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Igea pide al Estado la intervención jurídica contra la contratación de médicos sin especialidadEl procurador por Valladolid en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, ha remitido un nuevo escrito a la ministra de Sanidad, Mónica García, para solicitarle «la intervención de los servicios jurídicos del ministerio para poner fin a este dislate que está poniendo en ... juego la calidad de nuestra Atención Primaria». Pide así en esta carta el que fuera vicepresidente de la Junta con Ciudadanos suprimir una resolución de Sacyl que este procurador estima ilegal y lesiva para los intereses de los facultativos que sí han realizado la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria en España vía MIR.
Espera así Igea lograr frenar una contratación que ya suma 235 profesionales al frente de consultas de Primaria o Urgencias; lo que supone casi una décima parte de los 2.480 profesionales médicos que hay en Atención Primaria en Castilla y León. Y las necesidades anunciadas por la propia Consejería de Sanidad son las de alcanzar los trescientos graduados para cubrir las carencias asistenciales de este primer nivel.
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Asimismo, Francisco Igea, ha remitido a las Cortes tres preguntas por escrito en el mismo documento a este respecto. Reclama así a la Junta información sobre si ha recibido el informe de la Abogacía del Estado, ratificado por la Abogacía General, en el que se concluye la necesidad de la titulación reconocida para ejercer en estas consultas. Tal informe concluye que «el ejercicio de las actividades asistenciales propias de las personas tituladas en Medicina o personas con el título homologado o reconocido precisan además de un título de especialista, que en este caso corresponde al de Medicina familiar y Comunitaria», recoge el escrito.
Pregunta asimismo Igea que si, de no haberlo recibido, piensa solicitarlo y, por último, si la Junta va a suspender la resolución de Sacyl por la que se aprueba la contratación de profesionales médicos sin titulación de especialista, con fecha 8 de octubre de 2023.
El consejero del ramo, Alejandro Vázquez, ya declaró esta semana que respeta el informe de la Abogacía del Estado pero «yo estoy en mi papel de garantizar la asistencia».
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