Historiadores de Castilla y León firman un manifiesto para pedir que se retire la ley de concordia

Los académicos consideran que el cambio en la legislación tiene como «claro propósito» un retroceso en las políticas de memoria democrática, que «se han ido abriendo paso con demasiada lentitud. Aún más si cabe en Castilla y León, siendo, según los firmantes, una de las últimas comunidades en legislar sobre la materia y en prestar apoyo a las asociaciones de familiares de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura, encargadas de hacer las exhumaciones durante las últimas décadas «sin ayuda institucional alguna».

Así el mundo universitario se une al rechazo de las asociaciones memorialistas y del Gobierno de España, que ya ha anunciado una especial vigilancia y acciones en los tribunales para frenar el proyecto legislativo. «Por nuestra parte, como investigadores y estudiosos de la historia contemporánea de España, señalamos nuestras discrepancias con la citada proposición de ley, que apela a un supuesto «rigor histórico» y un «criterio científico» que, en nuestra opinión, brillan por su ausencia», sentencia el texto, firmado por personal de la universidades de Valladolid, Salamanca, León o Burgos, entre otras.

Entre los motivos del rechazo a esta legislación está la equiparación del periodo histórico entre 1931 y 1936, con la Guerra Civil y la Dictadura, ya que, si bien reconoce que no existe «un relato totalmente consensuado entre los historiadores» sobre la Segunda República, consideran que hay un amplio entendimiento en el mundo académico sobre que fue «un régimen democrático con alternancia política», cuya normalidad «se rompió» con las sublevación militar y la posterior dictadura instalada durante 40 años: «Integrar los años de la II República en el mismo periodo de la Guerra civil, la Dictadura franquista y la primera transición, sugiriendo una continuidad homogénea en cuanto a conflictos, persecuciones y violencias, resulta altamente distorsionador de la realidad histórica».

Los firmantes cuantifican en 16.000 las víctimas mortales de la represión franquista, una cifra que no permite asumir «que no se de una atención prioritaria» a las víctimas y sus familiares, desatendidas durante décadas, mientras que los asesinados del bando sublevado «recibieron ayudas y atención memorial desde las instituciones desde el primer momento».

El manifiesto presentado pone también el foco en el artículo número cuatro del proyecto de ley, que limita la difusión de las personas involucradas en el proceso de recuperación, victimas, verdugos o familiares, lo que consideran que impide «el conocimiento de los hechos históricos, el derecho a la verdad y a la libertad de investigación».

Así mismo los académicos rechazan la creación de una Comisión de exhumaciones, que excluye a las asociaciones de memoria histórica y a las universidades, entre otros estamentos, a las que ahora «se les otorgaba una función consultiva», y otorga «todas las competencias a altos funcionarios de la Junta y a dos representantes de municipios». Impidiendo así la participación de las mismas en una pretendida concordia, «imposible de lograr» si no se ejerce y «sólo se legisla sobre ella», convirtiéndola en «una expresión vacía de contenido que conduce al olvido de las víctimas y de los orígenes de la Dictadura».

La declaración, que finaliza exigiendo la retirada del proyecto de ley, pide en su lugar que se alcance un consenso «entre cuantos compartimos valores democráticos» amparado en la Constitución.