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Los hogares mantienen a raya su endeudamiento ante el auge de los microcréditos rápidosEl saldo vivo de los créditos contraídos por los hogares y empresas de la comunidad se ha situado en el primer trimestre de 2023 en mínimos de veinte años. En concreto, los 39.106,28 millones a los que asciende el endeudamiento del sector privado ... son la cifra más baja desde los 37.910 millones de 2004. Los castellanos y leoneses han reducido su dependencia del crédito el 2,12% con respecto a hace un año y el 1,66% frente al último tramo de 2022.
Con este punto de partida, las entidades bancarias ya han endurecido las exigencias para aprobar sus créditos, lo que insufla de protagonismo adicional a los minicréditos o créditos rápidos que pueden conseguirse en los establecimientos financieros de crédito sin los requerimientos de los bancos. Un tipo de financiación en el que los intereses pueden dejar las cuentas del cliente en peor estado que antes.
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Ángel Blanco Escalona
Los datos del Banco de España ponen de manifiesto que los hogares de la comunidad tienen más dinero ahorrado en depósitos del que adeudan por los créditos contraídos desde el año 2012. El saldo crediticio de los residentes en Castilla y León (excluidas las administraciones públicas) alcanzó su pico en diciembre de 2008 con una inversión de 74.666 millones de euros. Cuatro años después, esta cantidad había retrocedido hasta los 60.609 millones y dos años más tarde, en junio de 2014, a 50.399 millones. En septiembre de 2018 seguía su senda correctora hasta los 40.406 millones, cifra que registró un repunte durante lo peor de la pandemia y que ahora cae a mínimos de 19 años.
Castilla y León es, dentro del panorama autonómico, la región en la que sus ciudadanos tienen contraídos menos créditos con respecto a si nivel de ahorro en depósitos bancarios. Frente a los 77.970 millones en cuentas, tienen prestados a hogares, empresas y administraciones 44.020 millones en créditos, es decir el 56,4%. Esta tasa, que supera el 100% en Baleares y Murcia, es superior al 60% en todas las comunidades salvo Castilla y León.
La última Encuesta de Préstamos Bancarios del Banco de España revela que, en el primer trimestre de 2023, los criterios de concesión de préstamos y, especialmente, las condiciones generales aplicadas a los nuevos préstamos se habrían endurecido de forma generalizada por cuarto trimestre consecutivo. «En el caso de los criterios de concesión, el endurecimiento en la financiación a empresas habría sido más moderado de lo que las entidades anticipaban hace tres meses, mientras que en el crédito a hogares habría sido algo más intenso», explica el instituto emisor.
La disminución de la oferta de crédito respondería al aumento de los riesgos percibidos por las entidades y a una menor tolerancia a los mismos, vinculada al deterioro de las perspectivas macroeconómicas y de solvencia de los prestatarios, así como al incremento de los costes de financiación. En línea con esta evolución de la oferta, el porcentaje de solicitudes rechazadas aumenta en todas las modalidades.
En un momento en que la situación financiera de las familias es susceptible de empeorar como consecuencia de la subida de los tipos de interés y la aún elevada inflación en algunos ámbitos, las asociaciones de usuarios alertan de que ha aumentado el riesgo de contratar productos en ocasiones inadecuados, como los minicréditos rápidos, cuyo coste se ha duplicado y puede llegar ahora hasta el 185.000%.
«Acudir a este tipo de financiación puede verse animado por la dificultad de acceso a préstamos convencionales y tarjetas de crédito, así como la falta de ahorro», explica Antonio Luis Gallardo, experto que ha colaborado en la elaboración del IV Barómetro de Minicréditos de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin). «A menudo no puede hacerse frente a imprevistos y ésta es precisamente una de las finalidades principales de la contratación de este tipo de productos».
Asufin ha comprobado cómo el coste de los minicréditos a corto plazo, a siete días, se ha disparado pasando de una TAE media (precio real de los intereses, más las comisiones) del 70.386%, en 2022, a casi el triple, al 185.011%, este año. El tipo de interés medio de los créditos a medio plazo, de 30 días, baja ligeramente del 3.350% al 3.243%, este año.
«Con todo, el peligro de estos productos aflora con el impago, algo muy frecuente en la medida es que se trata de créditos otorgados muchas veces sin el debido estudio de solvencia del cliente», advierten. Los intereses de demora pueden alcanzar diarios de entre el 1% y el 1,40%, que en algunos casos pueden dispararse hasta el 14.816,40% TAE.
«La multiplicación de costes es enorme y supone el caldo de cultivo para que surjan empresas de recobro o la venta o endoso de deudas infladas a otras compañías, generando indefensión del cliente», según han constatado.
Un préstamo de 300 euros, que ha generado hasta 105 euros de interés en un mes, puede elevarse, seis meses después si no se paga, a 4.946,37 euros; es decir, en siete meses, multiplica su coste en 16,7 veces, según un ejemplo de la asociación de usuarios. Otro ejemplo de minicrédito de 50 euros a devolver en siete días, si no se paga en seis meses, se convierten en 727,50 euros, 14,5 veces más. Y si el impago se alarga a un año, los 50 euros se convierten en 9.525 euros, 190 veces más.
Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) admiten que llevan tiempo «advirtiendo del peligro que supone acudir a alguna de las muchas empresas de préstamos rápidos que han proliferado». «Ofrecen créditos de muy pequeñas cuantías, no más de 600 euros, pero detrás de tantas facilidades se esconden unas condiciones desaconsejables y abusivas».
Con la normativa actual, los consumidores tienen que acudir a los tribunales para que se declare abusivo un tipo de interés. Las empresas que conceden estos microcréditos y préstamos rápidos no son entidades de crédito y no están sujetas a la supervisión del Banco de España, alerta la OCU, que reclama una normativa que establezca a partir de qué tipo de interés debe considerarse que una operación de crédito tiene carácter usurario.
Aunque la industria de micropréstamos no cuenta con un marco normativo, existen diferentes leyes que regulan aspectos de este sector. Según explican desde la Asociación Española de Micropréstamos, sus asociados siguen un código «con requisitos básicos en relación con la comercialización de micropréstamos, la información a suministrar al cliente y la evaluación de solvencia». El código recoge principios y pautas para el cobro de deudas y el tratamiento de clientes con dificultades económicas que «obligan a las entidades contar con políticas y procedimientos para tratar con los clientes que se atrasan en el pago de una forma razonable, la posibilidad de aceptar propuestas de pagos y la suspensión temporal del cobro de la deuda cuando se negocie un plan de amortización.» El código dispone que el cliente debe contar con información de la compañía, el producto que obtiene y la legislación aplicable, con «información transparente y honesta, de acuerdo con lo establecido en la Ley de contratos de crédito al consumo» para «generar así un clima de mayor confianza y poder seguir ayudando al creciente número de usuarios». En cualquier caso, recuerdan también que en España «no existe una fijación de límites máximos en cualquier tipo de crédito» y que una sentencia (de 2013 de la Audiencia de Barcelona) establece que «en un mercado libre y competitivo nada impide acudir a cualquiera otra fuente y forma de financiación si el precio y condiciones de esta no le interesaran».
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