Igea afirma que Familia ha iniciado los trámites para dar los datos de fallecidos en residencias

Igea declaró que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ya ha iniciado el procedimiento para dar cumplimiento al dictamen del Comisionado para la Transparencia, que en la comunidad lo ejerce el Procurador del Común, que avala, entre otros hechos, que se faciliten los datos sobre cuántas personas mayores y en qué residencias privadas han fallecido a causa del corona virus desde el estallido de la pandemia. El vicepresidente aseguró que la propia titular de Familia, Isabel Blanco, ya ha indicado las instrucciones para «retrotraerse de manera inmediata» a los momentos en los que se pidieron estos datos.

Hasta ahora la consejera había negado facilitar esta información acogiéndose a la Ley de Protección de Datos, primero, y posteriormente, a varios informes, primero de los servicios jurídicos de la Junta y después a otros, como el emitido por la Abogacía del Estado. La Consejería se consideraba solo «custodia» de los datos, de forma que no podía dar esa información a no ser que los titulares de esas residencias privadas lo autorizaran expresamente a los solicitantes.

La Consejería sí facilita estos datos de las residencias de mayores y centros de discapacidad y pisos tutelados de titularidad pública directa, pero son tan solo 25 de los 1.240 centros de mayores y discapacidad de Castilla y León. Son más de 200 en los que se han producido muertes como consecuencia de la pandemia. Blanco se amparaba en un informe de los servicios jurídicos de la Junta e Igea puntualizó ayer que la propia Abogacía del Estado ratificaba las conclusiones de los servicios autonómicos, que justificaban la negativa en la protección al derecho a la propia imagen y al honor de las empresas, entendido este como el prestigio de las propietarias de los centros. Asimismo, el informe de los servicios jurídicos indicaba que era necesaria la autorización de los titulares de dichas residencias, extremo que el dictamen de el comisionado cuestiona a la hora de defender el derecho de acceso a la información sobre las cifras de víctimas mortales en las residencias privadas.

El número dos del Ejecutivo regional ha hecho hincapié en que a partir de ahora «hay que acatar la decisión el comisionado». Por lo tanto, «hay que retrotraerse y volver a solicitar la opinión, que no la autorización, de dichos centros», en alusión a la petición de los datos que hasta ahora Familia se ha negado a proporcionar.