La investigación sobre las cuentas de la exviceconsejera Hernández descarta enriquecimiento ilícito

Tras estudiar la información aportada por la Agencia Tributaria sobre propiedades y cuentas desde 2005 hasta 2015 –fecha en la que la exnúmero dos de Villanueva empezó a trabajar por cuenta ajena en KPMG, una multinacional de servicios de auditoría, fiscales, asesoramiento legal, financiero y de negocio– los investigadores concluyen que «no se detectan relaciones entre la investigada y las empresas privadas investigadas ni con los administradores o socios de las mismas».

Además, indican que «no se han verificado adquisiciones o enajenaciones de patrimonio inmobiliario, que estén por encima de las capacidades económicas de la unidad familiar», ni se advierten «a través de las cuentas o los activos financieros investigados ingresos o pagos de naturaleza sospechosa que revelen un enriquecimiento ilícito».

A pesar de esta conclusión, fuentes próximas a la investigación puntualizaron que ello no significa, de entrada, el descarte de la exviceconsejera respecto de otros delitos que se investigan, como la malversación, prevaricación o tráfico de influencias en la compra del edificio de Arroyo y las parcelas de Portillo. El letrado de Hernández solicitó el pasado junio que se sobreseyera el caso respecto de su representada, después de que el juez excluyera de la causa a once de la treintena de investigados, la mayoría, cargos de la Junta.

En el argumentario de su petición, Hernández sostuvo que, cuando era presidenta del consejo de administración de Gesturcal (después, ADE Parques) fue el consejero delegado del ente y principal investigado en la causa, Rafael Delgado, «quien tomó y llevó a cabo todas las decisiones ejecutivas, tanto en la de alquilar como la de comprar (el edificio de Arroyo de la Encomienda) y en la determinación del precio y demás circunstancias concurrentes». El propio Delgado también solicitó el archivo de la causa contra él y pidió que no se sobreseyera respecto de Hernández, entre otros aspectos, porque había defendido la compra en el propio parlamento regional, como recogen las actas del hemiciclo.

Las acusaciones mantienen que la operación fue fraudulenta, de entrada, al adjudicarse el proyecto a la única oferta de Urban Proyecta, que pudo disponer de información privilegiada y que el edificio costó a la Junta más de 71 millones de euros, un precio que consideran desorbitado, al igual que los cerca de 40 millones que pagó por las parcelas de Portillo, hoy, un erial.