Las jubilaciones y los bajos sueldos dejarán sin el 80% de los médicos a las ocho cárceles de la región

Son funcionarios y no pertenecen al Sistema Nacional de Salud y ello pese a que la ley de mayo de 2003, con una moratoria de hasta noviembre de 2004, imponía la transferencia en toda España de este personal sanitario, además de los enfermeros, auxiliares y farmacéuticos. Colectivos estos últimos que también sufren discriminación salarial de entre 1.000 y 500 euros al mes, según categorías, y que también han visto disminuir sus plantillas.

La falta de atractivo de los puestos de trabajo ya ha provocado que a las últimas oposiciones nacionales en las que se sacaron 35 plazas solo se presentaran diez aspirantes y que, «cuando se convocan para una interinidad y solo hay que pasar una entrevista, también se desprecien», destacan fuentes de los afectados. Y es que un médico recién especializado puede elegir y lo hace, opta por una plaza en un centro de salud o en las urgencias hospitalarias y no por atender a presos porque está mal pagado y con menos destinos posibles. El resultado es que ahora mismo las plantillas de las ocho cárceles de Castilla y León no están cubiertas, en general, ni al 50% y el número de internos se mantiene más o menos estable –entre 3.666 ahora y 4.342 hace dos años–. Si a este problema se le suma la cercanía de un buen número de jubilaciones –más los muchos que preparan oposiciones para pasarse a Sacyl– en los dos a cinco próximos años, el 80% de los médicos del sistema penitenciario ya no estarán ni se habrán sustituido con nuevas generaciones. Son los datos y cálculos de Plataforma de Sanidad Penitenciaria. La situación es desigual entre prisiones, especialmente negra se presenta ya en la vallisoletana de Villanubla donde la relación de puestos de trabajo recoge seis médicos y ya solo quedan cuatro, de los cuales tres se jubilan este mismo mes de junio y el que queda prepara oposiciones para irse. O en la leonesa de Mansilla de las Mulas, donde de los ocho de plantilla solo quedan cinco (uno de baja); dos se jubilan en mayo y otros tantos en 2020, quedaría uno dentro de un año. Algo más contenida es la de situación de Segovia donde de seis hay cuatro y hasta dentro de tres años no abandonará la vida laboral ninguno.Pero reposición prevista no hay en ninguna.

Son dieciséis años de incumplimiento legislativo. La consejerías de Sanidad yel Ministerio delInterior no llegan a un acuerdo, no mueven ficha. Solo, desde 2011, Cataluña que asume todo el sistema penintenciario y el País Vasco responden a esta normativa y pagan más a los funcionarios sanitarios que a los estatutarios de Atención Primaria, el resto sostiene similar desequilibrio. Sacyl explica a este respecto que «hace tiempo se planteó desde Instituciones Penitenciarias este cambio. Entonces se solicitó información sobre los recursos disponibles y se facilitó el poder partir de esa información. Desde entonces, ya hace meses, no ha habido nuevas iniciativas del ministerio». La Junta asegura que «no está en contra; pero que ve importantes dificultades, entre ellas la de que con los medios actuales no sería asumible».

Para Sacyl hacerse cargo de esta asistencia obviamente sería un problema porque conlleva una organización específica, más médicos y sobre todo más dinero. Algunas voces han planteado que no tengan personal sanitario propio sino que dependan, como el resto de la población, del ambulatorio correspondiente. No parece viable por motivos de seguridad, organización y coste. Ya la atención hospitalaria se realiza mediante convenio porque obviamente cada cárcel no puede tener un hospital;pero la población reclusa forma cupos, frecuentación y complejidad que justifican fuertes plantillas asistenciales.

Apuntan también los afectados a que no se trata solo de los derechos humanos de los reclusos, que «por su puesto», sino de un problema de salud pública. «El control tiene que ser muy bueno, tienen más infecciones, hepatitis, tuberculosis... y salen de permiso penitenciario...».

Explica Carmen Hoyos, portavoz de Sanidad Penitenciaria de la Organización Médica Colegial, que «el problema no es económico aunque tengan que negociarlo» y destaca que «mientras el gasto en la sanidad de las prisiones de la región es de 4.418.723 euros, el de Primaria y Especalizada de la comunidad es de 3.201,9 millones». Según el estudio sobre la situación de la sanidad penitencia de este colectivo, «un recluso supone un gasto de 1.132 euros en Primaria, 500 en Especializada y más 661 de farmacia; lo que suma unos 2.300 euros y una persona de la calle supone 1.300 euros». Analiza así esta portavoz el estancamiento de esta situación y recuerda que «lo más que se avanzó fue con la aprobación de una proposición no de ley por unanimidad para activar el traspaso; pero, de ahí, no se ha pasado. Cuando están en la oposición nos apoyan y cuando están en el Ejecutivo y tienen poder para hacerlo, nos ignoran. Y así con todos los partidos». La situación «es grave. No hay personal sanitario, y va a empeorar en los próximos años. Los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y ACAIP nos han ignorado, nuestros problemas laborales no les interesan. Tenemos prevista una convocatroia de huelga de la mano de una central muy joven pero muy eficaz, Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria, que dará cobertura legal a la convocatoria después de que se anulara cuando la convocó la plataforma».

La fecha de esta movilización se anunciará una vez que se formen los gobiernos tras las elecciones generales y autonómicas. La citada plataforma está configurada a nivel nacional para unificar a todos los profesionales afectados y plantear el paro total de la profesión. Asegura que se ha llegado a un punto «insostenible» y que se están «vulnerando los derechos humanos de los presos»

También otros colectivos, como los farmacéuticos se ven negativamente afectados por esta situación. Aseguran que hay «graves irergularidades» en la prestación e este servicio además «de falta de medios materiales y humanos para controlar las farmacias penintenciarias, incluso, en algunas demasiado acceso a los medicamentos».