Iberdrola garantiza las fianzas millonarias de los tres exdirectivos encausados en la trama eólica

La Audiencia de Valladolid rechazó en su día reducir las fianzas impuestas a dos de estos altos ejecutivos de la multinacional de la energía. A la espera de que se resuelva su recurso, Ricardo Bravo Sayas fue director de Ibercyl en los años del reparto de la tarta eólica en Castilla y León y tenía línea directa con Tomás Villanueva, entonces todopoderoso consejero de Economía de la Junta de Castilla y León. Se le considera por la Fiscalía uno de los artífices del acuerdo marco que habría permitido beneficiar a empresas amigas del Ejecutivo del PP; Pedro Barriuso era el director de Renovables de Iberdrola y en razón de su cargo, indico el tribunal en respuesta a su recurso, «tuvo en su mano no aprobar o impedir el cohecho» en relación a los acuerdos para «favorecer a terceros». Respecto de Rafael Icaza de la Sota, que según sostiene su letrado, se limitó a «firmar» los acuerdos con San Cayetano, el auto de la Audiencia indica que su participación sirvió para «facilitar la decisión de Rafael Delgado (principal encausado y entonces viceconsejero y mano derecha de Tomás Villanueva) de colocar la participación de los hermanos Esgueva (principales beneficiarios de la trama, según la acusación pública) en los parques que estuvieran más avanzados en la planificación y la obtención de una prima». El acuerdo entre San Cayetano e Ibercyl «era un artificio cuya finalidad era permitir que los Esgueva obtuvieran una importante suma de dinero sin realizar ninguna actividad a cambio», se indicaba en el auto desestimatorio de los recursos.

Con fecha del 1 de septiembre, las defensas de estos excargos de Iberdrola han presentado en el Juzgado de Instrucción 4 las garantías corporativas por las que la compañía garantiza el pago de las millonarias fianzas. Iberdrola Renovables «garantiza de forma incondicional e irrevocable en concepto de garantía personar corporativa» a Ricardo Sayas, Pedro Barriuso y Rafael Icaza de la Sota y asume la «obligación solidaria de pago derivada de la multa impuesta tras la apertura de juicio oral» en noviembre de 2021. Esta garantía se entrega «para responder y garantizar el íntegro y puntual cumplimiento del pago de la multa impuesta por el juzgado», 130 millones de euros a cada uno de los tres encausados.

Estas fianzas son para asumir el pago de cualquier responsabilidad pecuniaria a la que pudiesen resultar condenados en sentencia firme. Esta garantía puede ser ejecutada «parcialmente y cuantas veces fuese necesario» hasta el importe máximo.

La Fiscalía Anticorrupción imputa por la trama eólica a 16 ex altos cargos de la Junta y empresarios, que se enfrentan a penas que suman más de 138 años de cárcel y 848 millones en multas por delitos de corrupción.