El PP ha incorporado enmiendas leonesistas y de Por Ávila en los cuatro últimos presupuestos autonómicos

Un chantaje de apoyos por privilegios aplicado a enmiendas que impulsan dotaciones e infraestructuras en Ávila, convertida en una suerte de nueva Cataluña o nuevo País Vasco a nivel autonómico. Esa es la línea roja que ha servido de hilo para hilvanar el traje con el que se ha vestido la disolución de las Cortes y el adelanto electoral. Supone una novedad en la negociación de los últimos cuatro proyectos presupuestarios.

La incorporación de proyectos de ámbito provincial ha sido carta común en los tres presupuestos de la última legislatura de Juan Vicente Herrera y en el que está vigente, impulsado por la coalición que preside Alfonso Fernández Mañueco y vicepresidía, hasta el lunes, Francisco Igea, y que se prorrogará en 2022. Este último recibió el voto favorable del procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, tras la incorporación de una enmienda para reformar el Mercado de Abastos abulense (1 millón de euros) y otra para la construcción de un helipuerto en el hospital (250.000 euros). PP y Cs tenían entonces 41 procuradores y no requerían el apoyo de Por Ávila para aprobar las cuentas.

Pero la inclusión de enmiendas impulsadas por partidos de ámbito local se produjo también en los tres presupuestos de la legislatura final de Juan Vicente Herrera (2016, 2017 y 2018), durante la que eran procuradores Fernández Mañueco y los consejeros Carlos Fernández Carriedo, Ángel Ibáñez e Isabel Blanco. El PP incorporó propuestas de UPL. El centro de salud de El Ejido y el Conservatorio de Música fueron dos de ellas. Luis Mariano Santos, procurador de UPL, cifra el montante de esas propuestas en 6 ó 7 millones, «pero que han movilizado inversiones por alrededor de 40, puesto que se impulsan obras que continúan en varios años». UPL se abstuvo en la aprobación de esos proyectos presupuestarios, que el PP ya tenía pactados con los cinco procuradores que entonces sentaba Ciudadanos en el hemiciclo.

Pero es que las enmiendas del grupo naranja concentraban las inversiones en León, Salamanca y Ávila. Eran las provincias de sus procuradores, que coinciden en el mapa autonómico con el oeste regional, la franja con menor actividad económica y menor renta de la comunidad. La demanda histórica del instituto de Villaquilambre o del centro de salud de esta localidad o el incremento de la obra del hospital de Salamanca figuran entre el listado de enmiendas firmadas por Cs en esa etapa.

PP y Cs pusieron en marcha esta legislatura una comisión paritaria para evaluar el cumplimiento del pacto y solucionar conflictos, formada por Raúl de la Hoz, Francisco Vázquez y Carlos Fernández Carriedo por el PP y David Castaño, Miguel Ángel González y José Miguel García por Cs. Ahí encajaría la polémica suscitada con el presupuesto, pero la última vez que se reunió fue en septiembre, cuando los populares rompieron la unidad de voto de los coaligados y respaldaron una iniciativa del PSOE que era contraria a la reforma sanitaria que impulsaba en la propia Junta la consejera Verónica Casado. En ese caso y en otro en el que el PP votó 'no' a una proposición del Cs sobre el Poder Judicial, son las dos únicas votaciones en las que se ha quebrado la unidad de voto de la coalición de Gobierno recién finiquitada.