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Apenas había tomado la medida al despacho de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, cuando el coronavirus aparcó reivindicaciones históricas de esa casa, ... como la Autovía del Duero o la dotación de cuarteles y comisarías. Javier Izquierdo Roncero (Mieres, Asturias, 1970) confiesa haber vivido unas semanas de una «intensidad terrible» y defiende una gestión gubernamental de la que resalta en Castilla y León 137.000 trabajadores con prestación por ERTE; 55.000 autónomos cobrando por cese de actividad y 13.000 operaciones avaladas por el ICO. «Hubo una manera de salir de la crisis y hay otra manera de salir de la crisis», subraya.
–Mañueco y Tudanca avanzan en un pacto de reconstrucción. ¿Son mejor Mañueco y el PP regional que Casado y el PP nacional?
–La diferencia está en cuando el PP está en el gobierno o en la oposición. Zapatero propuso un pacto contra el terrorismo en la oposición que firmó el PP. Lo primero que hizo el PP al pasar a la oposición fue sacar a la gente a la calle. Cuando hubo que aplicar el artículo 155, allí estuvo el PSOE, arrimando el hombro. Ahora estamos ante un PP que no se conduce como un partido de gobierno ni de Estado.
–Ha dado la impresión de que el diálogo desde La Moncloa hacia la oposición ha sido poco fluido, ¿cree correcta la actuación del presidente Sánchez?
–Seguramente todo es mejorable, pero si uno repasa los debates de las prórrogas del estado de alarma, el primero, que sí apoyó el PP, ya lo hizo con una crítica muy agresiva. Se ha llegado a acusar al Gobierno de querer acabar con la propiedad privada, con las libertades, con la democracia... Fue un voto a regañadientes. Eso genera dificultad para el diálogo, la actitud del PP ha sido de todo menos leal. Y el Gobierno asumió la propuesta del PP de llevar el pacto de reconstrucción al Congreso.
–El presidente del Tribunal Superior de Castilla y León, José Luis Concepción, aseguró en una entrevista en Onda Cero, con Carlos Alsina, que el Gobierno abusa del estado de alarma coartando derechos fundamentales.
–Como responsable público y por convicción democrática respeto y valoro mucho la separación de poderes. Me gustaría que desde todas las magistraturas del Estado se hiciese lo mismo.
–Las medidas de aplicación del estado de alarma han estado salpicadas de contradicciones, con reflejo en el BOE, ¿considera que han dificultado su aplicación?
–¿Pero cuáles son las contradicciones en el BOE?
–Entre la información transmitida por el presidente y los ministros y lo publicado en el Boletín o la demora en publicar la regulación sobre salida de niños, tramitación de ERTE...
–Eso no son contradicciones, son dudas. Llevamos cerca de doscientas de normas sobre el covid. No se hacen en un chasquido y se van elaborando en función de cómo evoluciona la situación sanitaria. Pido comprensión por el esfuerzo jurídico que requiere. Además, hay infinidad de manuales de consulta de dudas.
–¿Cómo valora la actitud de la Junta hacia el Gobierno central?
–Ha habido momentos con alguna frase más alta de tono. Yo he tenido una relación cordial con el presidente de la Junta y he trabajado muy a gusto con Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Fomento y Medio Ambiente.
–¿En qué se ha plasmado?
–Hemos tenido un contacto diario e intenso para resolver cuestiones con celeridad. Por ejemplo, en desinfección en residencias de mayores con la UME y otras unidades de las fuerzas armadas.
–Durante la crisis ha habido una guerra de cifras sobre las aportaciones del Gobierno en material de protección. El último dato ofrecido por el PP las sitúa en un 2,75% del total. ¿Es correcto?
–Está muy lejos de la realidad. Sinceramente, no me apetece entrar en guerras de cifras. Lo crucial era haber podido llegar a tiempo, aportar test, equipos de protección, y el que quiera entretenerse en disputas de ese tipo se equivoca.
–¿El abastecimiento de equipos de protección está garantizado?
–Hay que hacer una reflexión sobre si un país como el nuestro se puede permitir carecer de una industria de carácter estratégico que produzca equipos de protección. Ahora la hay. Parte del esfuerzo del Ministerio de Industria, que dirige nuestra paisana Reyes Maroto, ha ido encaminada a esa reconversión para autoabastecernos. Creo que en estos momentos está garantizado.
–¿Fue un error no limitar movimientos desde Madrid? ¿Lo han pagado Soria y Segovia?
–A toro pasado se pueden hacer diagnósticos muy distintos. Seguramente los que hoy claman porque el estado de alarma produce restricciones de derechos, si se hubieran tomado otras decisiones, se habrían quejado de lo contrario. Creo que el Gobierno reaccionó siguiendo criterios científicos y con medidas con efectos positivos porque se minimizaron los contagios.
–¿Abordar una pandemia desde 17 compartimentos autonómicos refuerza o debilita?
–No es tanto que un estado autonómico debilite, como que hagan falta sistemas más estables de coordinación. No será por veces que el ministro de Sanidad se ha visto con consejeros o el presidente delGobierno con los presidentes autonómicos.
–¿Si los datos no son certeros y hay disparidad, cómo se toman decisiones acertadas?
