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César Gómez-Barthe, citado como testigo por el juez de instrucción número 2 de Salamanca en la causa que investiga una supuesta financiación irregular del PP de Castilla y León, ha remitido a El Norte desde un despacho de abogados un burofax en el ... que requiere a este medio de comunicación que cese «de inmediato» en la «actitud» de mencionarlo en las informaciones relacionadas con la citada investigación judicial. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Salamanca estimó el pasado 8 de abril el recurso interpuesto por el Foro de Izquierda-Los Verdes contra el archivo decretado por el Juzgado de Instrucción número 2 de esta ciudad en el caso de la investigación de las primarias del PP que enfrentaron a Alfonso Fernández Mañueco con Antonio Silván y que ganó el primero. En el escrito de Gómez-Barthe indica que las publicaciones de El Norte de Castilla han provocado una cascada de otras idénticas o similares en otros medios, «insistiendo en asociar a Gómez-Barthe con las conductas investigadas, aun teniendo certeza de su sola condición de testigo y, por ende, ajeno a toda eventual responsabilidad en la investigación». Anuncia además que estudia «el ejercicio de acciones legales en defensa legítima de sus derechos e intereses».
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Gómez-Barthe es citado en las informaciones por su condición de testigo –decisión adoptada por el magistrado juez Juan Rollán García, quien le tomará declaración el 31 de julio, en una providencia del 26 de junio– y, muy particularmente, porque forma parte de la directiva del PP de Salamanca como secretario de coordinación de grupos institucionales. En el pasado ocupó otros cargos en el partido, como el de secretario general de Nuevas Generaciones del PP en Salamanca y coordinador del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Salamanca. Fue también candidato a procurador en las Cortes y formó parte de la lista electoral que encabezaba Mañueco.
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El artículo 20 de la Constitución Española reconoce el derecho «a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión» y añade, en su punto 2, que «el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa».
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