Isabel Blanco: «El criterio para enviar a un residente al hospital es de Sanidad, no nuestro»

–¿Se le ha pasado por la cabeza dimitir dada la cifra de muertos de las residencias (2.530 de los 3.658 de Castilla y León)?

–No. Había que estar aquí, había que trabajar. Se ha hecho mucho bueno. El 73% de los centros, hablamos de 1.214, han estado limpios. Se han cometido errores, evidentemente. El modelo residencial ha demostrado sus carencias en Castilla y León, en España y en todo el mundo. Esta enfermedad afecta a las personas más vulnerables y en el momento que ha entrado en una residencia de válidos, se han convertido en asistidas. Eso incrementa la carga. En los momentos más duros es cuando hay que tirar adelante.

–¿Qué decisiones van a tomar ya para que las residencias respondan ante una posible nueva oleada de la covid?

–Las hemos tomado a medida que surgían los acontecimientos. El 18 de febrero empezamos a enviar recomendaciones de higiene, el 11 de marzo se restringieron visitas y el 13 se prohibieron... ¿De cara al futuro? Las residencias deben tener una mínima dotación de EPI (equipos de protección) por si vuelve a pasar una crisis como esta. En tiempo récord hemos desarrollado una aplicación informática que nos da información real de los centros, que vamos a seguir mejorando.

–Ha habido centros que sí estaban preparados, habían comprado equipos... que lo vieron venir.

–Había residencias que tenían más dotación de material y otras que tenían menos. ¿Que se viera venir esto? Yo creo que nadie lo vio venir. Cuando un país lleva dos meses confinado en su casa, ha habido que montar hospitales de campaña... Cuando todavía estamos desescalando... Esto no lo vio venir nadie.

–¿Tienen suficientes inspectores para vigilar que los empresarios de residencias cumplen con la ratios de personal?

–Hay un plan de inspecciones y se van realizando en todos los centros. Durante este periodo se han incrementado, no solo por comprobar ratios y demás, también por ir viendo los problemas a los que se enfrentaban las residencias y dar soluciones. En este mes y medio se han visitado más de 300 centros. Algunos de ellos ocho y nueve veces.

–¿Y con anterioridad?

–También se visitaban. Había un plan de inspección. ¿Que habrá que reforzarlo? Pues habrá que hacerlo, evidentemente.

–¿Está satisfecha con la información que le han facilitado las residencias privadas?

–Entendimos que había que dar los datos de las residencias y casi partimos de cero, a partir de la aplicación que gestiona la atención a la dependencia, con un nuevo módulo para llegar a todos los centros. Lo hacemos desde el día 20 de marzo. Hasta entonces se recogen llamando personalmente a todos los centros. Primero personas fallecidas con coronavirus, casos confirmados y en aislamiento. Luego se incorporan los fallecidos con síntomas compatibles. Son los centros los que los cargan y se van ampliando datos, como los fallecidos en hospital y en la residencia...

–¿Pero está satisfecha con la colaboración que han tenido desde las residencias? Ahí están las quejas de las familias.

–A nosotros, cuando les hemos llamado para pedir información, nos la han dado. La cargan en el programa y hay un responsable, con clave y código, y adjuntan la documentación. Ahora, en mayo, se ven las cosas de otra manera, pero hay que ponerse en plena pandemia. Las residencias se vieron desbordadas. Ante esa situación, lo primero es atender.

–Las familias siguen quejándose hoy de falta de información y de que no se ha trasladado a los ancianos al hospital.

–Hemos insistido mucho, mucho, en que la comunicación tenía que ser permanente con las familias. Se repartieron 250 'tablets' y teléfonos grandes para ello. El traslado o no a los hospitales es por criterio médico, de Sanidad. Como Servicios Sociales lo hemos dicho muchas veces, las residencias no son hospitales, son hogares.

–Le pongo un caso concreto de una familia que comunica con una anciana, intuyen que no está bien y ante la negativa del centro a enviarla al hospital llaman al 112, desde donde les indican que si no les avisan del centro no pueden ir. ¿En qué situación queda esa familia y la anciana?

