El juez impone una fianza de 18 millones en 24 horas a los acusados del caso Perla Negra

Requiere esta suma para garantizar las responsabilidades civiles que pudieran imponérseles durante la vista oral del juicio, que celebrará la Audiencia de Valladolid, casi con toda probabilidad, antes del verano. El magistrado César Gil Margareto requiere el pago solidario de esta cantidad en el plazo de 24 horas, con el apercibimiento de que, de no prestarla, «se les embargarán los bienes en cantidad suficiente para asegurar esta suma».

Tendrán que responder de esta fianza los exviceconsejeros de Economía y Empleo Rafael Delgado Núñez y Begoña Hernández Muñoz; los funcionarios que estuvieron al frente y en el consejo de administración de Gesturcal, la empresa pública que compró el edificio y el suelo de Portillo, Juan Carlos Sacristán Gómez, Salvador Molina Marín y Francisco Armero Gutiérrez; así como los empresarios y apoderados Alberto Esgueva Gutiérrez, Germán Martín Giraldo, Ángel Román Montes López, Luis Antonio Recio, Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez Herrero y Carlos González Maestro.

Esta elevada cuantía que se solicita como fianza, señalan fuentes del caso, se corresponde con las importantes peticiones de indemnización realizadas tanto por el ministerio fiscal como por la acusación particular (que ejerce el PSOE) y la Junta de Castilla y León, que se persona como perjudicada, en concepto de responsabilidad civil. Las más altas son solicitadas por el Partido Socialista, que reclaman que se imponga una indemnización solidaria a pagar a la Administración autonómica que suma 50,8 millones de euros por la pérdida patrimonial derivada de ambas operaciones.

Los abogados defensores ya han anunciado que recurrirán la medida. El juez también les ha dado un plazo de diez días a los letrados para que presenten sus escritos de calificación, que presumiblemente también recurrirán por considerar que es poco tiempo en relación con los dos meses que han tenido las acusaciones.