La Iglesia devolverá medio millar de bienes inmatriculados en Castilla y León

Sobre este trabajo se anunció ayer un acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la cúpula eclesial por el que un millar de estas propiedades volverán a sus anteriores propietarios al haberse acreditado su errónea inmatriculación. Aunque no se ha facilitado su listado, fuentes de la institución calculan que unas 450 de esas devoluciones están en Castilla y León. Estas cerca de 35.000 propiedades fueron registradas gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por el Gobierno de José María Aznar entre 1998 y 2015.

Salvo algunas ermitas, iglesias e incluso varios seminarios, predominan en el largo informe eclesial (186 folios con todo tipo de apuntes y notas) las viviendas, fincas rústicas y algún colegio, así como conventos y residencias de órdenes religiosas.

No figuran ninguno de los grandes templos, incluidas catedrales como la de Córdoba o Sevilla, que suscitaron en su día una fuerte polémica con los Ayuntamientos implicados. En todo caso, la Iglesia devolverá esas propiedades mal registradas a su nombre después de aplicar a destajo una ley aprobada en el primer Ejecutivo de José María Aznar. De ellos, 20.014 eran templos o dependencias complementarias y 14.947 eran fincas con otros usos (terrenos, solares, viviendas, locales; y hasta un frontón).

De ese casi millar de supuestas propiedades, ahora la Iglesia ha certificado que «pertenecen a un tercero o no le consta titularidad». Este listado de bienes será enviado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para que los distribuya a las entidades locales para que identifiquen a sus titulares.

El acuerdo se dio a conocer tras la reunión mantenida ayer entre el presidente de la CEE, Juan José Omella, y el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que visitó por primera vez la sede de la Conferencia Episcopal. Ambas parte crearon una comisión que ha acelerado desde agosto sus contactos y trabajos para ir despejando el complejo galimatías registral que aún está sobre la mesa.

Este sistema de registro se prolongó durante 17 años. En 2017 el PSOE promovió en el Congreso una proposición no de ley en la que instaba al Ejecutivo de Mariano Rajoy a hacer un listado de las inmatriculaciones para incluirlas en un registro que posteriormente debería ser enviado a la Cámara baja.

Aunque los precedentes de las inmatriculaciones de la Iglesia se remontan a la Ley Hipotecaria de 1946 que ya autorizaba a la Iglesia a registrar inmuebles con solo la firma del obispo. Las disposiciones auspiciadas por el Ejecutivo de Aznar ampliaban esta potestad a lugares que no fueran de culto.

Castilla y León acumula la mayor cifra de disputas porque también es, con gran diferencia, la región con más patrimonio religioso: algo más de 10.200 de esas 35.000 que hay en España, están en la comunidad. Fuentes de los arzobispados insisten en que la Iglesia «no quiere quedarse con nada que no sea suyo y si alguien tiene un título de propiedad, que lo presente».

Consulta aquí el informe completo 'Bienes Inmuebles Inmatriculados por el artº 206 de la Ley Hipotecaria. 1998-2015'

El reparto de situaciones conflictivas es muy desigual. Así, Valladolid es uno de los arzobispados españoles con menos problemas. Apenas 9 de las 117 propiedades sobre las que tiene título figuran en alguna situación no regularizada. La mayor cifra (cinco casos) son por la existencia de otros titulares o por dudas de adquirientes. Entre esos inmuebles figuran dos ermitas de Medina del Campo (San roque y el amparo) y la propiedad de los terrenos que ocupa la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Laguna de Duero.

Del resto de la región destaca por su litigiosidad el obispado de Osma-Soria, donde hay 182 registros en duda de los 1.564 que figuran en nombre de esta diócesis. Ávila también sufre una cifra elevada, ya que el 15% de las propiedades a su nombre (99 de un total de 696) tienen diferentes problemas legales. Burgos (1.864 títulos, 58 en litigio) y León (1.297 y 96 pendientes de revisión) también están entre los más complejos del país.

Los obispados se comprometen a «descender a la letra pequeña». Tras clasificar cada defecto en un capítulo distinto, los más habituales son las dudas registrales por la falta de datos (331 en la comunidad) o la existencia de otros títulos (245).