Las infracciones por consumo o tenencia de drogas en lugares públicos se disparan más de un 32% en la comunidad

Las sanciones relacionadas con las drogas suponen casi siete de cada diez multas impuestas por la llamada 'Ley Mordaza'. En total, el pasado año se impusieron en la Comunidad 13.633 multas al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana, un 16,1 % más que en 2017, de las que 8.948 estuvieron relacionadas con las drogas, ya que además del consumo o tenencia ilícita también se tramitaron 51 multas por plantaciones o cultivos de drogas en terrazas.

En total, la recaudación de las sanciones superó los 7,9 millones de euros, un 38,1 % más que de los 5,7 procedieron de infracciones de drogas.

Después de las drogas, el mayor número de sanciones estuvo relacionada con las armas, ya que la ley, en su artículo 36.10, castiga con falta grave llevar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de modo negligente, temerario o intimidatorio, aún cuando se tuviera licencia. Por este motivo se tramitaron 1.403 sanciones (10,3 % del total), buena parte por portar navajas en espacios públicos. En total, por hechos relacionados con la tenencia de armas y explosivos se interpusieron 1.675 sanciones, 302 menos que en 2016, por las que el Estado recaudó algo más de 997.000 euros.

La tercera infracción más común son la falta de respeto a los agentes y el pasado año se tramitaron 1.521, el 11,1 % del total. El artículo 37.4 estable como sanción leve las falta de respeto y consideración a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, mientras que por resistencia o desobediencia a la autoridad (artículo 36.6), considerado como falta grave, se interpusieron 811 multas (5,9 %).

Antes de la entrada en vigor de esta ley, la falta de respeto a los agentes se sancionaba por la vía penal. En este apartado, buena parte de los expedientes se tramitan por los insultos proferidos por conductores a los agentes de la DGT y las policías locales cuando son multados.

Por provincias, Valladolid se situó a la cabeza con 3.241 infracciones y un montante de 1,8 millones de euros, por delante de Salamanca, con 2.359 (1,3 millones euros), Burgos, con 1.990 multas (1,1 millones de euros), León, donde se emitieron 1.419 multas (830.832 euros ) y Segovia, con 1.403 (748.414 euros).

Por el contrario, Soria se situó a la cola con 424 sanciones, cuyo montante sumó 218.865 euros, seguida de Palencia, con 845 multas (487.402 euros); Zamora, con 849 (606.242 euros), y Ávila, con 1.103 (574.150 euros).

El procedimiento administrativo de estas sanciones se inicia cuando las subdelegaciones de Gobierno reciben las denuncias por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Entonces se instruye un expediente que suele acabar en una resolución de sanción. Al igual que las multas de tráfico, si la sanción se paga de forma voluntaria, la cuantía de la multa se reduce a la mitad y el proceso se da por finalizado.

No obstante, el presunto infractor tiene un plazo de quince días para presentar alegaciones y pruebas, lo que generará un nuevo proceso de resolución, e incluso puede acudir a la vía judicial.

A nivel nacional, la proporción de las sanciones fue similar, ya que el 68,5 % de las 229.932 multas impuestas (157.694) se debió a la tenencia ilícita de drogas; el 10,2 % a uso indebido de armas (23.677); mientras que las sanciones por seguridad ciudadana, 48.561, suponen el 21,1 %.