Igea rehará totalmente la polémica ley autonómica de protección a funcionarios que alerten de prácticas corruptas

El vicepresidente, portavoz de la Junta y consejero de Transparencia, Francisco Igea, avanzó en las Cortes el pasado 9 de septiembre su intención de «reforzar la protección a los informantes», tras reconocer que la ley en vigor no había resultado eficaz, reconocimiento que suponía una revisión en toda al papel que Cs jugó en su aprobación, al apoyar al PP el 26 de octubre de 2016.

Ese anuncio de sustanció ayer, tras la apertura de un trámite de consulta en el espacio Gobierno Abierto para elaborar una nueva ley con el objetivo de regular la tramitación de las denuncias sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública e incumplimiento del Código Ético y de Austeridad de los Altos Cargos, para lo que se establecerán «los derechos y garantías de los denunciantes».

No será una simple reforma legal. Esta norma liquidará la que está en vigor y que presenta el magro balance de una denuncia en tres años, según confirman desde la Consejería de Transparencia, donde declinan dar detalles del contenido. Esa alerta sí dio lugar a una información reservada que tramitó la Inspección General de Servicios de la Junta y cuyo resultado se comunicó al Procurador del Común.

«Se considera conveniente profundizar en los mecanismos de protección de aquellos empleados públicos que presenten denuncias en este ámbito, para lo que resulta necesario aumentar la confianza de los denunciantes mediante el reconocimiento de mayores derechos y garantías», recoge el texto que abre el trámite de consultas hasta el próximo día 30. El departamento que dirige Francisco Igea abunda en la «necesidad y oportunidad» de la aprobación de otra ley de protección de los informantes para «impulsar», entre los empleados públicos, «una cultura de responsabilidad en la lucha contra aquellas conductas reprochables dentro de la Administración». Un impulso que debe ir acompañado «de la protección necesaria que garantice la indemnidad en sus puestos de trabajo».

¿La ley en vigor no recogía ese objetivo de blindaje de los funcionarios denunciantes? En principio sí, pero el texto remitido a las Cortes por el entonces consejero de la Presidencia y hoy concejal del PP en Valladolid, José Antonio de Santiago-Juárez, incluyó la catalogación como falta grave de una información «sin fundamento», que no pudiera probarse como cierta. Esa posibilidad de sancionar motivó el llamamiento de los representantes de los empleados públicos a los grupos de la oposición para que votaran en contra de una norma que rebautizaron como «ley mordaza». Los más beligerantes fueron la plataforma Pladepu, formada por empleados públicos de la comunidad.

Incluso Cs batalló durante la tramitación parlamentaria por eliminar la posibilidad de que una alerta acabara en una sanción al alertante. «Lo que no puede hacer esta ley es constituirse en una amenaza al funcionario con faltas graves que socavan la garantía de protección», expresó el día antes de la votación Manuel Mitadiel, entonces procurador naranja y hoy gerente regional de Salud.

El empate a 42 procuradores que había la legislatura pasada entre el PP y el conjunto de los grupos de oposición obligó a los populares a negociar hasta el último minuto. Desactivaron el 'no' de Cs incorporando al artículo 3.5 que establece «la presentación de una información sin fundamento» como falta grave, el matiz de que esta falta de base sea «manifiesta», graduación que dependerá de la valoración de quien analice la 'intensidad' de esa falta de fundament0 ante la tramitación de un expediente por falta grave.

Fue el propio portavoz de Cs, Luis Fuentes, quien defendió el voto a favor en esa sesión: «Si esta noche los corruptos duermen un poco más nerviosos y los empleados públicos denunciantes de esta corrupción un poco más tranquilos, mis compañeros del grupo parlamentario y yo mismo no nos sentiremos importantes, pero sí tremendamente útiles», recoge el Diario de Sesiones. Votaron en contra los procuradores de PSOE, Podemos, IU y UPL.