Las instituciones propias o la televisión regional no supondrán un obstáculo entre el PP y Cs

A partir de ese momento, se irán poniendo sobre la mesa el resto de propuestas para completar un pacto de gobierno que, en el caso de Andalucía (donde gobiernan PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox), se tradujo en una hoja de ruta que contiene noventa medidas. En Castilla y León, esas mismas fuentes negociadoras aseguran que el documento andaluz no se ha puesto aún sobre la mesa pero, en caso de ocurrir y trasladar los compromisos andaluces a la comunidad castellana y leonesa, el acuerdo estaría prácticamente garantizado.

El texto andaluz contempla en su punto número siete la «supresión del Consejo Consultivo, cuya función sería desarrollada por los servicios jurídicos de la Junta». Aunque el funcionamiento y regulación de esta institución propia se recoge en el Estatuto de Autonomía, no sería imprescindible una modificación del mismo puesto que, como ocurrió en Extremadura, podría realizarse a través de una ley regional.

El pacto de gobierno andaluz contempla además la reforma de la Cámara de Cuentas (en Castilla y León es el Consejo de Cuentas) y una revisión de la ley que lo regula con el ánimo de «reforzar las obligaciones de colaboración de las administraciones públicas». Por otro lado, incluye una reducción del número de consejeros (algo que ya se hizo en Castilla y León) y una modificación del sistema de elección de los miembros aplicando un procedimiento público y abierto. En este punto se insiste también en que «serán de obligado cumplimiento los informes de fiscalización que emanen de la Cámara de Cuentas». En esta comunidad esto último tampoco ocurre: los informes que proceden de la institución que actualmente preside Mario Amilivia (anterior presidente del Consultivo) no gozan de ese carácter obligatorio.

De llegar estas exigencias a la mesa de negociación en Castilla y León, en el seno del Partido Popular no serían consideradas como un problema mayor. Los populares estarían dispuestos a incluir esas consideraciones sobre el Consultivo y el Consejo de Cuentas dentro de lo que han denominado «una reflexión general sobre las administraciones propias», según apuntan desde el PP. «No las vemos como líneas rojas», aseguran, y de hecho no se cierran a ninguna posibilidad, siempre y cuando «ganen en valor y sean organismos más eficaces».

Plan de medios

Otro de los asuntos que se detallan en el acuerdo andaluz y que, con salvedades, podría negociarse en Castilla y León tiene que ver con la televisión autonómica. De hecho, en el primer encuentro formal del jueves pasado, uno de los asuntos espinosos entre los dos partidos vino de la mano del plan de medios y los medios de comunicación. Algunos de los asistentes reconocieron entonces que se vivieron «algunos momentos de tensión».

En Andalucía, Canal Sur es un medio público sobre el que el nuevo Ejecutivo creará un «grupo de expertos que estudie las posibilidades de redimensionamiento y de mejora de la eficiencia en la utilización de los recursos». También se apunta en la dirección de aplicar reformas para garantizar «la profesionalidad, imparcialidad, pluralidad e independencia del poder político».

En Castilla y León, la televisión no es pública, está gestionada por la sociedad Radio Televisión Castilla yLeón, integrada por las empresas Promecal y Edigrup, aunque cuenta con una inversión importante (de entre 18 y 25 millones, según algunas fuentes) por parte del Gobierno regional. Además, en la legislatura pasada se constituyó una comisión de seguimiento en las Cortes regionales de la que forman parte todos los grupos políticos.

De plantearse este punto en la negociación entre el PP y Ciudadanos en Castilla y León, estarían dispuestos a reformar la comisión de seguimiento de la televisión, aseguran desde la formación conservadora, aunque puntualizan que «respetando siempre la independencia y profesionalidad de sus trabajadores». No lo consideran tampoco un escollo en la negociación con Ciudadanos.

Por lo demás, y tomando como referencia el pacto de gobierno andaluz con sus noventa medidas, los populares entienden que la gran mayoría de las exigencias que Ciudadanos impusieron a sus homólogos andaluces ya son de aplicación en Castilla y León. Es el caso, por ejemplo, de una ley que proteja a los funcionarios que desvelen situaciones corruptas en la Administración; la regulación de las funciones y sueldos de los altos cargos o la ley de autoridad del profesorado.

Solicitan además una regulación de carrera profesional de los funcionarios, que ya está en marcha en Castilla y León, o la obligatoriedad de celebrar debates electorales que en esta comunidad ya se ha aplicado en la pasada campaña tras incluirse en la última modificación del Estatuto de Autonomía.