–¿Por qué los datos no son certeros? Las afirmaciones a veces...
–... Por ejemplo, si solo se tienen en cuenta los casos con prueba y no ha habido test, el punto de partida no será real.
–Para esto está el estudio serológico también (está ahora en marcha), para ver el impacto del virus.
–La cuestión es la toma de decisiones en tiempo real.
–Hay que partir de algunas realidades, una de las carencias al principio fue la falta de test. Hemos ido adaptando la toma de datos en función de los medios. A la vista de la radiografía del estudio serológico, parece que las decisiones fueron correctas. Entiendo que qué se mide y cómo se mide está acordado entre todas las comunidades y la información llega de la misma manera.
–¿Qué cuantía llegará a Castilla y León del fondo anticovid? ¿Qué ha influido en el cambio de criterios de reparto, de población pura y dura a baremos ligados al coste efectivo como positivos, hospitalizados, pacientes de UCI?
–La Junta ha trasladado cifras alejadas de la realidad, probablemente el montante esté en el entorno de los 900 millones. Son 16.000 millones, de los que 10.000 se distribuyen en función de la crisis sanitaria, del coste efectivo del tratamiento. Eso estará sobre los 600 millones. Es una estimación mía, muy personal. Hay otros 1,000 para reparto de gasto social y otros 5.000 que dependerán de la caída de la recaudación fiscal. No entiendo la crítica de la Junta. Para nuestra desgracia, saldremos beneficiados porque hemos afrontado un mayor coste sanitario por la población infectada.
–¿Hasta cuándo podrán aguantar las arcas públicas el ritmo de pago de prestaciones?
–Habrá que ver el marco europeo. Hay una batalla que dar y sería importante una posición de España como país, de respaldo a las demandas del Gobierno de una reconstrucción con financiación europea. Aquí se pone de manifiesto que hay una manera distinta de salir de la crisis. En la anterior vimos despidos por enfermedad y masivos, no vimos moratorias hipotecarias ni ayudas a los autónomos, solo cierres de negocio y un rescate a la banca. Ahora vemos una salida que da cobertura social a la gente.
–¿Están al día de pago a trabajadores en ERTE en Castilla y León?
–Tenemos aún algún retraso, pero ha sido enorme el esfuerzo de los trabajadores del Servicio Estatal de Empleo para intentar que las personas pudiera cobrar y no toda la documentación que ha llegado estaba en las condiciones adecuadas. Pido disculpas a los que no han podido cobrar.
–Se va a poner en marcha una Renta Mínima de Inserción que solapa las rentas regionales para personas sin recursos, ¿cómo van a gestionar para evitar un trato desigual a las comunidades?
–Todos los territorios tienen algún tipo de ingreso mínimo.
–Sí, pero de distinta cuantía y cobertura.
–Los hay que tienen más incluso que Castilla y León. Se trata de garantizar un mínimo para todo el país y que todos los ciudadanos puedan hacer frente a gastos que dan dignidad a la vida. Se está estudiando cómo. Es un dinero que va a revertir en la economía, en consumo atomizado, frente a concentrar la ayuda solo en la banca como ocurrió en la crisis anterior.
–¿Qué es lo que más teme de la desescalada?
–Más que temor, yo traslado una recomendación. No podemos tener un policía detrás de cada ciudadano. Es muy tentador ver a amigos, celebrar cumpleaños, hacer deporte de equipo, sentarse en un corrillo en un parque, pero es un riesgo. Depende mucho más de nosotros respetar las normas. No nos podemos ver con quienes no convivimos.
–¿Cuál es el balance de denuncias? ¿Temen un repunte?
–Del orden de 44.916 y 280 detenidos. No hay ánimo recaudatorio, sí de poner de manifiesto conductas que ponen en riesgo la salud de la población. Hay auténticas barbaridades.
–¿Habría sido pedagógico mostrar crudamente lo que se ha vivido en los hospitales y las residencias de mayores?
–Yo creo que la gente, en general, respeta las normas, y que no habrá habido una cosa de la que la gente esté más informada que de esa emergencia sanitaria. Es monotema. Nadie puede decir que no es consciente de que esto mata. Quien frivoliza, demuestra una gran irresponsabilidad.
–En un país que ha encarado una pandemia sin test y sin protecciones básicas, con sanitarios contagiados, 27.100 muertos oficiales... ¿echa en falta que alguien dimita?
–El índice de contagiados entre los sanitarios es similar al de la población general, según el avance del estudio serológico. Sobre las dimisiones, creo que es el momento de arrimar el hombro y buscar soluciones a esta crisis. Quien se dedica única y exclusivamente a criticar la gestión, lo único que hace es entorpecer. Prefiero que ahora gestionemos la crisis y después que se valore la gestión cuando proceda.
–¿Cree que sacaremos alguna lección de la covid?
–Yo tengo las mías sobre la capacidad de producción. También sobre si queremos un Estado del Bienestar sólido, una sanidad, una educación y unos servicios sociales, que nos garanticen que vamos a poder afrontar nuevas crisis. Si la respuesta es sí, tenemos que hablar de cómo pagamos todo eso, de un sistema fiscal más justo.
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