La inversión pública toca máximos de diez años en Castilla y León

A falta de un mes para terminar el año, el avance provisional de obra oficial abierta en la comunidad elaborado por la Cámara de Contratistas de Castilla y León dejaba un total acumulado de 1.282 millones y una variación muy positiva, del 55,9% respecto al mismo periodo de 2020.

La administración central con 608 millones representa el 47,4% del total licitado y una variación del 70,1%. La administración regional ha abierto obras por valor de 291 millones, el 22,7% de la licitación en la comunidad. La variación respecto al mismo periodo de 2020 es del 10,8%. La administración local representa el 29,9% restante con 383 millones de euros y una variación positiva del 89,4% respecto a 2020.

Esos 1.400 millones de inversión pública con los que se cerrará 2021 no suponen solo un notable incremento con respecto al atípico en tantas cosas 2020, cuando se licitaron 899 millones, sino que también supera los 1.119 millones de 2019. El sector de la construcción contratista del Estado venía de una montaña rusa en la que pasó de los 4.568 millones licitados en 2009 a los 2.229 millones de 2011 y los 558 de 2012.

Como viene sucediendo en los últimos ejercicios, las obras del AVE son las que se llevan las mayores partidas y las provincias por donde va extendiéndose la red ferroviaria de alta velocidad reciben las inversiones más cuantiosas. Así, la construcción de la línea Palencia-Aguilar de Campoo, en el tramo Amusco-Osorno, recibió partidas por valor de 200 millones de euros del gestor de infraestructuras Adif.

En cuanto a las licitaciones de la administración autonómica, las más elevadas fueron las de la Consejería de Agricultura en Castrejón de la Peña (Palencia) para la creación de un embalse en el Arroyo Las Cuevas mediante la construcción de una presa por valor de 14,4 millones; así como las operaciones de conservación de carreteras de Fomento en Soria (12,6 millones) y la puesta en marcha del recinto CyLog con emisiones cero, en Ávila (12 millones).

La administración central registra, con sus 607,5 millones licitados, un incremento anual hasta noviembre del 70%, frente al 10,8% de la autonómica y el 89% de las entidades locales.

Palencia vuelve a ser la provincia que más crecimiento anual presenta, con una variación del 260%;seguida de Segovia (189%), Soria (109%) y Salamanca (101%). Empezando por el final aparecen Valladolid, donde las obras retroceden el 24,5% y León (-1%). En Ávila aumentan el 60%;en Burgos, el 86%;y en Zamora, el 90%. Las obras multiprovinciales pasan de 64,1 a 62,2 millones de euros.

Del total licitado en 2021 en la comunidad, 340 millones fueron destinados a edificación (instalaciones docentes, sanitarias, deportivas, industriales y residenciales) y 1.046 a obra civil (carreteras, ferrocarril, presas, depuradoras, redes de abastecimiento, de tratamiento de residuos...).

Desde la Cámara de Contratistas de Castilla y León advierten de que las principales carencias de la comunidad se refieren al ciclo del agua –la red de potabilizadoras es adecuada, pero el tratamiento de vertidos deja bastante que desear–;a la red de carreteras –con borrones históricos, como el de la Autovía del Duero–, la de transportes de mercancías por ferrocarril y la eficiencia energética.

El sector de la construcción despidió 2021 como uno de los de mayor recuperación laboral. Los 8.775 parados registrados a cierre de diciembre son 2.610 menos (22,9%) que un año antes. Las 40.351 personas afiliadas a la Seguridad Social por cuenta ajena en esta actividad suponen 2.046 más (5,3%) que en febrero de 2020, justo antes del estallido de la pandemia. En cuanto a los autónomos, los 23.703 afiliados en la comunidad en diciembre de 2021 también suponen algunos más que los 23.634 de veintidós meses antes.

Del colapso global de los precios de las materias primas, lo que más preocupa al sector es el coste de la energía, tanto la electricidad como el combustible, que en los peores momento del rally alcista se ha traducido en unas facturas que doblan las cuantías anteriores. Los mercados de futuros, advierten fuentes del sector, no muestran signos de alivio, de modo que el traslado de la presión a los precios de venta al público de todo tipo de bienes, productos y servicios será inevitable.

El nuevo decreto-ley que ha retocado la reforma laboral de 2012 señala expresamente que la modalidad ordinaria de contratación en la construcción pasará a ser la de tipo indefinido. La temporal de obra o servicio desaparecerá para el sector y será sustituida por un nuevo contrato indefinido de obra, cuya diferencia respecto al resto es que «podrán extinguirse por motivos inherentes a la persona trabajadora».

Una vez finalizada la obra, la empresa deberá ofrecer una propuesta de recolocación al empleado, previo desarrollo, si es preciso, de un proceso de formación. Si el trabajador rechaza la oferta o resulta imposible recolocarle al no existir puesto adecuado, el contrato se extingue con una indemnización del 7%.