Los inmigrantes reclaman en las Cortes sentirse ciudadanos «de pleno derecho»

Desde Cruz Roja Española, la colombiana Lina Ximena Álvarez lamentó que las 5.000 nuevas personas inmigrantes que el año pasado llegaron a Castilla y León sigan siendo «insuficientes» para evitar la despoblación que asola a la región. Las personas llegadas de países africanos representan el grupo mayoritario, con más de 24.000 personas, seguido por los 23.400 llegados de Sudamérica. Por su parte, Burgos, con más de 25.000 inmigrantes acogidos, y Valladolid, con más de 24.000, se sitúan a la cabeza en cuanto a población inmigrante, seguidas de León y Segovia.

El trabajo es una de las principales demandas que comparte el colectivo inmigrante. Por ello, Guillermo José Aldana, de El Salvador, recordó que la inmigracion se presenta como «una de las soluciones más efectivas contra el problema de envejecimiento de la población» y pidió la implicacion de este colectivo en los procesos de toma de decisiones y de participación social para así poder «reclamar y promover empleo sin prejuicios y sin discriminación», acabar con la segregación ocupacional, y solicitar procesos de homologación y equivalencia de titulaciones «más accesibles».

También desde un punto de vista laboral, Maryna Honchar, de Ucrania, reclamó a los partidos que forman parte del arco parlamentario que asuman la importancia del colectivo de personas inmigrantes y refugiadas para Castilla y León, donde aseguró que se puede «seguir aportando» como se ha venido haciendo en los últimos 15 años. Por ello se pidió «especial atención» a las normas que facilitan a este colectivo el acceso al mercado laboral, las que tienen que ver con la homologación de títulos o medidas que mejoren las posibilidades de inserción laboral como parte integradora y favorecedora de cohesión y de inclusión social.

Sin duda, otra de las necesidades pasa por la convivencia y la integración social. Hasatou Jalow, de Gambia pidió «una mirada integral» de la inmigración basada en aspectos como el control de flujos, la identidad o la integración. En una comunidad marcada por el envejecimiento de su población, Jalow propuso un Plan de Ciudadanía e Integración en los diferentes ayuntamientos de la comunidad, donde se tenga en cuenta a este colectivo y sus necesidades, además de que el migrante sea considerado «un ser humano con unos derechos inalienables, independientemente de su estatus jurídico», dijo.

En materia sanitaria, se lamentó de la amplia burocracia que se necesita para poder tener derecho a esa asistencia, por lo que solicitaron que se retire el requisito de contar con la documentación del país de origen en la que se acredite que la persona no tiene derecho a asistencia sufragada por su país de procedencia. Con ello se podría contar con una asistencia «que nos proteja a nosotros y a la sociedad en general, de enfermedades que puedan constituir riesgo para todos», aseguró Ina Mendes, de Senegal.

Desde la Fundación Cauce, Aida Habbaz, de Marruecos, lamentó que también en España se estén desarrollando «prácticas contrarias a los Derechos Humanos» que van desde la exlusión sanitaria del colectivo de las personas migrantes en situación administrativa irregular a las devoluciones de personas que arriesgan su vida. Habbaz solicitó el establecimiento de salvaguardias que aseguren a las personas migrantes, en situación irregular que sean víctimas de delitos, qu epuedan hacer valer sus derechos y denunciar los mismos ante autoridades competentes, prestar testimonio ante los tribunales y acceder a la justicia «de forma efectiva» y sin el riesgo de que sus datos «vayan a ser compartidos con las autoridades dedicadas al control migratorio».

Y aunque estimaron que las situaciones de precariedad y vulnerabilidad «no deberían existir en la sociedad de Castilla y León», lamentaron su existencia. Por ello, desde Cáritas, Marioly Margarita Reyes, de Venezuela, pidió «medidas ágiles» que faciliten la combinación entre rentas salariales y prestaciones dado que la incorporación de muchos inmigrantes al mercado laboral es «lenta» y en ocasiones «temporal y a tiempo parcial».

Y la vivienda también para el colectivo inmigrante se presenta como una enorme dificultad, como trasladó desde Red Incola Ghizlane Darkaou, de Marruecos, quien reclamó el trabajo de las entidades públicas para facilitar el acceso y mantenimiento de una vivienda digna, e intervengan para garantizar un sistema «justo» de alquiler, una bolsa de vivienda pública «suficiente y adaptada a las necesidades y disponibilidad de servicios» porque encontrar una vivienda se ha convertido en «un reto complejo y frustrante».