Los jueces tumban la adjudicación de 200 cátedras de instituto

El fallo insiste en que esos puntos «no son compatibles con el concurso de méritos que se ordena seguir; penaliza enormemente los restantes méritos académicos (...) y limita la objetividad en el acceso a las funciones públicas». Los magistrados recuerdan a Educación que su sistema «es contrario a la regulación que se sigue en otras comunidades autónomas» y que convertiría un concurso de méritos en una especie de concurso-oposición. «Los méritos deben ser aquellos de los que disponga el interesado cuando la norma lo convoque y lo determine y no obtenerlos en la propia convocatoria (...) pues ello desvirtuaría el medio de acceso». El fallo condena a Educación a pagar las costas, anular esa baremación y «reponer las actuaciones al momento de calificación de los méritos de los concursantes».

Han pasados meses de este fallo y los opositores afectados, los 200 adjudicados y los que se quedaron en puertas, no saben cuál será su futuro. «No sabemos cuántos podrán mantener su plaza, pero el caso es que los destinos fueron adjudicas, están cobrando sus complementos. La Junta no responde a nuestras preguntas», lamenta la presidenta de la Asociación de Profesores de Enseñanza de Secundaria de Castilla y León, Cristina Fernández Estalayo.

También desde las centrales sindicales se reclama una salida. «Con el déficit tan grande que hay de catedráticos, hemos pedido a la Junta que no se eche a nadie de los que han salido y que se añadan aquellos a los que perjudicó el sistema de acceso con arreglo a la sentencia», explica la portavoz de Educación en CSIF, Isabel Madruga.

Ese déficit de cátedras de Secundaria es uno de los más acusados en España. La ley educativa habla de un porcentaje del 30% de catedráticos en las plantillas de los institutos, una cifra que hoy apenas supera el 3%.

Este proceso parece gafado. En febrero se cumplieron dos años de este concurso para cubrir 200 plazas. El coronavirus lo retrasó todo y las pruebas se realizaron finalmente en la primavera de 2021. El 27 de julio de ese año se cerró la primera lista de aspirantes que habían superado el procedimiento. La Consejería lo congeló todo ante la avalancha de recursos y no comenzó a adjudicar las plazas hasta hace apenas un par de meses.

Este proceso de exámenes a cátedras de instituto añadió otro conflicto después de que docenas de profesores titulares y catedráticos de universidad que acudieron voluntarios para formar parte de los tribunales estuvieron durante meses reclamando a Educación el pago de las dietas y los gastos personales que les supuso desplazarse a Valladolid, lugar donde se hicieron los exámenes. El pago les llegó después de que hicieran públicas sus reclamaciones.