Los hospitales privados temen por su futuro ante la incertidumbre por los pagos de Sacyl

Puestos a disposición de las autoridades sanitarias, y en función de sus espacios y especialidades y unidades específicas, han ido recibiendo pacientes de Sacyl, la mayoría para cirugía no demorables; pero también ingresos, paliativos e, incluso, servicios completos, incluido algunos profesionales. Castilla y León no ha empleado sus instalaciones, a diferencia de otras comunidades, para pacientes infectados sino para liberar espacios de los complejos asistenciales públicos; lo que ha permitido a Sacyl incrementar camas de ingreso y de UCI en la pública para acoger la avalancha de personas con coronavirus.

Hasta la fecha, el sector asistencial privado desconoce los criterios y la cuantía de cómo la Junta les va a pagar dos cuestiones clave. Por una parte, el coste de cada cirugía realizada a la pública, dado que los conciertos habituales en la mayoría de los casos son cerrados por un determinado número de intervenciones de ciertas características –se escapan de esto los cuidados paliativos– y han sido adjudicados tras un concurso público. Unos precios no trasladables además porque las intervenciones que realizan en la actualidad no solo son más complejas, con material más caro, como por ejemplo las prótesis, sino que no son programadas y siempre tienen carácter urgente, lo que encarece el proceso asistencial. Además, en la mayoría se emplea un personal mixto, los cirujanos de Sacyl y el resto, del hospital privado.

Son 207 los ingresos o cirugías que ha acogido la privada en Valladolid. El Clínico ha derivado 41 pacientes y el Río Hortega, 102. ElBenito Menni ha llegado a asumir 64.

Por otro lado, los ingresos de estos centros se han desplomado. Su actividad privada habitual – 75% de los seguros de salud, alrededor del 10% por consultas puramente privadas y otro 15% por conciertos públicos– no existe salvo en los contadísimos casos de urgencias –que, al igual que en la pública, han bajado considerablemente por la situación de alarma sanitaria– y, por lo tanto, sus cuentas están más que en la cuerda floja. Menos actividad, pero los hospitales están abiertos y con todo su personal preparado para cualquier posible incidencia. Los datos del sector apuntan así a que la actividad global de hospitales y clínicas privadas han bajado un 80%. Los primeros más, solo realizan en torno al 30% habitual de actividad y las consultas y clínicas más pequeñas y especializadas prácticamente están cerradas, solo algunas de Odontología, Fisioterapia o Ginecología mantienen cierta actividad, pero ha bajado al 10%.

El sector privado reconoce que la situación es grave y con una marcada incertidumbre de cuándo y cómo tendrán ingresos; aunque, destacan que el comportamiento de los seguros sanitarios es solidario y que han anticipado los ingresos de la actividad que tendrá que desarrollare posteriormente, calculado conforme a los datos de meses precedentes.

La situación es especialmente crítica en algunos hospitales que reconocen estar al borde de la quiebra y otros grupos más potentes aguantan mejor la situación. Y es común a toda España, ningún gobierno autonómico ha dado un paso al frente. No obstante, todo apunta a que, en ese calendario de desescalada a medio plazo, será este tipo de profesiones las que primero recuperen cierta normalidad. Desde la asociación ASPE, que engloba al 80% del sector privado español, se advierte que «en este momento, se mantienen el 100% de las estructuras en funcionamiento, pero sin actividad de ingresos principal, lo que puede originar repercusiones en su sostenimiento presente y futuro en muchos casos».

«Ante esta dramática situación», ASPE ha solicitado al Gobierno, a través del Ministerio de Industria, que ponga en marcha «medidas urgentes destinadas a poder hacer frente al enorme desgaste en recursos, sin recibir ni plantear en ningún momento contraprestación alguna, para hacer frente al mantenimiento de la actividad en un sector estratégico clave para luchar contra la pandemia».

Para Carlos Rus, presidente de ASPE, «abogamos por el mantenimiento del empleo y de la plena capacidad productiva y necesitamos medidas urgentes que permitan la viabilidad financiera de los hospitales y clínicas privadas ante una grave crisis de liquidez, poniendo en peligro la continuidad de muchos hospitales». Líneas de avales, de liquidez, de financiación, créditos blandos, reducción del IVA, subvenciones para compras o ayudas directas son parte de la batería de propuestas del sector.