Tejerina, ha exigido a Izquierda Unida una fianza de 10.000 euros para poder personarse como acusación popular en las diligencias abiertas en la pieza leonesa de la operación Enredadera, que inició un juzgado de Badalona (Barcelona) en 2016, y cuya macrocausa se han repartido entre dos órganos de la provincia, el de León capital y Astorga.

La operación Enredadera se materializó el pasado mes de julio con el registro ordenado por el juez de Badalona Pablo Jesús Alonso de 43 ayuntamientos de toda España y 31 personas investigadas, a las que la Unidad de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía grabó horas de conversaciones durante dos años.

La decisión sobre la cuantía de la fianza del juez Muñiz Tejerina no ha agradado a la coalición al considerar elevada la misma. Por ello, ha decidido recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial de León, sin que la Sala haya resuelto todavía.

Alguna de las defensas se opone a la presencia de IU en esta causa, en la que figuran grabaciones del alcalde de León, Antonio Silván, con el principal investigado, José Luis Ulibarri, y varios concejales.

Por el contrario, la personación de IU ha sido justificada por fuentes del partido para tratar de aclarar si hubo tráfico de influencias o prevaricación de cargos públicos, con el fin de favorecer a empresas de la trama, que buscaba obtener concursos en materia de seguridad vial, tráfico, obras y servicios en ayuntamientos de la provincia. Desde León capital a San Andrés de Rabanedo, Ponferrada, Hospital de Órbigo, Villaquilambre o Astorga.

De acuerdo con el de Badalona, el juzgado de Instrucción número 1 de León dictó un auto el pasado 26 junio por el que asumía las diligencias vinculadas al contenido de las grabaciones de su partido judicial.

Más de tres meses después, letrados de las defensas han expresado su malestar porque no se les haya dado traslado de nueva documentación, referida sobre todo a los papeles requisados por la Policía en los registros de las oficinas, viviendas y sedes de empresas, así como del material obtenido en los ordenadores personales y societarios.

Por otra parte, el empresario José Luis Ulibarri ha decidido contratar como abogado defensor al letrado leonés Juan Muñiz para que se haga cargo de las diligencias que se llevan en las dos piezas separadas de los juzgados leoneses, una decisión por «operatividad procesal».

Tanto el juez de León como el de Astorga investigan las conexiones entre alcaldes y concejales con el constructor a partir de varios concursos públicos. El Juzgado de Badalona ha remitido parte de la documentación a dichos órganos, y se espera ahora que la UDEF la complete con los informes referentes al material informático requisado, así como los expedientes de concursos que el juez Pablo Alonso solicitó a los respectivos ayuntamientos.

El despacho jurídico Muñiz Bernuy y Asociados funciona desde 1945, y es la tercera generación que asesora sobretodo en materia mercantil y laboral a empresas de la provincia leonesa.

No obstante, la defensa a Ulibarri de Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Derecho Penal en la Complutense, se mantiene para las diligencias principales del Juzgado de Badalona.

De hecho, Ramos, que indicó ayer que está pendiente de que «se les llame de nuevo a declarar», sigue presentando escritos relacionados con la causa, como el de la devolución de 63.000 euros encontrados en un chalet de Simancas en el que residió el constructor.

El hijo del constructor ha reclamado al juez el reintegro de dicho importe, tras alegar que no pertenecía a su padre y lo tenía guardado en casa de la madre.

Luis Rodríguez asistió tanto al constructor como a otro directivo del Grupo Ulibarri, Manuel Manovel, durante las declaraciones que prestaron ambos en Badalona, después de pasar a disposición judicial. El empresario fue puesto en libertad el pasado 14 de septiembre tras 72 días en una prisión catalana.

Su letrado volvió ayer a insistir en la inocencia de Ulibarri y «espero que esto acabe pronto. Todo ha sido una falsa alarma y no existe ningún delito penal imputable a mi cliente. Aunque se haya metido mucho ruido», apostilló Ramos.