«No importa la calidad en los comedores escolares, solo el precio»

La organización de padres y madres, al igual que el sindicato UGT, se hace eco de los rumores que sitúan a la empresa Serunion como «posible concesionaria del contrato de comedores en cinco de las nueve provincias de la Comunidad (Zamora, Segovia, Ávila, Palencia y Valladolid). Esta empresa está siendo investigada por la presencia de gusanos en los menús servidos en el hospital de León. «Todo este 'ruido' -lamenta Alegre- solo sirve para dejar la alimentación de nuestros niños en manos de grandes empresas que gestionan a la baja con una línea de alimentación fría, industrializada y cocinados hace más de 10 días».

Confapacal lleva años luchando para evitar el cierre de comedores 'in situ' en los centros y que no sean sustituidos por cadenas industriales. De hecho, la Comisión de Comedores de esta organización entregó un informe de 30 folios a la Consejería en 2020 con propuestas para la mejora de los pliegos de contratación. «Lo metieron en un cajón y hasta hoy. Mientras, la calidad sigue bajando, con menús escasos y malos», denuncia Soledad Alegre.

Un documento hecho público este martes por Confapacal acusa a la Junta de «es el precio lo que más pesa para la entrega de comedores», mientras «no importa ni la calidad de los alimentos, ni la formación del personal o la necesidad de productos frescos, cercanos, de temporada y realizados el mismo día».

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT denunció en septiembre las irregularidades de los procesos de adjudicación de estos comedores ante el Procurador del Común. Tras su investigación, éste último concluye que los pliegos de condiciones para contratar estos comedores escolares «no contemplaban esta oferta y, por tanto, tampoco las condiciones adaptadas al alumnado infantil».

El sindicato advertía de que el curso escolar se había iniciado con los nuevos comensales del primer ciclo (2-3 años) a pesar de que no existe normativa para ello ni se recogía en los pliegos de licitación. Ante estas quejas, la Junta argumentó el 13 de octubre (el curso llevaba más de un mes en marcha) que la tramitación se estaba haciendo «a través de un procedimiento restringido» y que seguía en «fase de evaluación de ofertas». Y justificaba sus retrasos en «una serie de incidencias que han impedido que la adjudicación fuera formalizada antes del inicio del curso escolar».

Unas incidencias que Educación no explica pero que le llevaron a «optar por mantener a las mismas empresas que ya estaban prestando el servicio en cada uno de los centros educativos». En todo caso, fuentes de este departamento insisten en que esta situación «no ha supuesto en ningún momento inconvenientes para los usuarios, que están recibiendo el servicio con total garantía». También asegura la Junta que, en los casos en los que ya se han adjudicado estas contratas, «se ha llevado con total transparencia, estando disponible toda la información en el perfil del contratante».

En todo caso, estos argumentos no convencen al departamento de Tomás Quintana que reclama a la Administración que «adopte las medidas necesarias (...) para que no tengan efectos negativos para los usuarios del servicio de comedor escolar».