La guerra de las mascarillas altera en Castilla y León un regreso al trabajo que alerta a los médicos

La foto es poderosa por simbólica. Por el letrero de «Salida de emergencia» en el ventanal, junto a la mujer con mascarilla azul. Porque la lluvia lo emborrona todo y lo entristece. Porque al fondo se adivinan paraguas, y eso quiere decir gente en un paisaje hecho al vacío desde hace 30 días. Porque en los ojos de la mujer se adivina preocupación. Es, en realidad, la misma expresión de doscientos mil trabajadores que este lunes, en Castilla y León, podían volver al trabajo. Quienes aún lo tengan.

Hubo, sí, mascarillas para ellos. Repartidas por policías, guardias civiles o voluntarios de Protección Civil. Mascarillas que llegaron el domingo en cajas fotografiadas por la propia Delegación del Gobierno, para que quedara constancia. 500.000. Y que se suman, se supone, a los 2,5 millones que el Gobierno asegura que ha hecho llegar a Castilla y León. Además, insiste, de otros materiales como batas, gafas, buzos, geles...

Lo que ocurre es que en esta situación en la que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, asegura que no intervienen los colores políticos, sino solo el interés por el bien común y la salida de la pandemia, la Junta insiste en que de eso, nada. Que el material que ha llegado desde Ingesa (Instituto Nacional para la Gestión Sanitaria) son 700.000 unidades y que eso, en el total de lo que se ha distribuido, apenas representa un 5%. Que el 95% lo ha comprado Castilla y León. «Tenemos ya en Castilla y León el 70% de todo lo que hemos comprado y el 30% restante nos llega en tres aviones que aterrizarán esta semana. En total llevamos compradas 18 millones de unidades de equipos de protección», señaló. «De Ingesa hemos dado salida a 700.000 unidades, lo que representa que nosotros hemos comprado el 95% del material e Ingesa nos ha trasladado el 5%», dijo Casado.

No es una guerra propia de Castilla y León. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, socialista, se lamentaba de que las mascarillas que le había hecho llegar la Xunta de Feijóo, popular, estaban caducadas. Y claro, así no iba a repartirlas, «sin criterio técnico» que le autorizara a distribuir 14.000 mascarillas marchitas desde 2014, como si fueran el bote raro que vive al fondo de la nevera.

Y el Ministerio de Sanidad, que nones. Que han enviado a Castilla y León 2,59 millones de mascarillas en un mes. Un 6,7% del total de toda España. Y más material, añade. Aunque no lo detalla, si el reparto se ha hecho con la misma proporcionalidad, la región debería haber recibido en torno a 1,5 millones de guantes. 11.000 gafas protectoras. 19.000 batas desechables, 18.000 buzos y 17.500 geles hidroalcohólicos.

Las cifras no cuadran.

Así que, por más que se diga que la batalla no es política, sí lo es. Decía Francisco Igea, vicepresidente de la Junta e integrante de ese comité de expertos nonato, ya que sigue sin ser convocado a reunión alguna: «A ver cómo lo explico. Al coronavirus no le mata el antifascismo, ni el himno nacional, ni el feminismo, ni Alvise, ni Artal, ni ... Al coronavirus le mata la higiene, el aislamiento rápido de los contactos, un sistema de trazabilidad efectivo, unas UCI sin colapsar...». Criterios sanitarios. Justo después del retuit de un artículo que dice que «Sánchez intenta salvar la economía y su legislatura», escrito por un diputado de Ciudadanos.

Así que hay política. Por supuesto. Y junto a ella, o a veces de frente, hay criterios sanitarios, opiniones de expertos. Unos, los que esgrime el presidente del Gobierno para decretar este estado de alarma algo más flexible que el anterior. Expertos que para la oposición no existen porque, es obvio, no coinciden con los suyos. Y hay otros, los médicos, los sanitarios, que expresan sus dudas y, por encima de todas ellas, su temor. Porque un repunte, con un sistema agotado tras una prueba de estrés inacabable, sería terrorífico.

«[Los datos de hoy] nos permiten confirmar que hemos superado ya la primera fase de la epidemia, alcanzar el pico», se congratulaba el ministro de Sanidad, Salvador Illa. A continuación insistía en que esto no es «una desescalada», aunque en cierto modo lo es, al menos laboral y económicamente, y se remitía a que las decisiones se sguirán tomando «en base a la evidencia de los expertos».

No serán los del Colegio de Médicos de Castilla y León, claro. Estos rubricaron el domingo, día 12, un escrito en el que hablan del «desescalado de las medidas de confinamiento» y consideran que «atienden más a intereses económicos que a los propios de la salud de los ciudadanos». Recuerdan, por ejemplo, que «el aumento del riesgo de transmisión comunitaria de la enfermedad por pacientes asintomáticos pone en riesgo la salud pública» del país. Y concluyen: «Aún no se ha hecho público ningún informe de expertos que avale la oportunidad de desescalar el confinamiento en este momento».

A la guerra de las mascarillas se une, por tanto, la guerra de los expertos. Y la única certeza de lo que puede suponer acertar o errar la dibujó a modo de vaticinio Verónica Casado, médico al fin: «En siete o diez días esperemos no encontrarnos con un repunte».