Hay margen de ahorro en el gasto que los grandes hospitales de Castilla y León efectúan en servicios no sanitarios, pero imprescindibles para garantizar la actividad médica, como son la lavandería, limpieza, seguridad, vestuarios, suministros de energía eléctrica, gas o agua o comidas ... y productos alimenticios, reparaciones y mantenimiento.
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Así se deduce del informe que acaba de publicar el Consejo de Cuentas de Castilla y León, que ha analizado el gasto no sanitario de los grandes hospitales de la comunidad (los complejos asistenciales de Salamanca, León y Burgos y los dos centros de Valladolid capital, el Río Hortega y el Clínico), en el que se recomienda a los responsables del Gobierno autonómico que amplíen la contratación centralizada para lograr un único proveedor para todos los centros o promuevan acuerdos con varias empresas para adjudicar servicios o suministros de forma homogénea y acabar con la disparidad de precios o condiciones que se detecta en esta auditoría. El estudio haya diferencias significativas de consumo de agua o electricidad (por metro cuadrado construido) entre hospitales. Incluso hay variaciones en el gasto en lencería y vestuario, por ingresos y estancias hospitalarias.
El montante presupuestario que los hospitales destinan a este tipo de servicios no es menor. Los cuatro centros analizados que son de gestión pública directa por parte de Sacyl (todos menos el de Burgos) sumaron una factura de 6.128 millones de euros para estos gastos de funcionamiento entre 2013 y 2017. El Consejo de Cuentas refleja en su informe que de la contabilidad de la Junta es imposible obtener los datos del montante que emplea en estos gastos el Hospital de Burgos, donde la mayor parte de estos servicios los presta la empresa concesionaria que construyó y equipó el edificio y que recibe un canon anual de la Junta por todo ello (edificación, equipamiento y gestión de servicios) que ha ascendido a 400 millones de euros en los cuatro años analizados.
Esa imposibilidad de acceder a datos oficiales sobre el coste real que supone la prestación de esos servicios por parte de Eficanza, sociedad concesionaria del Hospital de Burgos, impide conocer si la relación coste/beneficio de esa gestión privada es más o menos ventajosa que la prestación pública directa desde Sacyl. Los técnicos del Consejo de Cuentas no han podido incorporar el hospital burgalés al estudio comparado que han efectuado con los otros cuatro centros. Es imposible una visión de conjunto de estos gastos. «La Gerencia Regional de Salud debería obtener información de la sociedad concesionaria del NHBU (Hospital de Burgos) relativa a los diferentes gastos de funcionamiento no sanitarios para así poder efectuar análisis comparativos y homogéneos entre los diferentes hospitales», remarca la nota resumen que acompaña al informe oficial de Consejo de Cuentas.
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Además de intensificar la compra centralizada, incluso sumándose a adquisiciones conjuntas con otras comunidades «a través de la central de contratación de la Administración del Estado», el Consejo de Cuentas recomienda a la Consejería de Sanidad que elabore planes de eficiencia energética, que incluyan auditorías «con propuestas debidamente fundamentadas, justificadas y valoradas, de cara a conseguir una mayor racionalización del uso y aprovechamiento energético de las instalaciones de los edificios».
El estudio comparado de los gastos de estos servicios y la evolución del incremento de los mismos entre 2013 y 2017 pone de manifiesto el mayor coste en instalaciones antiguas pendientes de renovación. Los dos centros menos eficientes son el Complejo Asistencial del Salamanca y el Clínico de Valladolid. «El Consejo de Cuentas recomienda la renovación de instalaciones y equipos de cara a su optimización y al ahorro energético», concluye el informe respecto a estos dos hospitales. El salmantino, que ha estado inmerso en una reforma integral que arrastraba una demora de más de una década, estrena en estos momentos instalaciones. En centro vallisoletano vive una situación calcada, con una rehabilitación integral que lleva un ritmo mucho más lento del comprometido inicialmente por la Junta.
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Los especialistas del Consejo de Cuentas exponen la necesidad de que los gestores sanitarios implanten un sistema de indicadores para controlar los recursos económicos, en elevada cuantía, que se destinan a este tipo de servicios en los cuatros hospitales analizado de gestión pública directa. «No consta que existan actuaciones o instrumentos que posibiliten un seguimiento continuado de la aplicación de los recursos destinados a gastos no sanitarios de funcionamiento y que posibiliten la optimización de esos recursos disponibles y su mejora», refleja el informe.
Ni la Consejería de Sanidad ni la Gerencia Regional de Salud ni los gerentes hospitalarios han presentado alegaciones a un informe que se extiende a lo largo de 98 páginas.
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