–El traslado a los hospitales, el tratamiento de esas personas, son criterios sanitarios.

–¿Esperan una avalancha de reclamaciones por fallecimientos en centros propios? Tienen residencias como La Rubia, en Valladolid, sin un fallecido y otras...

–...Sí, la de Asistida de Segovia, por ejemplo. similar en características y en uno no ha entrado el virus y en otro, sí. Era muy contagioso y afectaba a las personas más débiles, que son las que están en nuestros centros. En Segovia entró muy pronto y la mortalidad donde ha entrado es entre el 25% y el 30%.

–¿Y esperan esas reclamaciones de familias de residentes en centros propios o privados, por la responsabilidad de supervisión?

–Es que eso es una hipótesis de lo que va a llegar o no va a llegar y de cómo vamos a llegar.

–Usted ha dicho que las quejas que tienen son muy puntuales.

–Me preguntaban si habíamos tenido quejas sobre una materia específica (por omisión de auxilio y negativa de traslado hospitalario) y las que han llegado a la consejería son puntuales, teniendo en cuenta que hablamos de casi 48.000 residentes.

–¿Cree que la ratio de sanitarios y gerocultoras es la adecuada?

–Son las que están establecidas en un Consejo Territorial de Servicios Sociales.

–¿Más allá de lo legal, a la vista de lo vivido, le parece adecuada?

–A la vista de lo que hemos vivido, es que residencias que estaban adaptadas para personas válidas, cuando caen enfermas, se convierten en asistidas. El problema es un virus que tarda entre cinco y catorce días en manifestarse, que se contagia y tarda en dar síntomas. Hay residencias con mucho personal que han tenido problemas.

–¿Cómo van a articular la asistencia sanitaria que requieren los internos de las residencias?

–Habrá que hablarlo con Sanidad y estudiarlo.

–En dos últimos decretos de la Junta que el Tribunal Superior echó para atrás se suavizaba la exigencia de médicos y enfermeras en las residencias. Y tenían un tercer decreto en trámite que insistía en esa línea.

–Es que volvemos a hablar de lo mismo, las residencias no son hospitales y todas las personas que están en ellas tienen derecho a una sanidad pública. Habrá que sentarse con Sanidad a estudiar el modelo, pero partiendo de esas premisas.

–Pero son internos con multipatologías que requieren rondas diarias de cuidados: sonda, curas, aerosoles...

–Estamos mezclando el día a día de una situación ordinaria con el de una pandemia, que es extraordinaria no, lo siguiente. Necesitarán unos cuidados; médicos, de fisioterapeuta, de rehabilitación. ¿El tema sanitario? habrá que sentarse con Sanidad y estudiar cuál va a ser la atención a esos centros, teniendo en cuenta que las residencias son hogares y que todos los usuarios tienen sus tarjetas sanitarias. En los centros que había médicos ha habido la misma mortalidad que en los que no los tienen. En muchos casos son los primeros que se han puesto enfermos.

–¿Han tenido problemas para contratar personal?

–Ha costado. Nosotros hemos contratado 667 personas en la Gerencia de Servicios Sociales. Han venido enfermeras y auxiliares de otras consejerías, de Educación, de Agricultura... Hemos ayudado a los centros privados todo lo que hemos podido. Hubo más de 400 voluntarios tras un llamamiento que hicimos.

–¿Han valorado en esa dificultad que la situación laboral y retributiva es peor en los centros de Servicios Sociales que en Sacyl?

–No hablamos solo del personal sanitario. Con el personal sanitario ha habido otro problema a mayores, con casos de enfermeras que estaban en una residencia y que han hecho falta en Sacyl, las han llamado y se han ido.

–Pero sí tienen esa disparidad laboral, ¿lo van a solucionar de alguna manera?

–Nos lo plantearon antes de que ocurriera esto, la asimilación de enfermeras y profesionales de Servicios Sociales con los de Sanidad. No es competencia de la consejería directamente.

–Pero Gobierno regional es uno.

–Sí, pero es competencia de Función Pública. Podemos estar de acuerdo, pero cada uno debe asumir sus competencias.

