El inicio de la coalición PP-Vox en Castilla y León en cinco retos de gestión

Es el caso de las listas de espera sanitarias o la garantía de la atención presencial en los consultorios rurales y la sobrecarga de pacientes de centros de salud urbanos. A lo anterior se sumará en el ámbito educativo la ampliación de la gratuidad a la etapa de 0 a 3 años, la resurrección, en campaña electoral, del controvertido cheque bebé (lo percibe igual quien tiene pocos ingresos que quien vive con una renta holgada) o la plasmación de medidas de inversión y fomento del empleo para atajar desequilibrios históricos y de reactivación económica. Aquí encaja la crisis que vive el campo.

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Antonio G. Encinas

A esos retos se suma la incógnita de conocer hasta dónde permitirán los populares que cale la ideología de Vox en la gestión de la Junta, con conceptos como el de violencia intrafamiliar que busca anular al de violencia de género, el de adoctrinamiento en las aulas o la promoción de una «inmigración ordenada».

A partir de este escenario, un análisis sobre la puesta en marcha de la etapa PP-Vox en cinco retos de gestión.

La Junta funciona en ese momento sin cuentas aprobadas. El Gobierno en funciones tuvo que hacer una modificación presupuestaria la semana pasada para poder afrontar los gastos de la ayuda a Ucrania y recrecer la partida de ayudas al alquiler de ese ejercicio. Esas tramitaciones suponen demoras. Aplicadas a obras, programas o ayudas implica falta de agilidad en la respuesta. Será una de las primeras tareas para el Gabinete presidido por Mañueco y vicepresidido por Juan García-Gallardo.

El PP planteó en campaña la recuperación de presupuesto que había elaborado con Cs y que iba a votarse el 22 de diciembre en las Cortes. Dos días antes, Mañueco apretó el botón electoral. Esas cuentas ascendían a 12.835 millones de euros. Todo el reparto de partidas lo dirigían los objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito social, económico y medioambiental de la Agenda 2030, un documento contra el que arremete Vox abiertamente. Si el nuevo socio impone una reelaboración profunda de las cuentas, el proyecto presupuestario demorará su entrada en las Cortes. Luego hay una tramitación de al menos dos meses hasta su votación y aprobación. Estamos ya en abril y la falta de presupuesto resta diligencia a la gestión.

El calendario electoral se cierra con la conformación del nuevo Gobierno, ahora de PP y Vox, y la reforma aplazada de la Atención Primaria en Castilla y León sigue ahí, pendiente, con el reto de garantizar personal médico y de enfermería de forma presencial en los consultorios rurales y 'humanizar' los cupos de tarjetas de centros de salud urbanos con profesionales sobrecargados de pacientes.

A ello se suman las listas de espera, que han aumentado durante una pandemia que también sigue ahí, atenuada, pero presente. Los hospitales de Castilla y León atienden a alrededor de 250 pacientes contagiados de covid-19, de los que 19 están en situación de grave riesgo en la UCI. Esa gestión pasa ahora en el PP, tras dos años y medio largos en los que ese 'marrón' lo asumió Ciudadanos.

El estreno del Ejecutivo coaligado del PP y Vox coincide con el arranque de la escolarización gratuita de niños de 2 a 3 años. Una ampliación que ha levantado ampollas entre la comunidad educativa de la Escuela Pública. La razón es que Alfonso Fernández Mañueco lo anunció en verano y su Gobierno ha articulado la entrada de esos niños en la Educación Infantil principalmente ampliando los conciertos con los colegios privados que tenían guarderías de pago que proporcionaban puntos en el proceso de escolarización del segundo ciclo de Infantil, a partir de los tres años. Los colegios de Educación Infantil y Primaria públicos quedan excluidos de esta nueva etapa y gana ventaja la concertada que se sostiene con fondos públicos.

La agricultura y la ganadería servirán al Ejecutivo autonómico, a dúo y por separado, para hacer oposición al Gobierno de la nación, pero los profesionales del sector exigirán también medidas efectivas en Castilla y León que concreten el «carácter esencial de la actividad agrícola y ganadera» que recoge el pacto de gobierno de PP y Vox. Otra incógnita es qué ocurrirá con el modelo de ordenación del territorio en el medio rural. El que dejó Juan Vicente Herrera no culminó. Y la 'reforma' de Francisco Igea, tampoco. Los nuevos socios prometen planes de «inversión, fomento y desarrollo» para promover «el equilibrio territorial entre todas las provincias». La despoblación, la ralentización económica y el desempleo se ceban con el oeste de la comunidad (León, Zamora, Salamanca y Ávila) y con Soria.

La promesa estrella de la campaña de Alfonso Fernández Mañueco fue el cheque bebé de 1.500 euros de media por recién nacido. La medida no es nueva. Juan Vicente Herrera ya implantó un cheque bebé en 2002 y José Luis Rodríguez Zapatero promovió otro nacional en su etapa en La Moncloa. Es una medida controvertida porque cobra el dinero público todo el mundo, con independencia de sus ingresos. Suma a lo anterior el cuestionamiento de su efectividad por parte de los expertos. Es una iniciativa orientada a incentivar la natalidad, que encaja en el programa de Vox, cuyos dirigentes han sido por contra muy combativos en sus mítines con todo aquello que suene a políticas que impulsan la «corresponsabilidad familiar» desde el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres. En el PP se suman ya a la fórmula de Vox y emplean ahora la expresión «entre hombres y mujeres». En este ámbito será clave conocer el alcance de la Ley de Violencia Intrafamiliar que Vox ha impuesto al PP y si Fernández Mañueco logra salvar la reforma de la Ley de Lucha contra la Violencia de Género que su consejera de Familia ultimaba en diciembre.