Castilla y León pide una desescalada por zonas y con financiación suficiente

La desescalada tiene dos vertientes, la social y la económica. La de volver a saludar a los amigos y la de poder hacerlo en el bar de siempre si para entonces ha conseguido sortear el palo financiero. Así que Francisco Igea, que al cargo de vicepresidente de la Junta y consejero y a su profesión de médico les añade ahora el de miembro del comité de expertos autonómico y nacional, tuvo en cuenta las dos ayer, cuando salió a explicar los acuerdos de un Consejo de Gobierno que se interpreta casi exclusivamente en clave coronavirus. Todas las medidas económicas que se han aglutinado en un decreto ley guardan relación directa con la alerta sanitaria.

Tiene que ser así si se entiende, dice Igea, que el Gobierno ha aportado hasta ahora 35 millones de euros a la Comunidad, lo que no llega ni para cubrir «los 50 millones que la Consejería de Sanidad ha tenido que invertir en material». Menos si se recuerda, como lo hizo, que de aquellos 144 millones que se reclamaban del IVA nunca más se supo, y que el Gobierno, además, detrajo otros 80 millones que estaban destinados en Castilla y León para formación y empleo y los dedicó a la pandemia, que consume recursos con una voracidad implacable.

Así que habrá que desescalarse de la crisis sanitaria y adaptarse a los tiempos de crisis económica todo de golpe. Por eso Igea reclamó, antes que nada, financiación. «Vamos a tener un decrecimiento del PIB del 8%», calculó el Igea vicepresidente de la Junta. «Eso supone una merma de ingresos y va a depender de la financiación que nos llegue por parte del Gobierno y de la Unión Europea. Pedimos que haya un fondo finalista para financiar esta crisis, que sea una contabilidad aparte para poder afrontar este reto con seguridad. La deuda está creciendo porque no solo no se nos da financiación suplementaria sino que se nos está restando en mitad de una crisis que está incrementando el gasto».

El otro Igea, el que participó el miércoles en la primera reunión del comité de expertos que debe trazar la estrategia para volver a la normalidad, arrojó todas sus incertidumbres y prevenciones sobre la mesa. «El problema no son las fechas», dijo. «El problema son las condiciones, las tasas de infección, de prevalencia, los recursos. Si no hacemos esto viviremos nuevos episodios de nuevos brotes y confinamientos y no resolveremos el problema».

En Suiza, donde el Gobierno contabiliza 26.487 casos confirmados y 1.271 muertos, se han atrevido a fijar ya un día de vuelta atrás. El 27 de abril. Entonces volverá a abrir las peluquerías, los fisioterapeutas y algunos comercios, aunque con medidas de prevención para trabajadores y clientes, según 'Swissinfo.ch'.

La segunda fase del país helvético podría fijarse para el 11 de mayo, con colegios, tiendas y mercados de regreso a la actividad.

Y el 8 de junio les tocaría el turno a las universidades, quizá museos y bibliotecas...

Y todo eso con interrogantes, porque este virus demuestra que el mundo, respecto a él, es socrático: solo sabe que no sabe nada.

¿Qué le dice eso a España? Pues simplemente que aún queda mucho. Tanto como eso o, probablemente, más. Porque los suizos llevan dos días estables después de siete de descenso continuado en nuevos positivos. Porque registran 225 diarios, algo que no les ocurría desde el 10 de marzo.

Es más. Según Francisco Igea no es que haya posibilidades de rebrote de la enfermedad. Es que se cuenta con que los va a haber, aunque se confía en poder acotarlos como se hizo, al principio de la alerta, con el confinamiento exprés de Miranda de Ebro.

Ese es el motivo, por ejemplo, por el que tener las UCI extendidas al 65% no implica que se vayan a empezar a reducir a su tamaño habitual, esas 166 camas con las que contaba la región antes de la pandemia y que se han triplicado hasta las 529. Del mismo modo, tampoco se van a desmontar los hospitales de campaña. Ni se van a ocupar de inmediato las plantas de hospital que se han empleado para ingresar exclusivamente a pacientes Covid y que empiezan a recobrar la normalidad.

El rebrote acecha. «Nadie entendería que hubiera un rebrote provocado por una precipitación o estrategia errónea», señaló Igea. Y por eso es preciso contar, antes de que pueda llegar a producirse, con los medios de protección, espacios hospitalarios, UCI y test diagnósticos adecuados.

Y Castilla y León, para empezar, está situado en el mapa junto al foco principal de la enfermedad en España, Madrid. No es una cuestión de territorialismos. Densidad de población, aeropuerto internacional, transporte público con gran afluencia, dos estaciones de alta velocidad conectadas con toda España... Alrededor de Madrid, la mancha que refleja los casos confirmados se oscurece.

Así que Francisco Igea llevó al comité de expertos su idea de que la desescalada sea geográfica. Puso de ejemplo Menorca. Una isla. Si no hay casos nuevos en quince días, y se mantienen cerradas las comunicaciones desde fuera, ¿por qué esperar al resto? Puede recuperar una cierta normalidad que ayude a paliar los efectos económicos. Claro, que si el territorio sin casos es Valladolid, ¿cómo se limita entonces la movilidad? «Eso es lo que nos preocupa, por eso hemos pedido mayor control sobre movimientos de la población, transportes y carreteras. La segmentación geográfica de las medidas obliga a un mayor control de los desplazamientos», dijo. En Castilla y León aún se recuerda, y no se quiere volver a ello, ese primer fin de semana con la alerta en ciernes en el que Segovia y Ávila se llenaron de visitantes. Curiosamente, dos de los grandes focos de la pandemia en la región.