–¿Cuáles son los activos del modelo actual, qué ha funcionado?

–La unidades de convivencia han funcionado muy bien. Eso era el fondo de los decretos. Una residencia compartimentada. Unidades estancas con habitaciones individuales en su mayoría, con 16 personas atendidas siempre con el mismo personal. Son fáciles de aislar. Es una fortaleza.

–Habla del modelo residencial y el informe anual del Procurador del Común recomendaba reforzar la inspección y les instaba a no tener plazas residenciales sin ocupar habiendo lista de espera. ¿Comparte ese análisis?

–Las inspecciones se han reforzado durante esta pandemia y eran plazas que necesitan reforma para pasar de válidos a dependientes. Las obras llevan su tiempo.

–Lo que denotaba es que podía haber problemas estructurales antes de que estallara la pandemia, detectaba lista de espera...

–¿La lista de espera cómo ha afectado a la pandemia? Que haya una lista de espera no ha afectado más o menos al modelo actual. Comparar...

–No comparo, usted habla de las unidades de convivencia y del modelo residencial...

–...Ese informe no criticaba las unidades de convivencia. Es el formato hacia el que avanzar.

–Sí que recomendaba, en este caso el Consejo Consultivo, en los dictámenes sobre esos decretos que las regulaban, que aclararan cómo iba a ser la asistencia sanitaria.

–Pero estamos hablando de un decreto que ahora mismo ha quedado en los cajones. Vamos a sentarnos a trabajar sobre ese nuevo modelo con los expertos, los grupos (políticos), los usuarios, la sociedad...

–¿Considera necesario crear más plazas públicas como reclaman PSOE y Podemos?

–El 80% de las plazas de Castilla y León están financiadas con fondos públicos. En centros públicos, que son un 30%, o con plazas concertadas o vinculadas. El virus no ha entendido de público o privado. La afección ha sido la misma.

–¿Y el control es igual en un centro público que en uno privado?

–Sí, si. Se realizan inspecciones y se abren expedientes. Se actúa seriamente.

–¿Le intranquiliza el peso de los fondos de inversión entre los propietarios de los centros privados?

–Me intranquiliza que las residencias no funcionen, independientemente de que pertenezcan al sistema público, a los ayuntamientos, a fondos de inversión o a organizaciones sin ánimo de lucro.

–El procurador de Por Ávila pidió en el último pleno de las Cortes que las residencias pasen de Familia a Sanidad, ¿cree que es adecuado?

–En las residencias de mayores se presta una atención social. Hay que desterrar la imagen de que son sustitutivos de hospitales.

–Esa ha sido una de las quejas de familias, que querían que llevaran a sus ancianos al hospital.

–Yo ahí... Son criterios médicos que no establecemos nosotros. Estamos hablando de hogares.

–¿Cómo valora la actitud del PSOE y de Luis Tudanca con la gestión de su consejería?

–La oposición ha sido leal, pero ha habido también críticas muy duras.

­–El PSOE ha expresado un respaldo explícito y sostenido hacia la consejera Verónica Casado y al enjuiciar su gestión Tudanca apreció que no era el momento de crucifixiones, ¿la teme cuando pasen estos días?

–Respeto la opinión de cada uno. Si la crítica es respetuosa y constructiva es una opinión contra otra opinión. Nos iremos enfrentando las críticas que haya. Unas tendrán razón y otras no. Lo que puedo garantizar es que lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Lo hemos dado todo.

–Ha afrontado esta crisis a los ocho meses de llegar a la consejería. ¿Le han Milagros Marcos y Alicia García, sus antecesoras?

–He tenido contacto con mucha gente, otra mucha ha dicho 'no llamo por no molestar'.

–Le pregunto por sus antecesoras.

–Ha habido contacto con mucha gente (silencio).

–¿Qué le gustaría trasmitir a los ciudadanos?

–Decirles que durante esta pandemia lo hemos dado todo, todo. La salud, el trabajo, lo que hemos podido, lo que hemos sabido. Los profesionales han dado el 200% y uff... hay que vivirlo, estar aquí.