Nuestra Constitución Española, marco de convivencia y garantía democrática y de progreso

Hoy escribo estas líneas con la reciente pérdida irreparable de nuestra queridísima Concha Velasco, siendo ella el mejor ejemplo posible de lo que supone suscitar consenso en torno a su persona. Toda la gente la quería y la admiraba. Algo así pasa con nuestro período de transición que fue modélico y su resultado jurídicamente más relevante fue brillante, nuestra Norma Fundamental.

Este año celebramos el cuadragésimo quinto aniversario de la Constitución Española de 1978. La Carta Magna representa un momento ejemplar, en el que personas con pensamientos muy dispares buscaron puntos de acercamiento, apartaron a un lado rencores y prejuicios y dieron pie a la mayor época de progreso de nuestra historia común como Nación. Y, 45 años después, la vigencia de sus postulados sigue amparando los derechos fundamentales de todos los españoles y el principio de legalidad que debe presidir toda democracia occidental.

Por ello, cualquier intento unilateral de ruptura de ese principio no es sino la prueba inequívoca de un error mayúsculo que, lejos de mejorar el articulado de la Norma General, supondrá conculcar las esenciales reglas de igualdad que libremente nos hemos dado.

Justificar la ley de amnistía en aras de un pretendido mal menor es elevar el argumento hasta el absurdo. Porque la negación de un delito juzgado y el reconocimiento implícito de que el Estado se equivocó y, por tanto, debe pedir disculpas a los autores del daño provocado, no deja de ser la antítesis de la razón y el quebranto de la imprescindible equidad que tiene que regir la convivencia en una sociedad moderna. Se está provocando el debilitamiento de la fortaleza de la Carta Magna, cuando no su obscena interpretación.

Medidas como la que se quiere alumbrar evidencian una patente perversión del Estado de Derecho. De aprobarse, será como decir que las decisiones adoptadas por el Poder Judicial a propósito de lo acontecido en octubre de 2017 en Cataluña han sido antidemocráticas. Este permanente ataque al Poder Judicial trata de minusvalorar su función independiente, desdibujando su plena autonomía.

No es posible que sea constitucional vulnerar la propia Constitución. El Poder Constituido (incluso el legislativo lo es) no puede aprobar una amnistía de ese calado. Solo podría hacerlo el Poder Constituyente. Es decir, el pueblo español, por los cauces debidos. La Constitución lo impide. En cambio, si se planteara un referéndum, pero de todos los españoles, podría entenderse que intervendría, en cierto modo, el Poder Constituyente. Pero desde luego este no es el caso que nos ocupa. El Parlamento no puede ir contra lo dispuesto en la Constitución, y la amnistía no merece la pena por siete votos.

En este aniversario de la Carta Magna conviene mirar hacia el pasado para encarar con firmeza un presente inquietante. En una democracia consolidada como es la nuestra, pretender romper los grandes consensos que han presidido estos 45 años de esfuerzo común es poco menos que tirar a ciegas por la borda del despropósito el más grande salvavidas que entre todos hemos construido: el Estado de Derecho y el consiguiente cumplimiento de la Ley. De ahí la necesaria apelación a la cordura, al diálogo permanente, a la lealtad entre instituciones y a la infatigable búsqueda de acuerdos y proyectos de Estado y de encuentro para dejar a las siguientes generaciones una España mejor que la que encontramos.

Hoy,6 de diciembre de 2023, 45 aniversario de la Constitución Española, debemos recuperar los valores que elegimos libremente en una etapa que ha sido referente, que siempre debería estar en la memoria de todos y ser nuestra guía de actuación y que deberíamos inculcar su esencia a los más jóvenes. No olvidemos que la Constitución es el marco de nuestros valores democráticos y honrarlos y respetarlos cada día es lo que nos hace más fuertes, para lograr entre todos el progreso y una convivencia en paz, tan necesaria como imprescindible, a la que no podemos ni debemos renunciar.

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